El Gobierno venezolano confirmó hoy en Twitter la reunión convocada para este lunes con los tenedores de bonos del Estado venezolano y de su empresa petrolera PDVSA para renegociar las condiciones de pago de la deuda externa del país caribeño.
“Siguiendo instrucciones del Pte. @NicolasMaduro, se informa que la reunión de la C.P. (comisión presidencial) para renegociar los términos de la deuda externa”, escribió en su cuenta de la red social el ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa, que es también vicepresidente de Finanzas de PDVSA.
Según anunció Zerpa, la reunión tendrá lugar el día 13 de noviembre a las 14.00 hora local (18.00 GMT) en el Palacio Blanco, un edificio oficial situado frente al Palacio presidencial de Miraflores.
La reunión fue convocada el 3 de noviembre por orden de Nicolás Maduro, que dos días antes había ordenado la reestructuración o la refinanciación de toda la deuda externa del Gobierno y de PDVSA para conseguir condiciones más favorables de pago.
Los retrasos que este mes han sufrido algunos pagos de deuda de PDVSA han hecho temer la caída en “default” o suspensión de pagos por parte de la empresa estatal, cuyas exportaciones de petróleo representan el 95 % de las divisas que obtiene el Estado venezolano.
PDVSA cumplió en octubre y noviembre pese a los retrasos con los dos grandes pagos que el Estado venezolano debía afrontar este año, dos liquidaciones que sumaban cerca de 2.000 millones de dólares.
Maduro aseguró que tanto el Gobierno como la empresa estatal de petróleo no abonarían más vencimientos de deuda externa en las condiciones existentes a partir del segundo de estos pagos, que se hizo a principios de este mes.
El Gobierno del país caribeño ha visto gravemente afectada su capacidad de financiación exterior al no reconocer mucho de sus posibles acreedores la deuda que no esté avalada por el Parlamento, cámara ante la que el Ejecutivo no presenta presupuestos ni leyes desde la victoria opositora en las legislativas de diciembre de 2015.
Las sanciones financieras adoptadas por Estados Unidos en agosto -que prohíben a inversionistas que operen desde ese país negociar con deuda nueva del Gobierno de Caracas o PDVSA- han asfixiado aún más el acceso a crédito de Venezuela, que ha sacrificado importaciones de comida y otros productos básicos para poder cumplir sus compromisos.