La Fundación Alquiler Seguro, mediante su Departamento de Estudios, presenta hoy los resultados del Estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en España, una radiografía que muestra el impacto del incremento desmesurado de los precios en la solvencia de las familias españolas, tras alcanzar nuestro país la mayor tasa de inflación de los últimos 30 años. Una situación que está provocando que sean muchos los arrendatarios que tienen dificultades para hacer frente al pago del alquiler.
Tras el fin de las restricciones por la pandemia y cuando se esperaba que los indicadores económicos volvieran a los niveles previos a la COVID, las familias españolas tienen que hacer frente a un escenario económico adverso. Un panorama provocado, entre otros factores, por la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y la inestabilidad internacional, que han sido el caldo de cultivo para que los precios se disparen.
La inflación en el conjunto de la Unión Europea ha registrado un nuevo máximo histórico (+10%), lo que ha llevado al Banco Central Europeo a desarrollar una política monetaria restrictiva. Esto ha tenido impacto en la contracción del crédito y los ingresos
de los ciudadanos, que han visto menguada su capacidad adquisitiva ante un incremento de los precios que no se refleja en sus sueldos.
La subida de la cesta de la compra, los carburantes y los suministros energéticos, entre otros bienes básicos, ejercen ahora una presión en la capacidad de pago de las familias, que son incapaces de atender al alquiler en el tiempo y forma acordados. Esta coyuntura se traduce en un aumento de los casos de impago, tendencia que parece que se sostendrá a corto plazo.
Aumentan las dificultades para pagar el alquiler.
Las dificultades económicas a las que están sometidos los inquilinos están provocando que muchos de ellos se vean obligados a pagar la renta fuera del plazo estipulado en sus contratos. “Mes a mes el coste de los productos básicos se va encareciendo y, ante las dificultades para afrontar los gastos, no son pocos los que, queriendo pagar, se ven obligados retrasar el abono de las rentas”, explican desde la Fundación Alquiler Seguro.
El Estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos también revela que existen situaciones en las que el inquilino no puede llegar a hacer frente al pago del alquiler. En concreto, entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022 los impagos crecieron un 5,2% de media en España.
Se trata de un alza generalizada en todos los territorios, aunque dispar. Murcia es la comunidad autónoma que más ha sufrido los efectos de esta situación, con un aumento de la morosidad del 8,3%. Tras esta región, destacan el archipiélago canario con un incremento del 7,4% y Cataluña con un 6,2%. “La precaria situación económica de muchas familias por las restricciones de la COVID se ha visto agravada por un aumento descontrolado de los precios”, explican desde la Fundación Alquiler Seguro. Por otro lado, existen otros territorios donde el impacto ha sido menor, con incrementos inferiores al 2,5%. Así, Extremadura fue la autonomía donde menos crecieron los impagos (+2,03%), seguida de Asturias (+2,2%), y Ceuta y Castilla-La Mancha, ambas con un incremento del 2,4%.
La deuda media supera los 6.800 euros.
El Estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos que presenta hoy la Fundación Alquiler Seguro, también ofrece otros datos de especial relevancia, como cuál fue la cantidad media adeudada por la falta de pago de la renta. Entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022, los inquilinos dejaron a deber a sus arrendadores 6.874 euros de media, lo que supone una cantidad de un 7,9% por encima de la deuda contraída el año anterior. “A medida que van pasando los meses y los precios continúan incrementándose, la deuda que contraen las familias con los propietarios es mayor”, analizan.
Al igual que ocurre con la morosidad, la cuantía adeudada por los arrendatarios es muy diferente dependiendo del territorio. Por encima de la media nacional se encuentran los siguientes: Madrid (9.006 euros), Islas Baleares (8.945 euros), Cataluña (8.896 euros) y País Vasco (7.199 euros).
Mientras que, en el lado contrario de la gráfica, destacan otros mercados donde el porcentaje de viviendas sobre el total del parque inmobiliario es menor. Estos son: Extremadura (3.181 euros), La Rioja (3.340 euros), Castilla y León (3.539 euros) y Asturias (4.111 euros).
Tras un año con la tasa de inflación disparada las previsiones indican el inicio de una moderación en los precios, debido al impacto de las políticas monetarias restrictivas del BCE y el riesgo de recesión global. A pesar de estas perspectivas, la capacidad de pago de los ciudadanos ha quedado gravemente comprometida, por lo que desde Fundación Alquiler Seguro se prevé que las dificultades de los inquilinos para pagar las rentas de sus alquileres no disminuirán en los próximos meses.