El Tribunal Constitucional ha ordenado a las Cortes de Castilla y León reabrir la comisión de investigación por los sobrecostes del edificio Perla Negra, la llamada trama eólica y el negocio de las sedes comerciales en el extranjero, casos todos vinculados a redes de corrupción con ramificaciones políticas que estudian varios juzgados.
El Constitucional da la razón al PSOE y estima el recurso de amparo que promovieron dos procuradores socialistas contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León que paralizaba las investigaciones abiertas en el parlamento regional sobre estas tramas.
La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, establece que con su acuerdo adoptado en diciembre de 2017, la Mesa de las Cortes ha vulnerado el derecho del PSOE a “ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (articulo 23.2 de la Constitución) que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (artículo 23.1)”.
El fallo del Constitucional obliga a restablecer al PSOE en su derecho y por lo tanto a anular el Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 20 de diciembre de 2017. Además ordena retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que la Mesa de las Cortes dicte nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada “que sea respetuosa con el derecho de participación política” regulado en el artículo 23 de la Constitución.
El PSOE señala a la presidenta de Las Cortes
En el momento de efectuar el recurso de amparo, el entonces procurador Javier Izquierdo planteó que era la última herramienta con la que contaban los socialistas, tras intentar agotar todas las vías políticas que permitía el reglamento de las Cortes. Para Izquierdo, la obstrucción de la comisión de investigación era culpa de la presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, “en connivencia con el presidente Juan Vicente Herrera”, quienes, según él, bloquearon el establecimiento de un calendario de comparecencias tras dos años de comisión.
La sentencia del Constitucional llega unos días después de que se haya conocido el procesamiento de la que fue cúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León en el Gobierno de Juan Vicente Herrera por el Caso Perla Negra y Polígono de Portillo.
El portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha acusado al PP de “vulnerar la Constitución” para “tapar” su “corrupción”. “Esta sentencia del TC llega en un momento en el que entendemos mejor aún qué era lo que el PP tenía que ocultar”, ha afirmado Tudanca, quien ha reprochado que frente a la “corrupción del régimen del PP durante 30 años”, este partido haya aplicado una estrategia de “obstaculización y dilación”.
Para el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, la sentencia demuestra que el PSOE “tenía razón en que existía corrupción” y refleja que “el PP está dispuesto a utilizar las instituciones hasta el punto de vulnerar la Constitución para tratar de meterla debajo de la alfombra”. “Es una demostración más de que hay un régimen del PP que está manchado absolutamente de corrupción y que están dispuestos a cualquier cosa para taparla”, añade. Tudanca recuerda además que “en apenas unos meses, han condenado a quien fuera vicepresidente de esta Comunidad en la trama Gürtel -Jesús Merino-, han imputado a toda la cúpula de la Consejería de Economía y el Tribunal Constitucional les condena por vulnerar la Constitución”.
La investigación judicial de la Trama Eólica, entretanto, sigue avanzando y mantiene a una veintena de imputados, algunos de ellos también relacionados con el caso Perla Negra, como el exsecretario general de Economía en la Junta, Rafael Delgado, o los responsables de la promotora del edificio de Economía, Urban Proyecta PM3, que aparecen en el pelotazo de los parques de molinos.
Investigación de eldiario.es sobre las sedes
En cuanto a la investigación de las sedes en el exterior, aunque se llegó a incluir en el caso Perla Negra el alquiler a Urban Proyecta del palacete de Bruselas en el que la Junta estableció su sede comercial, el juez no se ha pronunciado en el auto que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la celebración de juicio.
eldiario.es realizó una extensa investigación sobre estas sedes y descubrió que existió una sede secreta en Panamá, dirigida por una constructora burgalesa cuyo propietario está directamente relacionado con el hermano del presidente Herrera, que se pagó al presidente del Grupo Norte por la gestión de una sede en Chile y a un amigo de José María Aznar por la de Miami. Este medio también reveló que algunos altos cargos aprovechaban los viajes a Bruselas para desplazarse en limusinas y celebrar cenas de lujo.