Unas veinte empresas que emplean en total a más de 40.000 personas acumulan ya unos 2.100 millones de euros en peticiones de ayuda registradas formalmente ante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el instrumento dotado con 10.000 millones que creó el verano pasado el Gobierno para socorrer a empresas en dificultades por la pandemia.
La mitad de las empresas que han solicitado hasta ahora un rescate al fondo que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) están relacionadas con el sector turístico o el del transporte, especialmente golpeados por la catástrofe sanitaria y económica del coronavirus. Sus peticiones suman un importe conjunto que supera ya los 1.360 millones.
Este martes, se conocían los últimos nombres que han pedido oxígeno ante la ventanilla de la SEPI. El grupo de transporte de viajeros por carretera Julià, según avanzó El Mundo, ha solicitado 37 millones, aunque otras fuentes rebajan la cifra reclamada inicialmente hasta los 30 millones. También se han dirigido al hólding público el grupo Global Exchange, el gigante español de las divisas, y la maderera gallega Losán, como adelantó Vozpópuli, que añade una cuarta firma, las agencias de viajes Pangea.
Global Exchange está pilotada por el alcalde de la localidad fronteriza con Portugal de Fuentes de Oñoro (Salamanca), Isidoro Alanís (actualmente en el PP) y es una empresa altamente dependiente del turismo que poco antes de la llegada de la COVID-19 a España contrató al banco de inversión Lazard para que sondease la entrada de un inversor que financiase su expansión. Esta firma ha pedido unos 35 millones, una cifra similar a la solicitada por Losan, según Vozpópuli, que asegura que Pangea habría solicitado otros 25 millones, el mínimo que se puede pedir a este instrumento estatal.
Con estos nombres, se amplía la lista de compañías relacionadas con el turismo que han recurrido al fondo, que está encabezada por Air Europa, la única que ha recibido ya la ayuda solicitada, con 475 millones, tras aprobarlo el Consejo de Ministros en noviembre.
A la aerolínea de la familia Hidalgo, que va a ser adquirida por Iberia, se suman los nombres de Avoris (fruto de la fusión de las agencias de viajes de Globalia y Barceló), que ha solicitado 320 millones a la SEPI; Wamos (dueño del grupo Nautalia o Pullmantur y propiedad del controvertido fondo Springwater), con 75 millones; la hotelera Hotusa (casi 200 millones), la catalana Serhs (35 millones); Hotelatelier (los hoteles Petit Palace), la aerolínea Plus Ultra y el grupo de restauración granadino Abades.
También vinculados al transporte están Naviera Armas (que ha pedido 120 millones) y los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras (30 millones). En industria y otros sectores han trascendido las peticiones de Duro Felguera (que ha pedido 120 millones), la siderúrgica Celsa (350 millones), la acerera Rugui (25 millones), Tubos Reunidos (115 millones), la ingeniería Airtificial y la red española de los gimnasios Holmes Places.
La mayoría de las peticiones se dividen aproximadamente al 50% entre deuda senior y préstamos participativos, que tienen la ventaja para el solicitante de contabilizarse desde el principio como fondos propios, lo que ayuda a fortalecer su solvencia, y solo se convierten en capital a partir del séptimo año si la empresa solicitante no puede devolver las cantidades prestadas.
Los importes son provisionales en la mayoría de los casos, ya que las cantidades planteadas inicialmente por cada empresa pueden variar en función de las condiciones que imponga el fondo, como ha sucedido en los casos de Duro Felguera o Avoris.
Un proceso lento
En las últimas semanas, se ha criticado la lentitud de la SEPI en la concesión de las ayudas, una circunstancia que se ha atribuido a que el hólding de empresas públicas lleva sin presidente desde octubre de 2019. Este hecho, según aseguró este martes María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda (de la que depende la SEPI), no ha supuesto “ninguna merma” en el funcionamiento del holding estatal.
Antes de decidir si se conceden las ayudas, el proceso es largo. Las solicitantes deben presentar a la SEPI un plan de viabilidad con una memoria económica que explique la propuesta de negocio que se plantea con esos fondos y qué previsiones de beneficio bruto operativo (ebitda) manejan para hacer frente a la devolución de los préstamos. El organismo debe realizar una 'due dilligence' que arroje una foto fija con la contabilidad de la empresa y puede exigir cambios en ese plan de negocio.
Si la empresa está de acuerdo con los requisitos planteados, sigue el proceso y en el supuesto de que se llegue a la conclusión de que procede conceder la ayuda, se eleva una propuesta al consejo gestor del fondo.
De dar su visto bueno este órgano, en el que se sientan cuatro ministerios (Hacienda, Economía, Industria y Transición Ecológica), se eleva la petición al Consejo de Ministros, que es el que tiene la última palabra siempre que la ayuda no exceda de los 250 millones de euros. En caso de superar esa cifra, la luz verde definitiva depende de la Comisión Europea.
El fondo está reservado a compañías en dificultades económicas como consecuencia de la pandemia y no pueden acogerse a él aquellas que ya arrastraban dificultades antes del coronavirus. Es el caso de Abengoa, que el lunes presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de más de 6.000 millones, al no lograr completar el que habría sido su tercer rescate desde 2017. Pese a todo, el expresidente de Amper y representante de los minoritarios de la compañía andaluza, Clemente Fernández, ha asegurado que el fondo de la SEPI “es la opción más realista y factible, porque a los 'icos' no podemos recurrir estando en concurso”.