La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el banco malo, mantiene en propiedad 45.618 viviendas en España que no ha vendido, junto a 21.693 obras en construcción en curso y 30.320 parcelas urbanizables, según datos de la propia sociedad a finales de abril.
Por comunidades autónomas, la región en la que la Sareb tiene más viviendas sin habitar es Catalunya, con 12.731 pisos, seguida de Comunitat Valenciana, con 8.532; Andalucía, con 4.124; y Murcia, con 3.434 unidades. En la parte baja están Navarra, con 49, y Euskadi, con 89 viviendas sin habitar.
Este patrimonio inmobiliario proviene de las entidades financieras que recibieron ayudas en 2012 y que soltaron así estos activos calificados como tóxicos para aligerar sus cuentas, junto con miles de millones de euros de deudas en préstamos, ambos paquetes como parte del rescate con cargo a gasto público tras la crisis hipotecaria de 2008. Tanto la creación del banco malo como su gestión han sido duramente criticadas en esta década de existencia. Principalmente por la acumulación de pérdidas año tras año.
El último balance, correspondiente a 2021, certifica como tales 1.626 millones de euros, un 51,5% más que en 2020. A pesar de lo elevado de la cifra, según sus cuentas, han desinvertido un 38% de activos, que es el término con el que se refiere el mundo financiero a las operaciones de ventas. En teoría, la sociedad sigue cumpliendo los objetivos de acuerdo a lo estipulado. Hasta ahora.
En enero de este año hubo un amago que parecía que cambiarían las cosas. Cuando el Gobierno anunció que se haría con más del 50% del accionariado de la Sareb por imposición de la UE, que obligó a España a asumir su deuda como pública, aprovechó para ampliar su objeto social, añadiendo negro sobre blanco la sostenibilidad y utilidad social en el mismo Real Decreto que posibilitó la operación. La sociedad “elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles dentro del objetivo de maximización del valor”, se puede leer en el texto.
Consultado el Ministerio de Asuntos Económicos sobre el aterrizaje de este replanteamiento, fuentes del mismo responden que “se incluye el impacto social como un elemento adicional en la gestión, compatible con su fin de venta de los inmuebles. Se reforzará la acción social, que por otra parte Sareb ya viene realizando en los últimos tiempos”.
Para los expertos consultados, es un lavado de cara o social washing. “Se podría intentar estirar la letra de esta nueva formulación para forzar políticamente”, explica Javier Rubio, abogado laboralista y experto en vulneración del derecho a la vivienda, desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES, “pero jurídicamente no hay un porcentaje, no hay números, no hay indicadores a los que poder acogerse y que obliguen a ceder tanto patrimonio a vivienda social y, además, no queda establecido que vivienda social signifique esto o aquello, con límites de precios de alquileres, por ejemplo”.
Alejandro Inurrieta, doctor en Económicas y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, valora el añadido en el mismo sentido: “Lo único que cambia tiene más que ver con la responsabilidad social corporativa que con la operativa, que sigue siendo igual. La Sareb tiene un objetivo que es liquidar el patrimonio que tienen. Por necesidades del guion y la propia coyuntura cede algunas de sus viviendas, pero siempre bajo un contrato de alquiler como nos harían a cualquiera”.
Meses después no hay viviendas cedidas
Atendiendo al Real Decreto, una parte o todo el patrimonio inmobiliario de la sociedad podría pasar a incrementar el parque de vivienda pública de comunidades autónomas y otras instituciones con competencias en esta materia, sin embargo la nueva reglamentación tiene que ver más con la voluntad política que con la obligatoriedad legislativa.
La propia entidad, fuera de la responsabilidad de narración política del equipo de gobierno, se limita a valorar técnicamente la situación, e interpreta que su cambio de objeto social no es tal, sino que “se introduce el principio de sostenibilidad para que se puedan impulsar soluciones de vivienda social siguiendo los mejores estándares técnicos en la materia”, explican. Pone en valor, asimismo, que desde su creación en 2012 se han firmado convenios de cesión temporal de vivienda con más de medio centenar de comunidades autónomas y ayuntamientos, por un total de 3.200 viviendas para todo el Estado, de las 15.000 que han puesto a disposición de las administraciones públicas. Desde su creación, han vendido 118.500 inmuebles.
Desde otro sillón del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluye una cita a la Sareb en su Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2022-2025, aprobado a principios de este año, insertando un programa de puesta a disposición, por un mínimo de cinco años, de viviendas de la sociedad y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social. Esta opción está vigente, es decir, disponible, desde el 19 de enero, cuando el plan entró en vigor. Las beneficiarias pueden ser comunidades autónomas, entidades locales y otras entidades públicas o sin ánimo de lucro dedicadas al fomento de la vivienda asequible.
El equipo de Raquel Sánchez, ministra del ramo, confirma a elDiario.es que más de tres meses después ninguna entidad, ayuntamiento o región ha aplicado esta medida, aunque, explican, “actualmente está en tramitación con las comunidades autónomas la suscripción de los distintos convenios de colaboración”.
Mientras, el precio medio de los alquileres ha seguido subiendo. En Barcelona alcanzaba en abril los 1.285 euros de media; en Madrid, 1.362; 1.003 en Valencia; 1.319 euros en Illes Balears; 776 en Santa Cruz de Tenerife; parecido a los 723 en Zaragoza o los 713 euros en Melilla, por dar algunos ejemplos, según el portal Fotocasa, con una media interanual de ascenso en lo que va de año del 2,3% en marzo, de acuerdo al portal de la competencia, Idealista.
De las últimas cifras oficiales hechas públicas en el Observatorio de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020, se sabe que la cifra de viviendas sociales en comparación con el total de hogares en España es de 2,5 viviendas por cada cien, igualándose con Bulgaria y por debajo de países como Hungría, Polonia, Eslovaquia o Eslovenia. Irlanda cuenta con tres veces más (9%), mientras que la vecina Francia maneja la cifra de 17 viviendas públicas por cada cien hogares, al igual que Reino Unido, por ejemplo. Frente a los países centroeuropeos y bálticos, el dato español se vuelve ya prácticamente inexistente: 19% en Noruega, un 21% en Dinamarca, 24% en Austria o 30 viviendas sociales por cada cien hogares en los Países Bajos.
Si se coteja el parque público de las comunidades autónomas con las listas de solicitudes de vivienda protegida en cada región, y a su vez ambas se enfrentan a la bolsa sin vender de la Sareb, hay resultados muy sorprendentes: en la Comunitat Valenciana, la segunda con más inmuebles residenciales de la entidad, con sus 8.532 pisos aún en posesión de la entidad daría para cubrir no solo el total de las solicitudes, sino para duplicarlas: la lista de de espera es de 4.382, tal y como ha confirmado recientemente el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, que lleva tiempo reclamando gestionar las viviendas de la Sareb, incorporándolas al parque público de la comunidad.
Illueca anunció una gira para convencer a otras regiones en este sentido, a fin de que reclamen al Gobierno un cambio de gestión. En su caso, se aumentaría un 61% el patrimonio regional de hacerse efectiva su demanda. Catalunya se ha unido a la petición, enviando su consellera de Drets Socials, Violant Cervera, una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana solicitando en el mismo sentido el cambio de titularidad y gestión basándose en el cambio de accionariado vía FROB. De ser así, el porcentaje de aumento del parque público regional llegaría hasta el 81%.
Galicia también pidió un “cambio de criterio” al Gobierno sobre la gestión de las 1.834 viviendas de la sociedad en la región, que ampliaría un 20% la bolsa de oferta pública y reduciría un 12% la lista de espera que publican en su portal. No hay más ejecutivos autonómicos que hayan trasladado esta petición al ejecutivo central, a pesar de que, por ejemplo, en Murcia los activos inmuebles incrementarían un 136% el parque de vivienda pública, se cuadruplicarían en Cantabria o cubrirían la totalidad de la demanda de alquiler social de emergencia de Aragón y más de la mitad en La Rioja, de acuerdo a la información aportada por sus departamentos de comunicación. A pesar de estos datos, los gobiernos regionales no están prestando demasiado interés al traspaso de la bolsa de vivienda en manos de la Sareb para apaciguar la carestía de oferta pública.
Paralelamente, estos días se ha vuelto a ampliar el plazo de registro de enmiendas al borrador de Ley de Vivienda que se está tramitando desde febrero de 2021 en el Congreso de los Diputados, y que se ha estancado en las sucesivas prórrogas, cincuenta y dos hasta ahora. Al cierre de este texto, y tras ser consultados los grupos parlamentarios, de acuerdo a sus respuestas únicamente Unidas Podemos, Compromís y Coalición Canaria habían registrado propuestas para que se incluya en el texto final que los inmuebles de la Sareb pasen, en tanto que son deuda del Estado, a ser patrimonio público de las instituciones con competencias en vivienda, las comunidades autónomas.