La UE ha acordado este miércoles crear un sistema comunitario de clasificación, o taxonomía, para facilitará a empresarios e inversores un lenguaje común para identificar qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles.
En la actualidad, no existe un sistema de clasificación común, ni a escala comunitaria ni global que defina qué actividades económicas son medioambientalmente sostenibles. La regulación propuesta por los Estados miembros en el Consejo de la UE pretende dos objetivos: reducir la fragmentación resultante de las iniciativas del mercado y las prácticas nacionales; y reducir el lavado ecológico –vender productos financieros como verdes cuando no cumplen estándares medioambientales.
Así, la posición de la UE se centra en seis aspectos ambientales: la mitigación del cambio climático; la adaptación a él; uso sostenible y protección de recursos marinos y acuáticos; transición a una economía circular, incluido el reciclado y reducción de residuos; control y reducción de la contaminación; y protección y recuperación de ecosistemas.
Para calificar una actividad económica como ambientalmente sostenible, debe cumplir los siguientes requisitos: contribuir sustancialmente a, al menos, uno de los seis objetivos anteriores; no perjudicar ninguno de los objetivos ambientales; cumplir un mínimo de salvaguardas sociales y de gobernanza; y cumplir con criterios técnicos de evaluación.
Así, la Comisión Europea tendrá que establecer una clasificación definiendo “criterios técnicos de evaluación” para cada objetivo medioambiental relevante. La Comisión, además, según los Estados miembros, debe estará asesorada por un grupo técnico de expertos, una Plataforma de finanzas sostenibles, encargada de aconsejar y desarrollar los criterios técnicos de evaluación y analizar su impacto en términos de costes y beneficios potenciales de su aplicación. El Ejecutivo comunitario también será asesorado por un grupo de expertos de los Estados miembros.
De acuerdo con lo decidido por el Consejo de la UE, la taxonomía debería estar definida para finales de 2021 y así entrar en vigor completamente a finales de 2022.