Tres funcionarios de la Junta, a la ‘deriva’ tras dos sentencias que anulan sus oposiciones
El lío viene desde el año 2011, cuando tres funcionarios se sacaron su plaza como profesores de Formación Profesional, en la especialidad de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. Uno de los opositores que no obtuvo plaza reclamó e interpuso un contencioso administrativo. Consideraba que su baja nota era fruto de su enemistad manifiesta con la presidenta del tribunal.
Nunca pudo comprobarse, porque los exámenes habían sido eliminados. Algo por lo que la presidenta del tribunal ha sido condenada y apartada de su trabajo. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo han declarado nulo el proceso, por no existir la prueba de los exámenes. Ahora los damnificados son los tres opositores que se sacaron la plaza, funcionarios de carrera, y que se encuentran a la deriva.
Heliodoro, Víctor, Francisco tienen familia y una vida normal. Incluso ya tienen su destino definitivo tras participar en el concurso de traslado. En caso de ejecutarse la sentencia volverían a la lista de interinos y su proceso podría comenzar de cero. “Nos tememos lo peor, pese a que nos hemos reunido con los servicios jurídicos de la Junta, hasta el momento no ha sido posible una solución”, señala Víctor, uno de los afectados.
Los tribunales no dudan de que obtuvieran su plaza, los considera ‘terceros de buena fe’. Pero el fallo del Supremo determina que hay que repetir el proceso al completo; “y mientras tanto nos topamos con el muro de la administración”, critica el sindicato PIDE.
La organización sindical advierte que la legislación actual es incompatible con que se presenten de nuevo a un proceso de oposiciones que ya aprobaron.
Un acuerdo entre las partes
Existe una posibilidad para descongestionar el proceso, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Se necesita el acuerdo de las tres partes: el denunciante, la Junta y los funcionarios –los terceros de buena fe--.
Este jueves 25 de enero terminaba el plazo marcado por el tribunal para que las partes llegaran a acuerdo. En este caso, según PIDE, no ha sido posible porque la Junta no ha aceptado la propuesta que sí avalaban las otras dos partes (el demandante y los funcionarios).
Un incidente de ejecución
Hacen hincapié en que los perjudicados no pueden ser los opositores que sacaron su plaza, “cuando los exámenes debieron entregarse, según marca la convocatoria, en el registro habilitado por la Consejería, y ni se entregaron por parte del tribunal, ni se reclamaron por parte de la Administración para cumplir con el deber inexcusable de guarda y custodia”.
Los tres funcionarios han presentado incidente de ejecución de sentencia “para evitar que les priven de las plazas ganadas honradamente”. “Intentando exponer al TSJEx que ellos, como opositores de buena fe, no pueden ser los paganos de la irregularidad cometida por el tribunal de oposiciones al destruir los exámenes”, pone de manifiesto el sindicato PIDE.
El acuerdo que la Junta no reconoce, según explica PIDE, propone subir un punto en la nota al denunciante, una fórmula con la que éste habría aprobado. Fuentes del sindicato explican que una de las sentencias recoge de manera explícita que la nota fue bajada por el tribunal que le examinó.
Comentan cómo ha habido otras otras ocasiones envueltas en litigio donde la Junta ha facilitado un acuerdo. “Pero ahora la incertidumbre se prolonga, sin que hasta el momento se sepa qué va a ocurrir”.
