Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, recibe exultante a los periodistas de elDiario.es en las oficinas del Ministerio. Acaba de firmar con los sindicatos mayoritarios el acuerdo para la reducción de jornada a 37 horas y media en 2025, pese a las trabas que ha puesto el PSOE, su socio en el Gobierno. “Es muy difícil decir que no a reducir la jornada porque mejora la vida de la gente”, asegura a la vez que pide una reflexión a los socialistas. Díaz lamenta los obstáculos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y recuerda que esta medida está en el acuerdo de investidura. “La política que se fundamenta en promesas incumplidas es la que hace ensanchar a la derecha”, subraya la ministra.
La vicepresidenta segunda insiste en que el Gobierno debe “dar esperanza” a la ciudadanía legislando, aunque sea complejo armar mayorías en el Parlamento. Por ello, sigue sumando metas en el horizonte cercano. Desde la reforma del despido, que pretende abordar “a la vuelta del verano”, aumentar la democracia en las empresas con los trabajadores dentro de sus consejos de administración, para lo que ya ha creado un grupo de expertos y expertas, a convencer a sus socios de coalición para que se intervenga en uno de los temas más urgentes para la sociedad: “El precio de la vivienda”, sostiene.
Acaba de suscribir el acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral máxima a 37 horas y media en 2025. ¿Quiénes son los trabajadores y trabajadoras a los que afectaría por esta reducción?
De manera clave, las mujeres, que son las que tienen contratos más precarios. Esta medida tiene un enorme impacto de género. También los jóvenes y todos los trabajadores y trabajadoras no afectados por la negociación colectiva. Alrededor de 12 millones de hombres y mujeres trabajadoras de los 18 millones y medio de población asalariada que tenemos. Es muchísimo.
La firma con los sindicatos se ha producido en la misma semana en la que ha estallado el choque entre Trabajo y Economía por la jornada laboral. ¿Economía acepta el texto firmado con los sindicatos? ¿Va a aprobarse este texto en el Consejo de Ministros o ahora toca negociar dentro de la coalición?
De ninguna manera. El PSOE tiene que respetar el acuerdo de gobierno que suscribimos el presidente del Gobierno y yo. La política que se fundamenta en promesas incumplidas es la que hace ensanchar a la derecha en nuestro país y en el mundo. Es lo que está pasando en Francia.
El gran problema que tiene España es de desafección ciudadana, que es hoy mayor que en 2015. Si hay algo que es una fábrica de alejamiento de la cosa pública es no cumplir lo que se ha prometido. Y no solamente es el acuerdo de gobierno, es el acuerdo de investidura. El presidente del Gobierno fue investido con una razón muy potente que era no solo reducir la jornada laboral, sino hacer un planteamiento de modernización de las empresas y, sobre todo, de vivir mejor en España. Por tanto, se va a cumplir el acuerdo de gobierno.
Se han señalado dos diferencias con Economía: la fecha de aplicación de la reducción, ir más allá de 2025, y la afectación a las trabajadoras a tiempo parcial. ¿Se han resuelto estas diferencias? ¿Van a aplicarse estas cuestiones como se ha firmado con los sindicatos?
Hemos sido condenados por el Tribunal de Justicia Europeo por discriminación indirecta por no respetar las condiciones de protección social de la parcialidad. Esto lo reparamos en una Directiva, la de condiciones transparentes, que tuvo una discusión en el seno del Gobierno de un año. ¡Un año! Fue durísima la negociación, pero se impuso el sentido común.
El PSOE tiene que respetar las fuentes de derecho comunitario. No puedo comprender por qué el PSOE quiere castigar a las mujeres trabajadoras. Son 1.300.000 mujeres las que están trabajando a tiempo parcial. Es castigar a las personas que trabajan en la dependencia, en los cuidados, en el comercio y en un montón de sectores a que vean desmejorada no solo su protección social, sino su condición salarial y su vida. Me parece gravísimo. Esto es clave, pero se va a respetar, igual que la entrada en vigor.
En 2025.
Tenemos un acuerdo que la jornada laboral se reducirá a las 37 horas y media para toda la población asalariada a 31 de diciembre del 25. Esto es lo que hay que hacer. Cumplir.
Siento cierto hastío, porque he dado muchísimas batallas en el seno del gobierno. La primera, el salario mínimo, luego los ERTE. Recuerden la discusión que tuvimos con los ERTE el señor Escrivá y yo misma con Economía y con Hacienda, nos decían que íbamos a cargarnos la economía española. Después, la norma de los Riders… O la reforma laboral. Cuando deje de ser vicepresidenta, contaré lo que se ha vivido.
Hoy se presume de todas estas medidas, que son eficientes económicamente. Somos la economía de la OCDE que más crece gracias al empleo. Y me parece que con esta medida va a pasar exactamente igual. Mejora la productividad, la vida de los trabajadores y las trabajadoras, la economía,... En fin, no comprendo las razones por las que el PSOE se coloca en contra de una medida que está deseando la gente trabajadora. Después de un año durísimo, creo que se merecen una buena noticia.
Después del Consejo de Ministros la reducción de jornada tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados, donde al Gobierno le está costando mucho lograr mayorías. ¿Pueden conseguir los apoyos parlamentarios?
Este jueves fuimos a una votación en la que hasta el último minuto no sabíamos qué iba a pasar. Nos lleva pasando en todas las negociaciones y votaciones. Lo primero que tengo que decir: los españoles han votado bien y han decidido tener una mayoría que es plural y, no lo puedo ocultar, que es muy complicada. Ahora bien, ¿esto quiere decir que tenemos que dejar de legislar porque tenemos una mayoría parlamentaria compleja? Yo digo que no, que hay que avanzar. ¿Es fácil? No, pero es la democracia. Para mí no resultó fácil sacar ninguna norma en el mandato anterior, como la reforma laboral. Pero, ¿se imaginan que no lo hubiera intentado?
Creo que merece la pena. Si hay algo que da esperanza a la ciudadanía, en un gobierno que está siendo asediado, creo que es esta. Tenemos la obligación de dar esperanza, de decir a millones de personas trabajadoras que tienen derecho a vivir un poquito mejor. Si no, ¿para qué vale lo que hacemos?
E insisto, todas las formaciones políticas (salvo Vox) la apoyan, como se vio en la votación en el Congreso de los Diputados en la que hasta el Partido Popular se abstuvo. Porque es que dos de cada tres votantes, voten a quien voten, quieren que se reduzca la jornada laboral.
¿Puede asegurar el apoyo de Junts? ¿Cómo están siendo las negociaciones?
Están siendo negociaciones como todas, Difíciles, complicadas, pero confío en que se pueda sacar. Porque es muy difícil decir que no a una medida que mejora la vida de la gente. Conociendo lo que conocemos hoy, las formaciones políticas que votaron ‘no’ a la reforma laboral creo que hubieran cambiado el voto. Hasta el señor Feijóo. El Partido Popular tiene un gravísimo problema con esta votación porque sus votantes, que es a quienes se deben, quieren la reducción de la jornada laboral.
Con Junts estamos negociando, tenemos tiempo para hacerlo y desde luego, como hago siempre, me dejaré la piel para que esta medida salga adelante. Pero no es ni más ni menos difícil que otras negociaciones.
El Partido Popular tiene un gravísimo problema con esta votación porque sus votantes, que es a quienes se deben, quieren la reducción de la jornada laboral.
¿Cree que es posible que se pueda atraer a los empresarios al acuerdo durante el debate parlamentario?
Siempre quiero acuerdos. La patronal española estuvo en la mesa de diálogo social con dos normas muy importantes, el Reglamento de Igualdad Retributiva y de los planes de igualdad en las empresas, pero no quiso rubricar el acuerdo, como ha hecho aquí. Y mucho tiempo después se da cuenta de que se equivoca, porque colocarse hoy en contra de la igualdad es ir en contra de la historia, y se reubicó. Siempre hay tiempo.
Este es un debate de época, que tiene que ver en cómo producimos, con el bienestar personal, con la salud mental, con la lucha contra el cambio climático… Bernie Sanders nos ha pedido con carácter inmediato vernos después de este acuerdo con los sindicatos. ¿Por qué? Porque es un debate de época, no en España, sino en todo el mundo.
El pacto con los sindicatos también regula cambios relevantes en el registro horario: que sea accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo y aumenta las multas por abusos. ¿Van a intensificar el control de las horas extra ilegales, que ni se pagan ni se compensan?
No nos vale de nada reducir la jornada laboral si no tenemos una herramienta eficaz de control. Sí, las horas extra no pagadas son tres millones a la semana no retribuidas y las hemos reducido a la mitad desde que llegamos al gobierno. Quizás lo más complejo de esta norma es esto. Vamos a tener controles horarios efectivos, eficientes, interoperables, digitalizados, en remoto y con acceso a la Inspección de Trabajo. Esto es lo que más pavor le da a la patronal española.
Cuando se modificó el registro horario en 2018, se miró al siglo XX, en papel, que es un dislate en estos tiempos. Que el registro sea digital nos ahorra muchísimas horas de personal público en la Inspección de Trabajo. Ahora hay que probar cada hora extra, de gran dificultad con registros en papel y en los que hacen firmar a los trabajadores con carácter anticipado las horas que hacen. Esto se va a acabar.
Lo que más le preocupa a la patronal española es esto y, siguiendo el espíritu de la reforma laboral, las sanciones. Ahora hay una multa por una única empresa y por un importe de 7.500 euros. Es que sale muy barato incumplir las normas de materia de jornada. Ahora vamos a un incremento de la sanción importante y encima es una sanción por cada trabajador.
La reforma del registro de jornada es lo que más pavor da a la patronal
¿Las trabajadoras del hogar van a poder registrar su jornada, como ha sentenciado la justicia europea?
Sí, va a ser universal el registro. Y sin ningún temor a los empleadores, no se trata de darles una obligación más, hay tecnología suficiente, esto lo podamos hacer. Las trabajadoras del hogar no son trabajadoras de segunda.
¿Cuándo van a presentar una propuesta de subida del salario mínimo en 2025?
Ya mismo.
¿Hay diferencias con Economía como ha ocurrido en el pasado?
No he despachado este tema con Economía. El señor Cuerpo en su momento incorporó una adenda en el informe del Comité de Personas expertas de 2022.
Espero que no las haya, porque colocarse ya en contra de la subida del salario mínimo… Pero visto lo visto, pues no sé. Espero que no se coloquen en contra de la herramienta que permitió reducir la desigualdad en España, quedando mucho camino por recorrer, y que permite que hoy tengamos mejores condiciones de vida.
¿Qué consecuencias puede tener la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que se pueda aumentar la indemnización de 33 días por despido improcedente en los tribunales? ¿Van a dar algún paso en el cambio de legislación para ampliar la indemnización por despido?
Es una sentencia importante. Como siempre, respeto todas las resoluciones judiciales, lo que no obsta para que no la comparta. El Supremo habla de la OIT, pero no del Comité Europeo de Derechos Sociales. Dicho lo cual, la Constitución Española opera en España y los tratados internacionales suscritos por España tienen eficiencia y son fuente de derecho español.
Es decir, las resoluciones que emanan de este Comité Europeo de Derechos Sociales operan en España y en todos los países que nos hemos adscrito. Por tanto, lo vamos a aplicar sin lugar a dudas. Será a la vuelta del verano, haremos la reformulación legal pertinente y tendremos una legislación laboral acomodada a la doctrina europea.
Abordaremos la reforma del despido a la vuelta del verano.
¿Cómo van a reformar el despido?
¿Qué vamos a hacer? Acomodar la doctrina del despido a la lógica indemnizatoria de cualquier supuesto en el derecho civil español, que tiene dos elementos: el daño emergente y el lucro cesante. Y esto es lo que se viene a denominar, la doctrina de despido restaurativa.
Siempre les pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo una extinción contractual en una persona que esté muy cercana a la jubilación a que lo haga en otro momento de su vida y con formación suficiente para una incorporación rápida al trabajo.
Una empresa, Glovo, prácticamente se declaró en rebeldía contra la ley hasta que su principal directivo ha sufrido una acusación penal que le ha llevado a los tribunales. ¿Cree que se van a incrementar las acusaciones criminales contra directivos de empresas para que no cumplan las leyes?
El principio de legalidad opera en España y por muy potente que sea una empresa se va a someter al imperio de la ley. Esto es muy importante, no para las grandes, sino para las pequeñas empresas. Hay también un principio de competencia desleal, por las empresas que usan algoritmos y plataformas digitales que están aplicando convenios colectivos, respetando la legalidad. Lo que pretendía esta empresa era colocarse extramuros de la legalidad.
Así que hemos tenido que modificar el artículo 311 del Código Penal. A mí no me gusta nada tener que aplicar el derecho penal, sabiendo las responsabilidades que irroga, que es la última ratio. No me gusta ver al responsable de esta empresa sentado en los tribunales españoles y se lo he dicho. Pero, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Aquí se acabó que vengan las empresas para cambiar las normas a su favor, creo que lo he dejado claro. Esto se ha acabado. La democracia opera. Creo que la reforma pendiente en España es la reforma empresarial y la económica para que la democracia llegue a esta parte sustancial.
Hablando de democracia económica, ¿veremos en esta legislatura un elemento de democracia dentro de las empresas que es la representación de los trabajadores en los consejos de administración?
Ya está constituido el Comité de Expertos y Expertas sobre la democracia en el trabajo, que está coordinado por la profesora y especialista Isabel Ferreras. Esta cuestión es clave. Esto, fíjese que ya estaba recogido en el artículo 129 dos de la Constitución española, pero nadie se acordaba hasta que hemos llegado nosotros al Gobierno. Hay que democratizar la parte económica de nuestro país. Las empresas deben sumarse. La participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas es la mejor garantía de corresponsabilidad en términos democráticos.
Cómo es posible que un fondo de inversión pueda en dos segundos, en un clic, laminar una empresa y quienes dedican toda su vida en esa empresa, los trabajadores y las trabajadoras, no puedan ni siquiera ser oídos. En Alemania lo tienen desde 1976. En Euskadi ya tienen otras formulaciones y hay empresas públicas españolas donde ya existe como en Navantia.
Ya está constituido el Comité de Expertos y Expertas sobre la democracia en el trabajo, que está coordinado por la profesora y especialista Isabel Ferreras
¿Cree que su Gobierno está haciendo lo suficiente para solventar el problema de la vivienda? ¿Qué medidas podrían aprobarse?
Es necesario que el año que viene avancemos en esta materia. La vivienda es la gran fábrica de desigualdad de nuestros tiempos. Necesitamos cambiar el paradigma de usar la vivienda como un bien de inversión en lugar de un derecho fundamental. Podemos seguir subiendo los salarios, pero si no avanzamos en la reducción del precio de la vivienda no vamos a conseguir paliar el malestar social que existe. La vivienda es ya un problema, no solo en las grandes ciudades, sino en toda España. Voy a trabajar para ser país más europeo y con mejores salarios, pero no somos europeos en materia de vivienda.
Tenemos una discrepancia con el PSOE, no compartimos las recetas. Por ejemplo, no es democrático que las Socimis tributen al 1% cuando un pequeño autónomo o empresario lo hace al 18% y por eso lo intentamos cambiar en la reforma fiscal. Compartimos que hay que tener un parque público de vivienda, sin lugar a dudas, pero lo que necesitamos con carácter inmediato es bajar el precio de la vivienda. Nosotras, desde Sumar somos claras: las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tienen que ser penalizadas por no aplicar la Ley de Vivienda, que es un derecho fundamental de los españoles y las españolas vivan donde vivan. ¿Ustedes se imaginan que yo digo que me niego a cumplir una ley? Las comunidades autónomas que se rebelen ante la Ley de Vivienda deberán ser penalizadas sus subvenciones y sus recursos financieros del Estado. En principio, el PSOE lo iba a hacer y después dio marcha atrás. Es un error.
Otra propuesta es que no se pueda realizar compraventas de viviendas con fines especulativos. ¿Quiere esto decir que no se pueden hacer compraventas para otros fines? Por supuesto que sí, pero no con fines especulativos. Hay que poner en funcionamiento con carácter inmediato el índice de precios de referencia y una regulación de los arrendamientos de temporada y turísticos, que son los que están tirando del precio al alza de manera especulativa.
Afirma que está segura de que va a haber Presupuestos en 2025. ¿Qué le hace tener esas esperanzas, con las dificultades para reunir mayorías con partidos como Junts y Podemos? ¿Cuándo cree que podrán aprobarse?
Estoy convencida de que va a haber Presupuestos. Quiero que sean unos Presupuestos que hagan avanzar a nuestro país. Que tengamos ampliadas las semanas de permisos por nacimiento y que además haya cuatro semanas [del permiso parental] que sean retribuidas. Ahora España está siendo multada por este incumplimiento. Tienen que ser unos Presupuestos con la misión fundamental de reducir la desigualdad. Es un objetivo que podemos compartir con diferentes formaciones políticas, aunque sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que coincidir en políticas públicas para mejorar el país. Después de haber sufrido la DANA, ¿no deberíamos repensar las infraestructuras en España? ¿Tiene sentido seguir ampliando el puerto de Valencia? ¿No nos podemos poner de acuerdo en unos Presupuestos que tengan en cuenta el cambio climático? La Comisión Europea nos ha felicitado por los permisos climáticos, por legislar en materia climática desde el ámbito laboral. ¿No somos capaces de ponernos de acuerdo en esto? Creo que hay margen, aunque no va a ser fácil.
¿Qué le parece la actitud de Junts, del partido de Carles Puigdemont, en las últimas semanas, con las diferentes negociaciones y la petición de una cuestión de confianza?
Solamente quiero decir que no me gusta a lo que se ha llegado en nuestro país con lo que hizo el Partido Popular. No puedo comprender que en España haya personas en prisión por ser independentistas. Estamos hablando de un conflicto político que se tiene que resolver con diálogo y con política. Siento profundamente que el Partido Popular haya intentado sacar rédito político con la situación de Catalunya. Es una barbaridad lo que hace Alberto Núñez Feijóo, al igual que Mariano Rajoy, de intentar poner a los andaluces contra los catalanes o a los gallegos contra los catalanes. El “a por ellos” es una vergüenza democrática de nuestro país. Somos todos y todas españolas y vivimos en un país plurinacional y diverso. Junts tiene su estrategia política en la que yo no me voy a meter.
¿Cree, como dijo el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que algunos partidos del bloque de la investidura buscan una repetición electoral?
No voy a hacer interpretaciones. Trabajo con la convicción de seguir modernizando mi país y garantizar que los hombres y mujeres de la mayoría social española puedan vivir con dignidad. Conozco muy bien Alberto Núñez Feijóo. No me voy a distraer: todo lo que pueda hacer para que no gobierne el señor Feijóo con el señor Abascal lo voy a hacer. Conocemos muy bien a Alberto Núñez Feijóo, es un radical y no necesita a Vox.
Me van a encontrar enfrente si lo que se pretende es que gobierne la derecha porque es causarle un sufrimiento al pueblo español. Recuerdo muy bien sus políticas, cuando el señor Mariano Rajoy quitó las pagas extras a los funcionarios, congeló el salario mínimo, cuando revalorizaba las pensiones al 0,25%, cuando recortó 8.000 millones de euros en la sanidad y 13.000 millones en la educación pública. Las políticas basadas en el dolor son el pasado, forman parte de las políticas del odio. Alberto Núñez Feijóo aplicó la austeridad en Galicia un año antes que el PP la aplicara en España, sin ser necesario, le dijo a los gallegos y las gallegas que nos teníamos que apretar el cinturón, ese corsé neoliberal. Por eso, quienes quieren que gobierne la derecha y la extrema derecha se lo tienen que explicar a los españoles y a las españolas. A mí no me van a encontrar ahí.
Decía hace unos días que gobernar no era “resistir”. ¿Cree que la legislatura va a durar hasta 2027?
Estoy convencida de que la legislatura va a ser larga. Quiero que generemos esperanza en España. Que los progresistas y las progresistas que nos han votado puedan soñar y vivir un poco mejor. La reducción de la jornada laboral es la herramienta para cambiar nuestro país, para dar esperanza, para que la gente que trabaja puedan ser un poquito más feliz. Tanto el presidente del Gobierno como yo tenemos un objetivo común de país, pero aún siendo diferentes podemos caminar juntas. La derecha que siga con su ruido y castigando a los españoles y a las españolas. Si el señor Feijóo vota en contra de la reducción de jornada, no golpea a este Gobierno, está golpeando a 12 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
Pedro Sánchez dijo que algunos jueces hacen oposición al Gobierno, ¿usted también lo cree?
Hay miles de jueces y juezas que a diario prestan un servicio público fundamental y lo hacen con dignidad y con muchísimo honor. Lo sé muy bien. Por ejemplo, un tribunal acaba de dictar que las trabajadoras del hogar tienen que tener registro horario en condiciones de igualdad, lo que es un factor de democratización de España. Dicho lo cual, es verdad que hay jueces y juezas en nuestro país que, con carácter presunto, hacen política de manera directa. Si los jueces y juezas progresistas salieran a manifestarse como han hecho algunos jueces y juezas conservadores en nuestro país, tendrían hoy causas judiciales. Por cierto, en este país se ha condenado a algún juez por prevaricación y algunos otros delitos. Lo digo porque se olvida que un Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe sobre una norma todavía no aprobada, de manera anticipada. Le hablo de la Ley de Amnistía.
¿Considera que el presidente del Gobierno ha dado suficientes explicaciones sobre la salida de Ábalos del Ejecutivo?¿Y sobre los tratos de algunos ministros con Aldama?
En primer lugar, confío plenamente en el presidente del Gobierno. Quiero aprovechar esta entrevista, aunque se lo hago a diario, para mostrarle mi cariño al presidente, a su esposa y a sus hijas. También quiero mandarle un mensaje a los progresistas de mi país. Cuando yo me quedé [en pandemia] con un equipo menguado de solamente cinco mujeres, poniendo en marcha medidas de protección social como nunca se había hecho, aquí al lado había gente que estaba presuntamente robando. Me causa indignación, pero es verdad que el presidente del Gobierno actuó desde el primer minuto. No somos todos iguales. La señora Isabel Díaz Ayuso mantiene a su número tres. La corrupción es el factor de corrosión democrática más importante que tenemos. Tolerancia cero con la corrupción y así ha actuado el presidente del Gobierno.