El Congreso de los Diputados ha respaldado por mayoría la llamada Ley Rider, el real decreto ley que aprobó el Gobierno contra los falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto como Glovo y Deliveroo. La regulación se tramitará como proyecto de ley, para que los grupos políticos puedan presentar y debatir enmiendas al texto. La novedad del día ha llegado de la mano de Vox, que ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la legislación. El partido de extrema derecha recurrirá el real decreto ley, que el Ejecutivo acordó con los empresarios y los sindicatos en el diálogo social. La legislación pretende reforzar la laboralidad de estos repartidores, especialmente tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que consideró que los riders eran falsos autónomos.
La mayoría parlamentaria ha convalidado el real decreto ley contra los falsos autónomos en plataformas digitales pese al 'no' de PP, Ciudadanos y Vox. Con 195 votos a favor y 151 en contra, más dos abstenciones. En Ciudadanos han argumentado que por muy “buenas razones” que tuviera la norma, no comparten que se haya aprobado por real decreto, algo que han criticado en otros grupos parlamentarios, como el PP. En cualquier caso, la inmensa mayoría de la cámara (321 votos a favor contra 26 en contra) ha respaldado que la regulación se tramite como proyecto de ley.
La legislación presume que los repartidores de plataformas digitales son trabajadores por cuenta ajena, una situación a la que tendrán que adaptarse las empresas antes del 12 de agosto, ya que el Ejecutivo dio tres meses a las compañías para que adaptaran sus modelos de negocio. La Ley Rider además introduce una obligación de transparencia de todas las empresas que utilicen algoritmos en lo que afecte a las relaciones laborales. Este último punto convierte a España “en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia”, ha destacado en muchas ocasiones la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz.
Recurso de Vox ante el Constitucional
El diputado Juan José Aizcorbe Torra ha sido el encargado de anunciar el recurso de Vox de la legislación. Aizcorbe ha justificado el recurso porque el grupo parlamentario considera que no se cumplen las condiciones de urgencia y necesidad para que la legislación salga adelante con la fórmula del real decreto ley. Sin embargo, el diputado ha desglosado el argumentario de Vox en contra de la norma, que es el mismo que el de las multinacionales de reparto que han sido sancionadas por la Inspección de Trabajo y los tribunales por usar falsos autónomos, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart. Es decir: pide que se cree una nueva figura del “autónomo digital”, con “flexibilidad y derechos”, para que estas empresas sigan utilizando su modelo de autónomos después de las condenas del Supremo.
“¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Que el Tribunal Supremo se ha equivocado?”, ha reaccionado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anuncio del recurso de Vox. El Alto Tribunal ha analizado que las multinacionales organizan y dirigen a los riders a través de sus algoritmos, por lo que son asalariados y no autónomos.
Yolanda Díaz ha defendido la regulación para reforzar el estatus laboral de estos trabajadores y ha recordado, como dicta la jurisprudencia del Supremo, que la condición de asalariado y autónomo “no es elegible”, sino que se rige por las condiciones reales en las que se desempeña un determinado trabajo. “Uno no elige si es autónomo o es asalariado”, ha advertido la vicepresidenta en la tribuna.
El modelo laboral del reparto en plataformas digitales en estas multinacionales ha sido ampliamente invalidado en los tribunales, hasta con dos sentencias del Supremo (la última contra Deliveroo), y también por la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral ha destapado en estos años al menos 18.000 falsos autónomos en estas empresas. En concreto, 17.957 personas dadas de alta como asalariadas hasta el mes de enero, según fuentes conocedoras de las investigaciones. Los expedientes liquidatorios, por las cuotas dejadas de ingresar a la Seguridad Social, sumaban entonces un total de casi 26 millones de euros (25.987.401).
Falso argumento de Glovo de indefensión en el diálogo social
Vox ha replicado también en el Congreso otro de los argumentos de Glovo y las empresas sancionadas por usar falsos autónomos para rechazar la Ley Rider: que el Gobierno no ha escuchado a las empresas del sector y que estas no han estado representadas en la negociación de la legislación en el diálogo social. Esta idea también ha sido reproducida por el PP. Es rotundamente falso. Ambas cuestiones.
En primer lugar, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha reunido “con todas” las grandes empresas del sector a las que afecta esta normativa. Es decir, también con Glovo, así como Deliveroo y Uber Eats, entre otras. El Ministerio de Trabajo no tenía obligación de reunirse con estas compañías, ya que abordaba la legislación de la norma en la mesa de diálogo social, pero aun así tuvo encuentros con las multinacionales para escuchar sus posturas.
Y, en segundo lugar, todas estas empresas estaban representadas en la mesa del diálogo social del lado de la patronal de empresarios CEOE. Aunque Glovo, Deliveroo y Uber Etas están repitiendo desde que se pactó la ley en el diálogo social que no han sido representadas en la mesa de negociación, todas ellas formaban parte de CEOE en el momento de las discusiones. La patronal de empresarios tuvo además muy presentes sus argumentos, como se demostró durante las reuniones en los seis meses de negociación.
Eso sí, la patronal CEOE –la más grande del país– no representaba solo los intereses de Glovo, sino de un amplio espectro de compañías y sectores afectados por la negociación. También de Just Eat y Telepizza, entre otras empresas, que utilizan un modelo laboral de repartidores, aunque con diferencias (Just Eat subcontrata a la mayoría de los repartidores). Pero CEOE también de patronales logísticas como UNO, que ha denunciado la competencia desleal de multinacionales como Amazon, que no garantiza los mínimos exigidos por ley a los transportistas laborales que sí respetan otras muchas compañías.
Después de pactar la legislación, Glovo abandonó CEOE y está montando una organización empresarial con otras compañías del sector perseguidas por el fraude de falsos autónomos.
Preocupación sobre otro tipo de precariedad: a través de la subcontratación
Uno de los debates presentes en la actualidad es si la nueva legislación logrará combatir la precariedad laboral en el sector o si esta, simplemente, variará. Si se pasará del fraude de los falsos autónomos a otros abusos, especialmente a través de la subcontratación y la temporalidad. El colectivo más conocido de lucha contra los riders falsos autónomos, RidersxDerechos, ha advertido de estos nuevos peligros y reclaman que se vigile que las empresas no acuden a otras fórmulas de explotación laboral.
Aunque algunas voces afirman que la Ley Rider “no dice nada nuevo” de lo que ya establecía el Estatuto de los Trabajadores, y lo que ha dictado el Supremo, la presunción de laboralidad de los repartidores que recoge la norma ya está provocando cambios en las multinacionales que usan autónomos. Algo que no habían conseguido ni las numerosas actas de infracción de la autoridad laboral, ni las sentencias de los tribunales que invalidaban el modelo laboral de estas empresas.
La preocupación sobre el viraje a otras formas de precariedad y a la pérdida de puestos de trabajo es amplia entre los repartidores en estos momentos. Muchos son migrantes, algunos sin permiso de trabajo, que encontraron en estas empresas una vía de ingresos, aunque con un modelo laboral ilegal, y ahora temen por su situación. Estas inquietudes han sido difundidas desde las propias empresas como Glovo y Uber Eats, que han asegurado desde hace meses que el modelo laboral supondría una pérdida de puestos de trabajo y de salario para los riders, algo que –hay que recordar– depende de su poder de decisión en última instancia.
Glovo llamó a los repartidores a que protestaran contra la legislación a través de las asociaciones de mensajeros afines a las empresas, como Repartidores Unidos, AAR y APRA. Repartidors Unidos convocó a manifestarse este jueves frente al Congreso de los Diputados. A la puerta del Parlamento, en la Plaza de las Cortes, se han concentrado alrededor de 150 repartidores con motos y mochilas de Glovo y Uber Eats. Piden que no se apruebe una ley que, afirman, no les tiene en cuenta. “Queremos ser autónomos”, decía un joven repartidor llegado desde Albacete.
“¿Qué trabajo te permite desconectarte cuando quieras o irte a otra ciudad si no hay pedidos en la tuya?”, añadía su compañero, alegando que este verano pretende viajar y trabajar desde Valencia. Además de la flexibilidad, la queja de fondo es que las plataformas están tirando de ETTs para subcontratarlos. Algunos de los asistentes traían modelos de contratos de ETT para denunciar esta práctica.
El sindicato de Vox, Solidaridad, ha estado presente en la protesta. Aunque ahora el partido de extrema de derecha y su incipiente organización sindical defienden los postulados de Glovo, como la creación de la figura del “autónomo digital”, hace unos meses tuiteaban en contra de uno de los directivos de la multinacional catalana. “Nos tendrán enfrente”, decían.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recriminado a Vox que la formación ampare “seguir con modelo laboral basado en la explotación de siglos pasados”. La ministra de Trabajo ha rechazado que, con la “excusa” de la modernidad tecnológica y del desempleo existente en España “las empresas hagan lo que quieran”, que “valga todo”.