Un plan B. Una fórmula para que haya plan de recuperación sorteando el veto y el bloqueo de Hungría y Polonia, que han tomado como rehén los fondos de reconstrucción y los presupuestos de la UE para 2021-2027 a cuenta del mecanismo que condiciona el dinero comunitario al cumplimiento del Estado de Derecho.
La situación está estancada, el Gobierno de Angela Merkel, presidenta de turno de la UE, está negociando con Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki pero, de momento, no se avista una solución que desbloquee el problema en la próxima cumbre de líderes de la UE el 10 y 11 de diciembre.
Ante ese panorama, el Ejecutivo comunitario está trabajando en una propuesta alternativa, que permita habilitar fondos de recuperación a partir de la segunda mitad de 2021 por medio de un acuerdo entre gobiernos que deje al margen a Hungría y Polonia ante la estrechez de los plazos.
Según los calendarios preestablecidos, el próximo lunes tendría que haber un acuerdo cerrado para los presupuestos, sancionado en el Consejo Europeo del 10-11 de diciembre y, posteriormente en el pleno del Parlamento Europeo para su entrada en vigor el 1 de enero. En ese presupuesto 2021-2027 se imbrica el fondo de recuperación de 750.000 millones, los nuevos impuestos para el repago de la deuda emitida para financiar el plan de recuperación y el aumento de los techos de gasto de una operación de 1,8 billones de euros.
Pero todo ese castillo de naipes cogido con alfileres está a punto de desplomarse, y el escenario en el que ya trabaja el Ejecutivo comunitario tiene dos vías.
Una, reglamentaria, que pasa por presentar una propuesta de presupuesto basada en el que había para 2016-2020, contando con un contribuyente menos –Reino Unido– y con una caída del PIB en 2020 en la UE próxima al 10%, lo que llevaría a un presupuesto no ya sin el techo de gasto extraordinario previsto para el periodo 2021-2027, sino aún menor que en el anterior periodo en alrededor de 30.000 millones de euros. Y, como el dinero se prioriza para partidas comprometidas pasadas y no están previstas las nuevas partidas, habrá programas sociales que se encuentren muy menguados o que ni existirán –cohesión, erasmus, transición justa, compensaciones o rebates para los países ricos que aportan más...–. La última vez que se prorrogó el presupuesto fue en 1988, una fórmula que pasa prácticamente por una regla de tres del presupuesto plurianual anterior aplicado a un ejercicio. “Es esencialmente una continuación en servicios”, explican fuentes de la Comisión Europea: “En lo que respecta a Erasmus, el problema es que normalmente se trata de un programa que se paga durante el año en el que viaja el estudiante. Y si no hay acuerdo, en un presupuesto para 2021, no podemos comprometer fondos para los estudiantes y el Erasmus se detendría de inmediato”.
Sin embargo, sí que podrían adoptarse nuevos desembolsos previstos en el primer pilar de la PAC (ayudas directas para agricultores y ganaderos), el programa de ayuda humanitaria, la política de Exteriores y Seguridad Común o el mecanismo de protección civil RescUE.
Y, por otro lado, la Comisión Europea trabaja en un plan B –por medio de un acuerdo de cooperación reforzada o del aporte de garantías nacionales a través de un acuerdo intergubernamental como es el MEDE– para el fondo de recuperación “a 25 o 24”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario que aún dudan sobre la posición de Eslovenia, que mostró su solidaridad con las posiciones de Hungría y Polonia. “Habría que rediseñar el fondo”, afirman en Bruselas: “La opción del acuerdo intergubernamental implicaría reinventar todo, lo que lleva tiempo, y ante la ausencia de recursos propios de la UE, la deuda ampliaría la deuda de los Estados, lo cual podría ser poco atractivo. Hay varias sugerencias y soluciones, creemos que se pueden buscar, pero el escenario central es resolver el problema a 27 en la próxima semana. En todo caso, se trataría de idear una especie de puente hasta que termine de cerrarse el acuerdo a 27”.
“Algunos colegas han sugerido una solución de cooperación reforzada en la que los Estados aporten garantías que en el futuro serían devueltas cuando haya un acuerdo a 27”, explican en la Comisión Europea: “También puede haber otras soluciones. Pero lo que estoy diciendo hoy es que estamos bastante seguros de que se pueden encontrar y poner en práctica estas soluciones rápidamente. No hemos tomado una decisión final sobre cuál debería llevarse adelante, y nuestro escenario central es que resolvamos este asunto a 27 durante la próxima semana más o menos”.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sin embargo, se ha mostrado este miércoles reacio a la idea del plan B y ha pedido más esfuerzos a Merkel para convencer a Orbán.
La Comisión Europea avisa de que, aun en el caso de que se llegara ya a un acuerdo con Polonia y Hungría para que levanten su veto, “queda pendiente que la decisión de recursos propios [nuevos impuestos] sea ratificada por los parlamentos nacionales. Eso llevará un tiempo. Y el canal bajo el cual desembolsaremos el dinero es el mecanismo de recuperación y resiliencia para el cual los planes nacionales deben ser aprobados por el Consejo [los gobiernos]. Entonces, en el escenario prioritario, estamos mirando, de manera realista a desembolsos significativos a partir de junio. Y en el escenario alternativo, creo que podríamos permanecer en gran medida dentro de esa línea de tiempo, pero, obviamente, depende de la formulación exacta y del proceso de toma de decisiones del próximo año, y aquí entramos en un período de considerable incertidumbre”.
Este lunes se reunieron en Varsovia los primeros ministros Mateusz Morawiecki y Viktor Orbán para ratificar su chantaje diez días antes de la cumbre europea del 10 y 11 de diciembre, y reiteraron su intención de vetar los presupuestos europeos si se mantiene la cláusula que vincula la adjudicación de fondos al respeto a los principios del estado de derecho.
El portavoz del Gobierno polaco, Pitro Müller, dijo tras la reunión entre Morawiecki y Orban que la propuesta que está sobre la mesa es “incompatible con los tratados europeos”, y aseguró que “cada vez hay más comprensión de otros países ante la postura de Varsovia y Budapest” y que “están a la espera de nuevas propuestas en línea con los tratados”.
Los Estados miembros de la UE no alcanzaron la unanimidad sobre el presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 y las decisiones sobre el fondo de recuperación.
Polonia y Hungría plantearon objeciones al reglamento que vincula el acceso a los fondos de la UE con el estado de derecho. En una reunión de embajadores de la UE, el reglamento fue adoptado por una mayoría cualificada de Estados miembros.
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