“Lo primero que haré será suprimir Sucesiones, que es el impuesto a la muerte”. Son palabras de Carlos Mazón, el candidato del PP que ha ganado las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana, en una entrevista durante la campaña. Esta afirmación es una declaración de intenciones de lo que viene durante los próximos años en el marco autonómico fiscal, donde una batalla tributaria abanderada por Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia recibirá nuevos aliados en Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja o Cantabria, donde el PP ya prometió rebajas fiscales en la campaña electoral. Sucesiones y Patrimonio son los impuestos más señalados.
Las comunidades tienen un amplio abanico de medidas fiscales, sin embargo son los impuestos cedidos los que generan más atención y en los que el PP ha puesto más el foco. El tributo que grava las herencias, ya ampliamente bonificado en toda España, y el que hace lo propio con las propiedades de los más ricos se han convertido en el fetiche de una batalla fiscal que se viene produciendo desde hace años y cuya rebaja beneficia fundamentalmente a las rentas más altas.
Aunque la campaña electoral ha girado sobre otros temas como las listas de EH Bildu o las irregularidades en el voto por correo, también ha dejado espacio para el debate fiscal. Los candidatos del PP hicieron suya la batalla que se dio desde los gobiernos controlados por la derecha durante el pasado año y la propia dirección del partido en favor de las bajadas de impuestos. Desde que comenzara a subir la inflación, el PP pasó al ataque utilizando los datos de recaudación, acusando al Gobierno de “forrarse”, pese a que también repercutió en las arcas autonómicas, y de “subir los impuestos”, aunque no fuese verdad. Esta campaña tuvo durante el 28M una segunda vuelta.
El programa electoral de las pasadas elecciones de los candidatos que ganaron el 28M hace pronosticar nuevas rebajas de impuestos. Algunas de las comunidades que protestaron por el 'dumping' fiscal de las regiones gobernadas por el PP se han teñido ahora de azul. El propio Mazón ha sido uno de los más explícitos en campaña. Ha logrado recuperar para el PP la Comunitat Valenciana, uno de los territorios que arrastran un problema de financiación y donde menos rebajas fiscales se han hecho en estos tributos. Ahora el futuro presidente buscará asociarse con la corriente que han abanderado otros compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno.
“Una reforma fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr despertar a la Comunitat, humanizando los impuestos y aliviando a las familias”, aseguró el PP en su programa para la Comunidad Valenciana. El objetivo para Sucesiones es “eliminarlo” hasta el 99% y aplicar las mismas bonificaciones respecto a las donaciones. También apuesta por rebajar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el tributo cedido que más recauda para las comunidades. Pero lo más destacado es su intención de bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio, como ya hacen Madrid o Andalucía.
Esta medida supone la eliminación de un tributo que solo se aplica a quienes tienen, a rasgos generales, más de 700.000 euros. Un porcentaje muy pequeño de la población. La Comunitat Valenciana prevé recaudar este año 223 millones de euros con este impuesto, según figura en los últimos presupuestos que aprobó el Pacte del Botànic. Sucesiones aporta para la región casi 400 millones de euros, una cifra que apuesta por reducir sensiblemente el futuro presidente.
La situación que dibuja Mazón se repite en otros territorios. “Acabaremos con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón. Vamos a utilizar nuestra competencia autonómica para bonificarlo al 99% en el ámbito familiar, al igual que se hace en otras comunidades, y a articular nuevos beneficios fiscales para las sucesiones y donaciones entre hermanos y sobrinos”, reza el programa de Jorge Azcón, el ganador de las elecciones en Aragón. Además, plantea un aumento del mínimo exento en Patrimonio y nuevos beneficios fiscales.
María Guardiola, por su parte, aspira a presidir Extremadura en nombre del PP, ocho años después de que lo hiciera José Antonio Monago. El programa con el que se presentó la candidata, que llegó al frente del partido en la región hace menos de un año, contempla la “eliminación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la mayoría”. Respecto a Patrimonio, Extremadura era de las comunidades con una mayor exigencia, ya que fija el mínimo exento en 500.000 euros, una de las cifras que ahora el PP propone elevar a 700.000 euros. A ello se suma una rebaja de la tarifa y deducciones para “aportaciones a proyectos de excepcional interés público regional”. Además, plantea eliminar el impuesto de grandes tenedores de viviendas vacías, que tenía que entrar en vigor en 2024. Ambos impuestos aportan 36 millones a las arcas extremeñas.
El programa de Mazón, Azcón y Guardiola se repite igualmente en otros territorios. Gonzalo Capellán ha vuelto a teñir de azul a La Rioja tras un paréntesis socialista con Concha Andreu a la cabeza. La comunidad menos poblada de España ingresa 44 millones al año en Sucesiones y Patrimonio, pero el objetivo del nuevo presidente pasa por reducir estos tributos. “Eliminaremos el impuesto de Patrimonio y progresivamente el de Sucesiones y Donaciones en La Rioja”, rezaba su programa electoral. Capellán aseguró que su objetivo es que “La Rioja sea la comunidad autónoma con los impuestos más bajos de España”.
María José Sáenz de Buruaga sucederá presumiblemente a Miguel Ángel Revilla al frente del Gobierno cántabro gracias a su victoria el pasado domingo, sumando mayoría absoluta con Vox o con el propio PRC. Casi 60 millones de euros perciben las arcas públicas cántabras por Sucesiones y Patrimonio. El presidente saliente de la Comunidad había planteado en el pasado que el tamaño de la economía y los recursos cántabros no permitían entrar en la guerra fiscal que habían iniciado Madrid o Andalucía. Ahora, Sáenz de Buruaga ha ganado unas elecciones prometiendo que “Cantabria no necesita un Gobierno más rico, necesita una sociedad más próspera”. Así, ha planteado la “progresiva supresión” del impuesto de Patrimonio o aumentar las bonificaciones en Sucesiones.
Baleares es la otra comunidad que cambia de signo tras el 28M. Marga Prohens será la próxima presidenta, a falta de concretarse los votos de cara a la investidura. El programa de de Gobierno del PP en las islas contempla la “supresión progresiva” de Patrimonio. Sin embargo, es una propuesta que deja a la espera de que se confirme el futuro del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, cuyo primer pago se hace en un mes y cuya vigencia está pendiente de los recursos judiciales que han realizado distintas comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Andalucía. A ello suma la reducción en distintas herencias en el impuesto de Sucesiones. “La supresión del Impuesto de Sucesiones es una deuda que tenemos con nuestros padres y abuelos, la manera de darles las gracias por el esfuerzo de toda una vida”, reza el programa del PP en Baleares.
El impuesto a las grandes fortunas nació en respuesta del Gobierno central a la política de guerra fiscal entre territorios iniciada por el PP. Se trata de un impuesto complementario al de Patrimonio y que se aplicará en la práctica únicamente en los territorios que lo bonifican. Allí, esos fondos que podrían recaudar las comunidades por el tributo a los más ricos será ingresado por las arcas estatales. Con ello buscaba amortiguar la carrera a la baja en las comunidades del PP, que ahora ganan nuevos aliados tras el 28M. El partido lo recurrió al Constitucional y el caso está pendiente de resolución, mientras se cobrará en julio por primera vez.
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