La reapertura en la Audiencia Nacional de la causa contra el Banco de Chile por supuestos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de la familia del dictador Augusto Pinochet ha vuelto a poner sobre la mesa el peor episodio de la historia reciente del país suramericano: además de los crímenes de lesa humanidad que perpetró durante su etapa (1973-1990) el dictador fallecido en 2006 sin ser juzgado por ello, este nuevo capítulo judicial vuelve a sacar a la luz el enriquecimiento ilícito de toda su familia.
La comisión rogatoria que, como avanzó elDiario.es la Audiencia Nacional española dirigió a principios de julio a “la autoridad judicial competente” en Chile, solicitaba notificar formalmente a los querellados en el caso y apuntaba al Banco de Chile, su presidente, Pablo Granifo, y sus filiales Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. El 12 de julio el recurso ingresó desde España a la Corte Suprema de Chile. Desde entonces, según publicó el diario La Tercera, los querellados han protagonizado un intercambio de escritos con la justicia para defenderse de la arremetida española.
Los abogados defensores de Pablo Granifo –Carlos Balbontín, Hugo Rivera y Waldo Bown– señalaron a la Suprema el 14 de julio que la resolución española de reabrir el caso “se ha dictado bajo supuestos equivocados o incompletos”, según el medio chileno, y recalcaron que esta investigación ya se realizó en Chile hace años.
Un argumento que, según la prensa local, también sostuvo el juez a cargo de la investigación, Guillermo de la Barra, pero que el fallo de la Audiencia Nacional contradice: “Los tribunales chilenos, pese a indicar en la comisión rogatoria de 2012 que el delito de alzamiento de bienes estaba siendo objeto de investigación, lo cierto es que el único procedimiento abierto que figura en las presentes actuaciones, incoado y terminado en Chile, sobre delitos económicos en los que participaron diversas personas relacionadas con Augusto Pinochet, no hace referencia alguna a los que fueron descritos en la querella inicial seguida por el juzgado español y su posterior y detallada ampliación, por lo que, obviamente, los hechos deben seguir siendo investigados”.
El representante de la defensa del Banco de Chile, Raúl Tavolari, presentó un escrito en el que sostiene que “los tribunales españoles son incompetentes para conocer los hechos” y que “desconocer la competencia y jurisdicción de los tribunales nacionales importaría una vulneración del orden público chileno”.
La acción judicial contra la familia Pinochet y sus cómplices fue impulsada en 2005 y ampliada contra el Banco de Chile en 2007 por la Fundación Presidente Allende, ubicada en España y hoy presidida por el abogado Joan Garcés, quien fue un estrecho colaborador del expresidente Salvador Allende (1970-1973).
También se hicieron parte la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos (AFDD), la Agrupación de familiares de ejecutados políticos (AFEP) –ambas radicadas en Chile–; y familiares de víctimas de la dictadura como Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote alicantino Antoni Llidó, detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, fusilado en 1973, ocho días después del golpe de Estado.
“El delito económico no es distinto a los crímenes de lesa humanidad, sino que es parte del andamiaje terrorista de la dictadura”, apunta Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD. “El dictador se pudo apropiar de los bienes del Estado debido al poder absoluto que ostentó durante 17 años. Esto no solo le permitió realizar los más abominables crímenes, sino que junto con eso vino la instalación del modelo económico y el enriquecimiento ilícito de él y sus cercanos”, añade.
“Pinochet se presentaba como un hombre que había cometido todo tipo de atrocidades, pero que era honrado [con el dinero]. Sin embargo, esto demuestra que, además de un asesino, era un ladrón”, dice Laura González-Vera desde Santiago. A sus 89 años, recuerda que cuando Garcés le propuso ser parte de la acción judicial contra el Banco de Chile, “estábamos en un punto [como familiares de víctimas de la dictadura] que lo único que queríamos era esclarecer, esclarecer y esclarecer”.
Josefina Llidó, de 81 años, tuvo conocimiento de la reapertura de la causa en enero, cuando estaba en el Hospital Clínico de Valencia junto a su marido, ambos ingresados por Covid-19: “Esta respuesta [de la Audiencia Nacional] nos da un poco más de justicia, más que una reparación. Es vergonzoso que puedan hacer y deshacer estas artimañas sin recibir un castigo”, dice. “Económicamente, para nosotros, no representa nada, porque hay muchas víctimas para repartir, pero es simbólico: aunque sea una peseta, es justicia”, añade la hermana del sacerdote.
Para María Alsina, de 67 años, esta tampoco es una pelea por el dinero del Banco de Chile. Va más allá. De hecho, sobre el cobro de la indemnización, considera que “como familia deberíamos de renunciar a este dinero porque mi hermano siempre renunció a su pago como cura”, asegura. La mujer, 12 años menor que su hermano fallecido, recibió la noticia “con ilusión”, aunque es un tema que siempre “la remueve”. “Han pasado casi 50 años, pero no se olvida”.
En manos de la Suprema
No hay un plazo definido para que la Corte Suprema decida si acoge o no la solicitud de la Audiencia Nacional. Según el abogado Joan Garcés, si la Corte Suprema acepta la comisión rogatoria, la entrega de esta a los imputados “corresponde a un juzgado de Santiago”. La aprobación del máximo tribunal es relevante para el avance, sin más dilaciones, de la investigación en España. Esta se ha retomado tras diez años en suspenso por una estrategia de la defensa de la entidad financiera que, según Garcés, fue una “estafa procesal”.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos chilenas desconfían de obtener una respuesta favorable por parte del máximo tribunal: “Lamentablemente en justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares [la justicia chilena] ha sido muy mezquina. Ha dictado condenas muy bajas para crímenes de lesa humanidad y ha indemnizado a pocos familiares por daños morales”, dice Alicia Lira, presidenta de la AFEP. “Como agrupación que lleva luchando contra la impunidad desde 1976, hemos visto cómo muchos jueces nos han hecho mucho más duro el camino”, agrega.
Lorena Pizarro opina en la misma línea: “El poder judicial chileno continúa su complicidad con los crímenes de la dictadura. Se negó a acoger los recursos de amparo y a hacerse cargo de las acciones judiciales que buscaban salvar vidas y terminar con el tormento de cientos de miles de personas”.
Critica que los jueces fueron parte del llamado “pacto de silencio”, primero aplicando “sin pudor” –dice– el decreto de Ley de Amnistía y cuando los tribunales internacionales sancionaron su aplicación, a través de “otro resquicio legal” que fue la prescripción. “Eso se ha traducido en que la mayoría de los criminales no van a la cárcel y los que van lo hacen con penas bajísimas que no tienen ningún correlato con la magnitud del crimen cometido”.
Impunidad “inaceptable”
En una entrevista al canal chileno La Red, Garcés detalló que en 2009 el Ministerio Público español cuantificó la responsabilidad del Banco de Chile por presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en unos 100 millones de dólares. “La impunidad en la que puede quedar una institución bancaria que goza de tanto prestigio como el Banco de Chile es inaceptable. Se prestó para esconder los bienes y riquezas robadas por parte de Pinochet y su familia”, dice Pizarro.
La presidenta de la AFDD recalca que este caso “vuelve a poner bajo el foco el apoyo que tuvo la dictadura por parte de instituciones privadas bancarias, de transporte, etc. que dieron sustento a 17 años del régimen”.
Los primeros indicios de la implicación del banco chileno en el presunto alzamiento de bienes de Pinochet se detectaron gracias a la indagatoria que el Comité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos llevó a cabo tras la detención del dictador, en octubre de 1998.
Fue entonces cuando se conocieron las millonarias cuentas bancarias secretas del dictador que revelaron otro caso de corrupción económica de la familia. En este caso a través del banco estadounidense Riggs, hoy integrado en PNC Bank, que se cerró con el pago de una indemnización de ocho millones de dólares a las víctimas de la dictadura. Con este antecedente sobre la mesa, los querellantes esperan ahora la decisión de la Corte chilena.