UGT pide reducir la semana laboral a 35 horas en esta legislatura
Llega el nuevo curso político y UGT ha celebrado su habitual rueda de prensa sobre las prioridades del sindicato, este año marcado por la incertidumbre hasta la formación del próximo Gobierno. El líder de la organización, Pepe Álvarez, ha explicado algunas de las medidas que el sindicato defenderá durante la legislatura, como la reducción de la semana máxima de trabajo de las 40 alas 35 horas y el aumento del salario mínimo a 1.200 euros al mes, entre otras.
España lleva cuatro décadas sin tocar la duración de la jornada laboral, “desde la Ley de Almunia de 1984”, ha recordado Pepe Álvarez, que rebajó el máximo semanal de las 44 horas hasta las 40 horas actuales en el Estatuto de los Trabajadores. Si se distribuyen en los habituales cinco días de trabajo a la semana, ocho horas diarias.
El líder de UGT ha argumentado que ya ha llegado el momento de reducir esta cifra, tras décadas de avances tecnológicos y de “mejoras de la productividad”, y ha propuesto la cifra de 35 horas semanales. En cinco días de trabajo, supondría restar una hora de jornada diaria. El sindicato ha defendido la reducción horaria sin merma del salario, “como ocurrió en el 84”, con una rebaja de cuatro horas que no implicó una disminución de los sueldos.
Álvarez ha defendido que con este máximo general para todos los trabajadores hay más opciones de discutir en el ámbito de la negociación colectiva, entre patronal y sindicatos de sectores y empresas concretas, las 32 horas semanales. Una referencia que el sindicato ha defendido de la mano de la propuesta de la jornada laboral de cuatro días a la semana.
El líder de UGT ha afirmado que será una cuestión que los sindicatos negocien con el próximo Ejecutivo, para el que ve con pocas opciones a Alberto Núñez Feijóo tras estas semanas de negociaciones. En el otro ala del Parlamento, y con la posibilidad de que se reedite un nuevo Gobierno de coalición, Sumar sí ha hecho bandera de la reducción de la jornada de trabajo como una de las líneas prioritarias de su programa.
Pepe Álvarez también ha advertido sobre el aumento de las bajas de trabajadores por salud mental, que se han duplicado desde 2016, como publicó este medio. “Es evidente que la nueva forma de trabajar genera estrés y gravísimos problemas de salud”, ha alertado el dirigente sindical, que ha emplazado a analizar las cargas y ritmos de trabajo y a reforzar el sistema público de salud ante este aumento de las patologías.
Salario mínimo a 1.200 euros al mes
El sindicato también trabajará para que se siga subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI), que Pepe Álvarez ha sostenido que “debe llegar al 60% del salario medio”. Aunque se supone que esa meta ya se había alcanzado este año, según la comisión de expertos del Gobierno, el líder de UGT ha considerado que no es así.
Álvarez ha argumentado que la mejor referencia para medir los salarios y la media nacional son los datos de la Agencia Tributaria y no el estudio de la comisión de expertos. Con esta referencia, el salario medio estaría situado en “los 28.301 euros anuales” y el 60%, alrededor de los 1.200 euros brutos al mes.
Esa debería ser la referencia a la que debería aspirar el SMI en España, ha sostenido el líder sindical, que ha abogado también por que el Estatuto de los Trabajadores regule esa referencia del 60% del salario medio en la ley para que en el futuro las subidas del salario mínimo sean “automáticas” para cumplir esta meta.
Reformar despido y la inserción de personas desempleadas
En la hoja de ruta más urgente, Álvarez también ha señalado la necesidad de reformar el despido de manera urgente. “Si no, lo hará Europa”, ha advertido el secretario general de UGT, ante las denuncias presentadas por su sindicato y después por CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra el actual sistema de despido en España. La previsión es que el organismo resuelva las denuncias antes de que termine el año, con varios antecedentes condenatorios, como por ejemplo el caso de Francia.
UGT también reclamará al próximo Ejecutivo mejorar la inserción de personas desempleadas, para las que la Ley de Empleo aprobada la pasada legislatura ha sido “insuficiente”, ha considerado Pepe Álvarez.
El sindicato defenderá una atención más individualizada de los servicios públicos de empleo, con más formación, que en estos momentos considera inviable por sus escasos recursos en orientadores. “En el conjunto de España, hay unas 2.200 personas por cada orientador. En Dinamarca hay 200 personas”, ha dicho Álvarez como ejemplo. “Así es imposible”.
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