La UE rebaja la ley que obliga a las multinacionales a cumplir los derechos humanos para lograr el 'sí' de Francia e Italia

La UE ha rebajado la ambición de la ley con la que pretende poner coto a los abusos medioambientales y las vulneraciones de los derechos humanos de las multinacionales, sobre todo en terceros países, para conseguir sacarla adelante ante el bloqueo de Alemania, Francia e Italia. La directiva de 'diligencia debida' se ha descafeinado en el último trámite para conseguir el 'sí' de Francia e Italia y que saliera adelante con mayoría simple ante la abstención de nueve países, entre ellos Alemania. Ahora la Eurocámara tendrá que dar el visto bueno al texto, que se ha reformulado respecto al acuerdo que alcanzó con la Comisión Europea y el Consejo de la UE, y que ha decepcionado a las ONG.

El espíritu de la ley es que las multinacionales sean responsables del impacto de sus actividades tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos y les impone obligaciones para que minimicen los riesgos bajo pena de multas de hasta el 5% de su volumen de negocio por incumplimientos relativos al trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la deforestación, entre otras.

Retraso en la aplicación

La declaración de intenciones ha quedado finalmente descafeinada. La aplicación de la normativa se hará de manera gradual, empezando por las compañías que tengan más de 5.000 empleados hasta el año 2029, según fuentes conocedoras del texto final. Además, se rebaja el umbral a partir del cual las compañías estarán sometidas a la directiva: sólo tendrá efecto para aquellas empresas con más de mil trabajadores y a partir de 450 millones de euros de facturación anual. El plan inicial era más ambicioso: que tuviera efectos sobre las sociedades con más de 500 empleados y un volumen de negocio de 150 millones de euros.

Eso significa que la norma afectará a alrededor de 5.500 empresas europeas frente a las 17.000 que inicialmente iban a estar sometidas a esa regulación, según los cálculos de Oxfam. A pesar de lo que el responsable de justicia económica de la organización, Marc-Olivier Herman, considera un “duro golpe”, celebra que se hayan superado las presiones de la patronal europea. “Por muy grave que sea, no podemos dejar pasar esta oportunidad de poner fin a los abusos de las empresas. Todas las miradas se dirigen ahora a los parlamentarios de la UE. No pueden mantener esta ley como rehén y deben aprobarla lo antes posible. Retrasarla más sólo invita a más sabotajes”, señala en un comunicado.

El bloqueo de la normativa hace un par de semanas supuso un jarro de agua fría para las fuerzas progresistas de la Eurocámara y la presidencia belga, a la que corresponde pilotar las negociaciones, intensificó los contactos para intentar salvar la ley en el último momento dado que la legislatura finaliza en apenas un mes. Entre los cambios, también se eliminan las especificidades a los sectores de riesgo.

Los socialdemócratas han celebrado el acuerdo bajo la premisa de que será “la primera legislación del mundo que obligará a las empresas, tanto dentro como fuera de la UE, a responsabilizarse del impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus filiales y cadenas de valor”. “Acogemos con satisfacción la noticia de que los Estados miembros han desbloqueado finalmente una legislación innovadora para que las empresas rindan cuentas por los daños causados a las personas y al planeta”, señala Lara Wolters, la ponente parlamentaria de la norma.

También Los Verdes critican al Consejo de la UE, que de nuevo ha reabierto un acuerdo ya alcanzado con la Comisión y el Parlamento Europeo previamente, y señalan directamente al “sabotaje” de los liberales en el Gobierno alemán y a países como Francia, Italia o Finlandia. A pesar de que admiten que el contenido ha quedado diluido, aseguran que el núcleo de la norma queda “intacto”. “Los beneficiarios de la directiva serán los millones de personas en situación de esclavitud moderna y otras víctimas de la negligencia y los abusos de las empresas. Las empresas responsables también se beneficiarán de la igualdad de condiciones y las empresas se comprometerán por fin más en la lucha contra el cambio climático”, afirma la eurodiputada Heidi Hautala.