La nueva ley de planes de pensiones de empresa, que incluye la creación de un fondo de promoción pública, ha dado un nuevo paso adelante tras su convulsa tramitación. Unidas Podemos ha votado finalmente a favor de eliminar las enmiendas que había logrado incluir en la ley en la Comisión parlamentaria con un voto por error del PSOE y que incluía, entre otras cuestiones, reducir las bonificaciones en el IRPF y el destope a las bases máximas de cotización, es decir, a los salarios más altos. El grupo confederal ha apoyado los votos particulares presentados por los socialistas para rectificar estos errores y así facilitar la tramitación de esta ley.
El pleno del Congreso ha debatido este jueves el dictamen que había salido la semana pasada de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja tras una compleja votación in extremis para que pudiera echar a andar este nuevo vehículo de ahorro privado. En un acto que varios grupos han tildado de “esperpéntico”, “caótico” o “carajal”, el PSOE acabó votando a favor, por error, de cuatro enmiendas propuestas por su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y que incluía eliminar el límite máximo de las cotizaciones de los salarios más altos. Rápidamente, el grupo socialista registró distintos votos particulares para tumbar estas enmiendas.
En la votación que se ha producido al filo del mediodía en el Congreso, el grupo confederal ha acabado votando finalmente a favor de estos votos particulares que, en la práctica, eliminaban sus enmiendas. La diputada de Unidas Podemos Isabel Franco Carmona ha anunciado en su toma de posición en la cámara baja que se había alcanzado un acuerdo con el ministro, José Luis Escrivá, para “destopar las pensiones públicas”.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social insisten en que no hay novedades sobre las pensiones máximas y las bases máximas fuera de lo ya acordado en el componente 30 del Plan de Recuperación, de la reforma de pensiones. Se dejó para el segundo bloque de cambios la reforma para incrementar lo que cotizan los salarios más altos, las bases máximas de cotización. Un debate que aún no se ha iniciado en el diálogo social y que se prevé que suponga un progresivo aumento de lo que cotizan los trabajadores con mayores remuneraciones, así como un aumento de sus pensiones.
Tras el anuncio de Isabel Franco Carmona en la tribuna del Congreso, fuentes de Unidas Podemos explican a este medio que el ministro “se ha comprometido a abordar” el destope, la propuesta de la formación morada de acabar con el tope máximo en la cotización de los salarios más altos. Los de Unidas Podemos han anunciado este movimiento en un momento complicado para el grupo parlamentario. Sus diputados ha acabado votando a favor del voto particular del PSOE que tumbaba las propuestas de Unidas Podemos para poder salvar la ley de fondos de pensiones.
Unidas Podemos ha tenido una posición crítica contra la ley del ministro Escrivá, que busca impulsar los planes de pensiones de empleo, complementarios a las prestaciones públicas, y que los de la formación morada han criticado por ser un paso de “privatización” del sistema. En la negociación de la legislación, finalmente fue EH Bildu quien arrancó un destacado compromiso a la Seguridad Social a cambio de abstenerse en la votación: el aumento de las pensiones no contributivas en un 15% hasta final de año. Esto, según fuentes parlamentarias, dejaba a Unidas Podemos en una posición compleja porque habían acabado apoyando la norma sin sacar un gran rédito a cambio.
Durante la tarde se ha aprobado finalmente y enviado al Senado con apoyo de Ciudadanos, PNV y PDeCAT y la abstención de EH-Bildu. Por su parte, el PP, Vox, Esquerra Republicana, la CUP y Más País-Equo han votado en contra. A partir de ahora, la iniciativa continuará su tramitación en la Cámara Alta y solo volverá al Congreso para refrendar o revocar los cambios que pueda introducir el Senado al futuro fondo público de pensiones..
Las enmiendas de Unidas Podemos tenían que decaer para que la norma de fondos de pensiones saliera adelante. Por varios motivos. El primero, porque (aún asumiendo que PSOE y Unidas Podemos pudieran ponerse de acuerdo en el destope de la cotización de salarios más altos) el Gobierno no puede permitirse aprobar una medida de tanto calado vía enmienda cuando existe el compromiso de abordar este tema en el diálogo social. Segundo, porque esta medida acabaría con el apoyo parlamentario para que la ley en su conjunto saliera aprobada, por ejemplo, con los votos del PNV. Tercero, porque tampoco se garantizaban los apoyos con la eliminación de los beneficios fiscales a los planes de pensiones colectivos de empleo. Esta retirada además ya estaba teniendo repercusión con los sindicatos y empresarios. El primer plan colectivo de pensiones anunciado al albur del nuevo marco normativo, el de la construcción, estaba pendiendo de un hilo en caso de salir adelante estas modificaciones.
Un nuevo fondo público de pensiones
En el sistema de pensiones existen tres pilares. El primero y fundamental en España es el público, que depende de las cotizaciones de los trabajadores. El tercero es el extremo contrario, las aportaciones privadas a planes de pensiones de los ciudadanos. El segundo es el que el Gobierno intenta cimentar con esta ley, ya que en España está mucho menos desarrollado que en otros países europeos. Se trata de los planes de pensiones de empleo, que son las aportaciones que se acuerdan con las empresas a vehículos privados de ahorro para la jubilación. La nueva ley refuerza la negociación colectiva y pretende facilitar la inclusión de esta alternativa de ahorro en los acuerdos entre sindicatos y empresas.
La principal novedad de la ley, y por lo que es más conocida, es por incluir la creación de un fondo público de pensiones. Esta medida consiste en formalizar un vehículo al que se puedan sumar pymes y autónomos, donde difícilmente llega este segundo pilar, que estará impulsado por el Gobierno, con la participación de distintos ministerios como Asuntos Económicos, Trabajo, Hacienda y el propio de Seguridad Social. Estos fondos estarán impulsados por el Estado pero su gestión se cederá al sector privado.
Desde que se anunciara originalmente este nuevo fondo público hasta su tramitación final han ido cambiando algunos aspectos, como la desaparición de las comisiones o el modelo de gobernanza de este vehículo inversor. Además, en las enmiendas acordadas con los distintos grupos para sacar adelante la norma, se han incluido incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas se acojan a estos fondos de promoción pública para sus empleados.
El impulso del segundo pilar de pensiones ha levantado las críticas en el sector financiero. La principal recriminación que hacen bancos y aseguradoras es que el Gobierno ha impulsado un traslado de los incentivos fiscales que tenían los fondos individuales hacia los fondos colectivos. Hace dos años, un cliente con un plan privado individual podría aportar hasta 8.000 euros, que podían deducirse en el IRPF. Tras los últimos Presupuestos, este límite se ha situado en 1.500 euros.