El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha sido citado a declarar de nuevo como imputado el próximo 5 de abril a las 10.30 horas por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que le investiga por un presunto delito de blanqueo por el origen de su patrimonio familiar.
El magistrado Antonio Serrano-Arnal adopta esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir la causa relativa al delito de blanqueo, que él mismo sobreseyó el pasado mes de mayo al considerar que el informe de la Guardia Civil en que se sustentaba la investigación carecía de “sustento básico”.
En dicho informe, la Unidad Central Operativa (UC) había atribuido a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos. Según el Instituto Armado, el exvicepresidente se aprovechó desde su puesto en el Gobierno del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para “colocar” en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener “sustanciosos contratos de publicidad”.
El exdirector general del FMI tendrá que responder de las acusaciones de blanqueo contenidas en el informe de la UCO, fechado en marzo de 2017, que entre otras cosas consideraba que existían indicios suficientes de que empleó sociedades domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- utilizando como testaferros sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida.
El fin último de estas sociedades, siempre según la UCO, era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al fisco.
Desde 2006, otras dos sociedades, Westcastle y Red Rose, habrían canalizado fondos de Vivaway y Kradonara, cantidades que la UCO estima en torno a los 8 millones de euros.