Vox es el único partido que admite que rebajará las pensiones

La entrada de Vox en un gobierno con el Partido Popular (PP) sería una amenaza directa al 'bolsillo' de los pensionistas. El partido de ultraderecha es la única formación política que ha admitido durante la campaña de las elecciones del 23 de julio que solo subirán las pensiones “en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural, porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit”, según las palabras de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Esta posición, en la práctica, implicaría una rebaja automática del poder adquisitivo de las pensiones mientras haya desequilibrios presupuestarios, algo que prevén todas las instituciones para los próximos años, aunque se confíe en una senda de reducción del déficit, y que sería imposible de revertir con las promesas de bajar “radicalmente” los impuestos que recoge su propio programa electoral.

En este documento, Vox defiende que “la solución estructural a largo plazo debe ser el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico que asola nuestra nación”. Además, añade que asegurará “la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político”.

Crecimiento de la natalidad, pero sin medidas más concretas para fomentarlo, y recortes del gasto público, pero centrados en la eliminación de niveles administrativos y ministerios, sobre lo que no existe ni ha existido ninguna advertencia nunca por parte de la Comisión Europea. Una fórmula difícil porque para eliminar las autonomías tendrían que cambiar la Constitución. Junto a bajadas de impuestos, sobre todo a los ricos y a las empresas. Estos son los ingredientes de la fórmula de la ultraderecha para reformar el sistema de pensiones, sin ninguna mención a los pensionistas que tienen menos ingresos o a la brecha entre hombres y mujeres. La fórmula con la que tendrá que negociar el Partido Popular (PP) si consigue formar gobierno con el apoyo de Vox.

La ambigüedad del PP

Por su parte, el PP dedica solo un punto de su programa electoral a las pensiones, en el que apunta que asegurará “la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras” y, también, que garantizará “la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo”.

Sin embargo, esta última promesa choca con el voto en contra hace solo unos meses de la reforma del Gobierno de coalición, avalada por la Comisión Europea y que contempla la subida de las pensiones según el IPC. O que se contradice con los años en los que estuvieron en Moncloa, con Mariano Rajoy como presidente, y elevaron las pensiones por debajo del coste de la vida, pese a que los populares hayan intentando esconderlo, con mentiras o medias verdades del candidato Alberto Núñez Feijóo.

El ex presidente de Galicia sí que ha reabierto el debate sobre la 'mochila austriaca' para modificar la política de despidos y de pensiones, aunque nunca ha sido bien vista por los agentes sociales. Se trata de cuentas individuales de capitalización de cada trabajador, que se nutren de aportaciones de las empresas de una pequeña parte de su salario bruto, dinero que los trabajadores recuperan en caso de despido. En lugar de recibir una indemnización, los afectados tienen acceso al dinero acumulado en su fondo.

Si nunca son despedidos, los trabajadores disponen de esta cantidad ahorrada de cara a su jubilación, como si fuera una especie de fondo de pensiones individual. Estas “cuentas individuales de capitalización”, de hecho, están pensadas para ser gestionadas por fondos públicos o entidades financieras, que invierten mientras el dinero.

La defensa del Gobierno de coalición

“Los futuros pensionistas, especialmente las y los más jóvenes, son quienes más beneficiados salen de la eliminación del factor de sostenibilidad que cercenaba su derecho a una pensión digna (con la reforma del PP, los jóvenes habrían perdido de media 300 euros mensuales en su pensión futura)”, explica el PSOE.

“Más de 10 millones de pensionistas actuales han recuperado el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones. De este modo, una persona pensionista que cobraba 1090 euros cuando llegamos al gobierno cobra hoy en día 1367 euros, en lugar de los 1104 euros que cobraría de haberse mantenido la reforma del PP. La diferencia son 3.681euros anuales”, calcula. “De esos más de 10 millones de pensionistas, 2,5 millones se beneficiarán de la dignificación de las pensiones mínimas, y otro medio millón de la subida de las pensiones no contributivas”, añade.

Las dos principales promesas del PSOE en esta materia son blindar “el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional. Garantizaremos ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC”.

“Ya hemos recuperado el derecho a la revalorización de las pensiones para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo después de derogar el 0,25% del PP. Ahora se trata de ir un paso más allá y de llevarlo al texto constitucional, como manifestación de la trascendencia que tiene esta cuestión para la sociedad española”, apunta. Y continúa: “Seguiremos revalorizando las pensiones mínimas y no contributivas durante la próxima legislatura, para reforzar su efectividad en la reducción de la pobreza”.

Y entre otras propuestas se incluye que “por el nacimiento o adopción de cada hijo se reconocerá a cada uno de los progenitores un periodo de cotización de un año, que redundará en su futura pensión”.

Sumar incide en “asegurar que los ingresos mínimos de las personas mayores sean suficientes para un buen envejecimiento, complementando las pensiones más bajas y en especial las no contributivas [por encima del IPC, hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza] para asegurar que no condenan a nadie a la vulnerabilidad social”. Y en “reducir la brecha de género en las pensiones”.

Por otro lado, todos los partidos que han apoyado las principales reformes del Gobierno de coalición en la última legislatura reman en el sentido que PSOE y Sumar. Bildu plantea un incremento “inmediato de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros”. Y el “rechazo a cualquier aumento de la edad de jubilación y/o del periodo de cómputo de las pensiones”.

ERC insiste en aumentar “las pensiones mínimas y establecer revalorizaciones automáticas anclándolas a la evolución del Salario Mínimo Interprofesional, dando cumplimiento a las exigencias de la Carta Social Europea”. Y el BNG concreta su propuesta en “una subida de las pensiones mínimas al 60% del salario medio”.

PNV y Coalición Canaria sí apoyan la subida con el IPC

El PNV también comparte posición con estas fuerzas de izquierdas respecto a ligar la evolución de las pensiones cada año al IPC. Y otro partido de derechas como Coalición Canaria se añade a esta propuesta, pero con otra fórmula: “Garantizando pensiones dignas y actualizadas en función del coste de la vida”.

De hecho, la reforma de las pensiones logró una amplia mayoría en el Congreso este mismo año. Solo encontró el rechazo de la derecha nacional, de PP y Ciudadanos. Y también de Vox, pero únicamente en su discurso, porque se abstuvo en la votación.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, defendió la legislación pactada con los sindicatos mayoritarios, y de la que se descolgaron los empresarios, sobre la que destacó que garantiza la sostenibilidad del sistema “a corto, medio y largo plazo” además de reforzar la protección de “la mayoría social” del país, eliminando “la incertidumbre de los recortes a los pensionistas presentes, pero sobre todo a los del futuro” que suponía la reforma del PP de 2013.

Multas de la Comisión Europea

Al margen de los programas electorales, la derogación o los cambios significativos de la reforma laboral, de las pensiones o de la nueva ley de vivienda que pudiera intentar el PP si llega al Gobierno con el apoyo de Vox implicarían penalizaciones millonarias de la Comisión Europea por incumplir las normas del Plan de Recuperación.

El reglamento para la concesión de las transferencias y préstamos de los fondos europeos exige que los Estados “no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”. Medidas como son efectivamente la reforma laboral que el Ejecutivo actual aprobó en 2021 o la de las pensiones y la ley de vivienda que ha aprobado este año, y que pueden peligrar si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, consigue alcanzar la Moncloa.

El reglamento del Plan de Recuperación se publicó en el BOE el 12 de febrero de 2021, y recoge en su artículo 24 que ante la petición de cada pago de los fondos, “la Comisión, con carácter preliminar y sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, evaluará si se han cumplido de forma satisfactoria los hitos y objetivos pertinentes establecidos”. Y añade que “presupondrá que el Estado miembro interesado no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”.

“Esto quiere decir que en la solicitud de desembolsos se evalúa también que no se han revertido las reformas. En caso de que se hayan revertido, existe una penalización económica por incumplimiento del Plan de Recuperación”, explican fuentes del Gobierno. De esta manera el eslogan repetido por Feijóo en numerosas ocasiones de “derogar el sanchismo” quedaría bastante limitado por la normativa comunitaria.