Los criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno —conocidos como ASG— han ganado peso en los últimos años tanto en la estrategia de las corporaciones como a la hora de aplicarlos a las inversiones. Aunque de los tres, los aspectos sociales han sido los más relegados, la pandemia ha extendido la conciencia sobre la necesidad de luchar aún más contra las desigualdades.
Los ASG hacen referencia a la relación que existe entre las compañías y las entidades financieras con los distintos grupos de interés —empleados, colaboradores y clientes, proveedores y la sociedad en general—, y cada letra se vincula con un ámbito. La ‘A’ hace referencia a la actuación de una organización respecto al cuidado del planeta, a través de la reducción y neutralización de las emisiones de carbono, el reciclaje o la protección de la biodiversidad, entre otros. La ‘S’ tiene en cuenta la repercusión sobre la comunidad de las actividades desempeñadas por las organizaciones, por ejemplo, en términos de diversidad, derechos humanos o cuidados sanitarios. Y la ‘G’ pone el foco en la transparencia o la veracidad.
La mayor dificultad para medir el impacto de las cuestiones sociales es, según el Banco Santander, una de las razones por la que la ‘S’ es más desconocida. No obstante, la entidad, que se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos en materia de sostenibilidad, apunta que el factor social está ganando terreno. En los últimos años, el mundo ha sufrido importantes cambios y, de la misma manera, lo ha hecho la forma de pensar de clientes y consumidores. Ahora no basta con que las compañías ofrezcan productos y servicios que satisfagan sus necesidades, sino también que estén alineados con sus valores, intereses y preocupaciones.
Como explica la entidad, “de la misma forma que en las finanzas sostenibles existen los bonos verdes, que son instrumentos de inversión para apoyar proyectos con un impacto medioambiental positivo, las instituciones pueden emitir bonos sociales”. De hecho, la pandemia provocada por la COVID ha elevado la inversión social y están proliferando estos instrumentos de deuda cuyos fondos se destinan a financiar o refinanciar proyectos sociales que busquen solventar parcial o totalmente un determinado problema común, ayudando así a los colectivos más vulnerables. Como muestra, en 2020 la Unión Europea emitió un bono social sin precedentes, a través del programa SURE, que buscaba apoyar temporalmente el empleo.
“Los bonos sociales son la cara más humana de las finanzas sostenibles”, aseguran desde el Santander, que destaca la importancia de fijar y medir el impacto que se quiere conseguir para que cumplan su objetivo en función de las distintas áreas de aplicación. Así, en lo que se refiere al mercado laboral, hay bonos sociales cuyos fondos están orientados a mantener o incrementar la ocupación de una determinada población y mejorar todo lo que rodea a ésta, como puede ser, entre otros, la prevención de riesgos. En el ejemplo mencionado de la Unión Europea, el bono buscaba dar soporte a aquellos casos de reducción de jornada o regulación temporal de empleo, dos situaciones muy agudizadas por la crisis sanitaria.
También destacan los bonos enfocados en la sanidad, que buscan reforzar y aumentar los recursos en este sector tan necesario para la sociedad con proyectos destinados a dotar de camas en los hospitales, aumentar el número de plazas en lugares como residencias, disponer de más material sanitario, etc. O los centrados en vivienda, dirigidos a fomentar la emancipación o ayudar a aquellas personas que llevan un tiempo viviendo en régimen de alquiler, bonificando, a través de una ayuda económica, una determinada parte de la cuota mensual o garantizando los suministros: bonos eléctricos —para cubrir las necesidades de energía eléctrica como la luz—; térmicos —como la calefacción—; o de infraestructura básica —que dan acceso a servicios de telecomunicaciones como internet—. De hecho, esta categoría es una de las más demandadas por los colectivos vulnerables.
Los servicios financieros, la educación y la cultura son otras de las áreas que pueden ser objeto de los bonos sociales. En el primer caso, apunta Banco Santander, el objetivo es empoderar financieramente a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión, mediante distintas iniciativas como acceso a productos bancarios básicos.
En el ámbito de la educación, se centran en estimular la formación y desarrollo académico de determinados grupos. Como en los casos anteriores, las ayudas no solo consisten en un apoyo económico, sino también en recursos materiales como pueden ser libros, mobiliario o dispositivos tecnológicos como ordenadores. Por último, los bonos sociales dedicados al fomento de la cultura se plasman en productos, tanto en soporte físico —libros, discos, videojuegos, etc.— como en digital —libros electrónicos, audiolibros, pódcast, suscripciones a publicaciones periódicas como pueden ser las revistas—; y actividades, como entradas para artes escénicas, museos, exposiciones, cine, bibliotecas o festivales.
Para solicitar un bono social no hay un requisito predeterminado, todo dependerá de las pautas que determine el emisor, así como otros aspectos como puede ser la legislación vigente. Sin embargo, hay algunas variables que suelen aparecer con frecuencia: la edad; el alcance geográfico de la prestación —local, regional, nacional o supranacional—; la situación económica, que se apoya fundamentalmente en los ingresos brutos percibidos por el solicitante o su unidad familiar; la situación laboral —desempleo, reducción de jornada, ERTE, etc—; y el estado civil y el número de miembros que componen la unidad familiar —familias numerosas, presencia de uno o varios miembros con grado de discapacidad o dependencia—.