Los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Consumo han hecho llegar al Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, una propuesta de reforma del mercado eléctrico para “bajar la factura de la luz con carácter inmediato y abordar la situación límite que vive nuestro país con precios históricos” y recortar sus ingresos en hasta 3.200 millones de euros.
Ambos ministerios plantean medidas de “carácter estructural” que podrían aprobarse a través de un Real Decreto-Ley y “acarrearían un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los ciudadanos y ciudadanas”, según fuentes de Unidas Podemos. “Tenemos que hacer más”, ha tuiteado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Los ministerios que pilotan Belarra y Alberto Garzón proponen al departamento que dirige la vicepresidenta tercera el “establecimiento de un precio fijo para la energía nuclear, tal y como ya hace Francia”, para que las comercializadoras puedan adquirir la energía de las plantas atómicas a ese precio de referencia, y de un “máximo” para la hidroeléctrica.
Con el precio fijo a la energía atómica, los consumidores “quedarán protegidos frente a subidas en los costes de otras tecnologías que, con el sistema actual, se transfieren a la nuclear en forma de beneficios caídos del cielo”, explican estas fuentes, que no detallan qué precio se ofrecería a los reactores.
Las propias nucleares han pedido una retribución “razonable” a su producción mediante un precio fijo que el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, cifraba hace unos meses en unos 57 euros por megavatio hora. Este precio es muy similar a los cálculos de costes de generación de la nuclear aportados por Endesa a la Agencia Internacional Internacional de la Energía (AIE) en una reciente visita de sus técnicos a España. Es muy superior a los 42 euros de un mecanismo similar en Francia.
La propuesta de Unidas Podemos plantea además el “establecimiento de un máximo para la energía hidroeléctrica mediante un sistema similar al actualmente utilizado para algunas energías renovables”. “Así, cuando el precio de otras energías, como el gas, sea muy elevado, éste no podrá encarecer el de otras energías más baratas como la hidroeléctrica”.
Agua a precio de gas
Los elevados precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 (que elevan el coste de generar electricidad con las centrales de ciclo combinado) han impulsando los precios del mercado mayorista de electricidad a niveles récord en agosto, con la hidroeléctrica aprovechando esta coyuntura para ofertar a precios superiores a los del gas en muchas horas del mes, beneficiándose así del diseño del mercado mayorista, en el que el precio lo marca la tecnología que presenta la oferta más cara.
Teresa Ribera, que ha pedido sin éxito modificar en Bruselas este sistema, se abría hace unos días a la idea de Unidas Podemos de que una empresa pública asuma la gestión de las concesiones hidroeléctricas que caduquen.
La propuesta que los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Consumo han planteado ahora a Transición Ecológica es que los precios de nuclear e hidroeléctrica sean fijados a través de una auditoría de costes de generación. Esta labor la llevaría a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Fuentes conocedoras de la propuesta defienden que la caída de precios en el mercado regulado que propiciarían los dos mecanismos planteados “provocaría automáticamente un efecto arrastre en el mercado libre, por lo que todos los consumidores y consumidoras se verían beneficiados de bajadas significativas en el precio de la luz”.
Las mismas fuentes afirman que “estas reformas se ajustan a la regulación europea y, al mismo tiempo, permitirán la necesaria reducción del precio de la factura de la luz, que es cada vez más urgente tras los precios récord de las últimas semanas”.
Ribera “agradece” las sugerencias
A preguntas sobre este asunto, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalan que el departamento de Teresa Ribera “agradece todas las sugerencias y las estudia con el máximo respeto”, como hará con esta propuesta, si bien avanzan que “adolece de un análisis sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria, por lo que evaluaremos su viabilidad con las máximas garantías”. “El Gobierno viene trabajando desde junio de 2018, dando prioridad a los consumidores y respetando el marco jurídico comunitario”, remachan.
Este decreto es en principio “independiente” del proyecto de ley que presentó en junio el Gobierno para minorar la retribución extra de hidráulica y nuclear por el encarecimiento del CO2, que las eléctricas han rechazado hasta el punto de amenazar con adelantar el apagón nuclear. El texto acaba de ser remitido al Congreso semanas después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pidiera acelerarlo para que se aprobase vía decreto-ley.