El número dos de Vox a la Asamblea de Extremadura, investigado por hacerse chalé y piscina en suelo no urbanizable
Antonio Pozo Pitel, alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y número dos de Vox a la Asamblea de Extremadura por esa provincia, está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 1 de Badajoz por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al estar construyéndose un chalé con piscina en suelo no urbanizable dentro del mismo término municipal.
Se le investiga junto a su esposa, titular de la licencia que para edificación de uso agropecuario obtuvo del propio ayuntamiento y de la Junta de Extremadura cuando gobernaba el PP por medio de José Antonio Monago.
También están investigadas otras ocho personas, entre ellas el propietario de los terrenos que vendió por parcelas y los dueños del resto de ellas, aunque solo en cuatro la Guardia Civil ha detectado construcciones dedicadas presuntamente a uso de vivienda. La de Antonio Pozo y su mujer tiene una superficie construida de 250 metros cuadrados y una piscina en avanzado estado de construcción de 10 por 5 metros, una parcela que a diferencia de las demás tiene entrada propia.
Una patrulla del servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en una inspección rutinaria para detectar construcciones ilegales, localizó en agosto de 2017 la existencia de parcelaciones y las construcciones más o menos avanzadas en cuatro de los lotes, por lo que abrió un expediente en marzo de 2018 en el que concluía que se trataba de varios supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Terrenos de regadío
Las edificaciones posiblemente destinadas a vivienda están en suelo no urbanizable de especial protección planeada o terrenos de regadío, donde solo se pueden hacer construcciones de uso agropecuario.
La Benemérita citó a declarar a estas ocho personas. El propietario del terreno afirmó que advirtió a los compradores que no podrían levantar edificaciones residenciales. Varios de ellos aseguraron desconocer o no recordar esa circunstancia, y eso mismo hizo el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, en su declaración ante la Guardia Civil: dijo que no recordaba las cláusulas del contrato de compraventa referentes a ello, y que el motivo de la compra y parcelación es que su mujer es agricultora.
El propio Ayuntamiento de Guadiana presidido por él abrió en septiembre de 2017, a raíz de la inspección del Seprona, un expediente para aclarar la legalidad o no de las construcciones. Las parcelas además no tienen la superficie mínima, 25.000 metros cuadrados, para una construcción de ese tipo, y formarían un núcleo de población, cosas ambas irregulares.
Pozo, que se presenta de nuevo a alcalde pero no por el PP, donde antes militaba, sino por Vox, está llamado a declarar en calidad de investigado el próximo 27 de mayo, el día siguiente al de las elecciones, a las 11.30 en el juzgado de instrucción número 1 de Badajoz.
