España es uno de los países europeos con menor porcentaje de viviendas públicas (VPO). La ausencia de estadísticas oficiales y la opacidad de los datos relativos a vivienda dificulta los cálculos. Según un informe de la Fundación Alternativas, un think tank progresista, son tan solo el 1,5% del parque nacional (el total de viviendas en España es de alrededor de 25,5 millones). “España está entre los países de la UE con un menor nivel de protección social y con los mayores índices de exclusión residencial”, sostiene el trabajo 'El parque público y protegido de viviendas en España'. A juicio de los autores, Carme Trilla y Jordi Bosch, España necesita al menos 1,5 millones de viviendas de protección oficial adicionales para alquilar.
Para llegar a esta cifra, los autores suman los cerca de 1,3 millones de hogares que realizan un esfuerzo económico para satisfacer los costes de su vivienda superior al 40% de sus ingresos, a los cuales suman, entre otras, las necesidades residenciales de la población joven que, a pesar de haberse incorporado ya al mercado laboral, aún no ha podido abandonar la casa de sus progenitores; a quienes han perdido su vivienda y viven con otros familiares o conocidos; y a personas sin hogar.
“El número de viviendas protegidas construidas actualmente en España no se corresponde con las necesidades sociales de acceso a un inmueble”, sostiene Jordi Bosch, doctor en arquitectura y experto en política de vivienda. Sin embargo, el gasto público en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación ha caído un 65% desde 2009, año en el que se destinaron a esta materia 10.100 millones de euros en el plan 2009–2012, frente a los 2.421 millones que incluyó el plan 2013–2016, “provocando un desequilibrio en el sistema de vivienda y convirtiéndolo en uno de los más débiles de Europa”, señala Bosch. Esto se añade a acciones como la venta a un fondo buitre de 1.860 viviendas de vpo en alquiler al fondo buitre Blackstone por parte de la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella (desde entonces el valor ha aumentado un 227%).
En este contexto, el proyecto de Presupuestos para 2018 –que ya han superado el primer trámite para su aprobación con el voto favorable de 176 diputados– contempla una inversión de 474,24 millones de euros en esta misma materia frente a los 473,39 de 2017, un 0,2% menos.
La VPO en España, un 1,5% del total
El porcentaje de vivienda pública en España, que este informe sitúa en el 1,5% del total, refleja unos “mínimos históricos” en comparación con la UE. Esta política es contraria a la senda ideal que indicaba Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, a este diario: “las ciudades que mejor regulan el mercado de la vivienda son aquellas que disponen de vivienda social en grandes cantidades y utilizan instrumentos de planificación para incrementar la cantidad de vivienda asequible privada”.
La evolución de la construcción de viviendas libres y de protección oficial (VPO) en España representa grandes oscilaciones. Entre 1959 y 1965, años del desarrollismo, un 70% de las viviendas construidas eran protegidas y en el 1963 alcanzaron el 90%, según Carme Trilla, economista y especialista en mercado y políticas de vivienda.
A partir de entonces, la construcción de vivienda libre se dispara hasta que vuelve a caer tras la crisis del petróleo (1973). El número de VPO se mantiene estable hasta principios de los 90, con un 18% de construcción respecto al resto de viviendas, según el informe de la fundación. La vivienda pública se recupera entre el año 91 y 96 en plena crisis económica. Vuelve a descender en el período expansivo 1997–2007, cuando el 90% de los inmuebles que se construyen son para el sector privado, tal y como indica el informe. Al comenzar una nueva crisis económica en 2007 la VPO vuelve a retomar en parte cuota de mercado, pero en 2011 con “el abandono de las políticas de vivienda” cae al mismo tiempo que la vivienda libre.
Ante esta caída, que todavía se mantiene, los autores del informe sostienen que “si las VPO se hubieran protegido en un sistema de larga duración de sus calificaciones, gozaríamos hoy de un parque protegido de cerca de 7 millones de unidades de inmuebles, –casi el 40% del parque de viviendas principales, en lugar del 1,5% actual–, y ”permitiría el acceso a la vivienda a muchas familias que actualmente no pueden acceder“, argumenta Carme Trilla. ”Sin embargo el parque público se ha ido liberalizando y ha entrado en la rueda del mercado libre“, añade.
Los expertos piden al Gobierno políticas de apoyo a los arrendatarios más vulnerables, y además, proponen que “el sector financiero se comprometa con el derecho a la vivienda asegurando la financiación con unas condiciones dignas”, destaca el informe. Además, destacan que deben incrementarse las reservas de suelo para vivienda social y “asegurar que toda la plusvalía generada por la actividad urbanística revierta en la sociedad en forma de política de vivienda”.