La pregunta se nos cuela en pantalla sin dar lugar al pestañeo: “Perdona, ¿cuánto pagas de alquiler?”. Se lanza con ese tono enérgico y el efecto acelerado propio de estos vídeos cuidadosamente diseñados para atrapar nuestra atención. Lo que sigue también engancha: jóvenes que responden a la intromisión en plena calle y que, de buena gana, acaban por enseñar sus casas. El formato triunfa en redes bajo el acuerdo tácito de creadores y usuarios de obviar el artificio. Haciendo uso de esa falsedad completamente naturalizada, influencers e inmobiliarias los generan para sumar reproducciones y hacer negocio, proyectando un fenómeno que poco tiene que ver con la experiencia real de encontrar piso. En busca de respuestas más diversas a la famosa pregunta viral, hemos salido a las calles de algunas de las ciudades españolas que más padecen la inflación de los alquileres.
En cifras de Eurostat, en 2021 el 64,5% de los jóvenes de entre 18 y 34 años residentes en España aún no habían podido independizarse de su hogar de origen. Los principales condicionantes, apuntaba en su Informe Anual de 2022 el Banco de España alertando de la situación de vulnerabilidad de estas generaciones, son los precios altos del alquiler y los salarios bajos.
A esta circunstancia responde el caso de Sara Brox (31 años), que trabaja en Málaga como programadora en una multinacional. A pesar de que su salario está por encima de la media de la ciudad (gana 1.500 euros netos al mes y la media salarial de la capital roza los 1.300), no puede irse de casa de sus padres y vivir sola, como le gustaría, por tratarse de una de las ciudades españolas con mayor coste de vida y porcentaje de subida del precio de los alquileres en los últimos años (un 17%, solo por detrás de Valencia y Palma, en datos del INE).
“Por el 30% óptimo que se debe dedicar al alquiler es imposible encontrar algo. No hay nada en condiciones por menos de 600 euros para una persona. Y lo que encuentras entre 650 y 700 está en zonas muy alejadas, en muy malas condiciones y sin amueblar en muchos casos”, dice Sara a elDiario.es. Como ella, seis de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años han intentado emanciparse pero no han encontrado vivienda acorde con su presupuesto, calcula Fotocasa. Un problema de emancipación tardía que, como recogía también Eurostat en 2021, sitúa a España a la cola de la UE: la edad media de abandono del nido aquí es de 29,8 años frente a los 26,5 de media europea.
“Ha habido un cambio social, pero sobre todo ha habido un cambio económico. A veces hablamos de cómo nos hemos visto obligados a reconceptualizar la vivienda sin entender que hay otra serie de cambios que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado laboral”, dice la socióloga Irene Lebrusán, especializada en estudios de vivienda. “Tendemos a idealizar la situación de generaciones anteriores, no es que lo tuviesen todo muy fácil, ni que saliesen al mercado laboral exentos de una gran precariedad, pero sí es verdad que esa situación de precariedad no ocupaba un tiempo tan largo de su juventud como ocupa ahora”.
“¿Cuánto dinero necesito para poder irme de casa?”, se plantea Sara Brox. “Me podría ir a compartir, pero para hacerlo con gente que no conozco, prefiero quedarme con mis padres y el día que encuentre casa y vaya más apurada de dinero, tener un colchón del que ir tirando”. En el primer trimestre de 2022, los alquileres aumentaron un 4,67%, expulsando del mercado a la mayoría de la población joven de España. Así lo apunta el último Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). Alquilar una vivienda completa libre suponía en el caso de una persona joven asalariada (de 16 a 29 años) un esfuerzo del 85,1% de su salario neto; de un 63,1% en personas de entre 30 y 34 años.
Los avances laborales en esta última legislatura, con una disminución de la temporalidad en los contratos que ha beneficiado principalmente a los jóvenes o el aumento del SMI, han dejado un poso de optimismo. También el despunte de los efectos del límite al 2% de la subida de los precios del alquiler, que ha derivado en la Ley de Vivienda. Pero los Bonos de Alquiler Joven que no llegan a tantos, la tendencia alcista y la especulación del mercado inmobiliario no han paliado la frustración de quienes se enfrentan a la búsqueda.
Castings, depósitos imposibles y discriminación
Lydia, de 25 años, trabaja en Donostia en una ONG en la que cobra en torno a 1.300 euros al mes, pero ya no puede permitirse vivir en la ciudad. El pasado verano, tras cumplirse su contrato, la casera le avisó de que el piso que compartía pasaría a ser una vivienda de alquiler vacacional. Con una media de precios de alquiler que alcanza los 911,4 euros al mes en la ciudad vasca —la cifra más alta de Euskadi—, tuvo que replantearse su situación vital. Se mudó con su pareja a Rentería, a unos 12 kilómetros de donde trabajan. “Nos vimos en esta situación porque empezamos a buscar pisos por Donosti pero no podíamos asumir los precios. Además, todos eran para seguir compartiendo con otras personas y había incluso viviendas que no tenían permiso de habitabilidad. Tuvimos que marcharnos”.
“El parque de vivienda en alquiler es muy pequeño para la demanda que hay. Eso ha hecho que se encarezcan mucho los precios”, dice Irene Lebrusán, que incide en la necesidad de exponer otras serie de condicionantes más allá del precio que también vulnerabilizan a los inquilinos. “Tenemos que hablar más de la calidad y la habitabilidad de esas viviendas en alquiler [minipisos de 20 metros, locales reacondicionados, vivienda en sótanos…]. Y también de las tácticas perversas y las prácticas abusivas que se dan a la hora de alquilarlas. Se ha establecido una relación de poder entre los dueño de la viviendas y las inmobiliarias frente a los inquilinos”.
Celia López, de 32 años y residente en Sevilla –otra de las ciudades con una subida del precio de alquiler por encima de la media española, un 12,2% desde 2015, según cifra el INE–, recuerda el proceso para alquilar su piso compartido como “una pesadilla”. Ella y sus otras dos compañeras lo hicieron a través de una conocida inmobiliaria que opera a nivel nacional cuyo trato, dice, “fue siempre hostil, como si tuviésemos que superar un casting y nos estuviesen perdonando la vida por tenernos en cuenta”.
Durante el proceso, las pruebas requeridas para demostrar solvencia económica se acumulaban: “Nos pidieron contratos de trabajo, nóminas de los últimos seis meses, movimientos bancarios de los últimos tres meses, certificado bancario de no haber tenido nunca deudas...”. También hicieron “algo así como una entrevista con los propietarios, tras la que nos dijeron que otra compañera y yo sí les gustábamos, que la tercera no mucho, pero que nos darían una oportunidad. Con estas palabras”, recuerda Celia. “Finalmente, como la parte proporcional de alquiler que íbamos a pagar cada una con respecto a nuestros sueldos era más del 30% recomendado, nos solicitaron aval. En este caso nos avaló mi madre, que era funcionaria. No obstante, a ella también le solicitaron contrato, nómina y los últimos tres meses de movimientos bancarios”.
En total, antes de mudarse tuvieron que pagar “un mes de honorarios de inmobiliaria, otro mes de fianza (la habitual) y dos meses que denominaron 'depósito' –algo que no tenía justificación alguna ya que el piso estaba sin amueblar–, más el mes corriente. Es decir, desembolsar cinco mensualidades para empezar. Y también un seguro”.
“La excesiva solicitud de de avales de garantías supone una primera barrera en el acceso al alquiler para todas esas personas que no tienen una capacidad de demostrar unos avales”, dice Víctor Palomo, abogado y militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, desde el que se organizan colectivamente para frenar estos abusos inmobiliarios y contra la especulación de fondos buitre. Estos procesos, cuenta a partir de los testimonios que comparten a menudo en el sindicato, “minan la moral” de quien busca casa. “No ocurre ni una, ni dos, ni tres veces, sino que se tiene que hacer hasta 14 o 15 veces. El proceso es muy desagradable y la gente lo vive mal, como un imposible”.
La Ley de Vivienda, considera el abogado, no ha sido suficiente para poner coto a estas malas prácticas. “Son muchas las inmobiliarias que se niegan a cumplir la Ley, que se modificó para que sus honorarios los tuvieran que pagar los caseros y no los inquilinos. Pero vemos que está habiendo fraude, se niegan a cumplirla ya que apenas tienen sanción; excepto en el caso de que los inquilinos quieran llevar a la inmobiliaria al juzgado, pero les compensa arriesgarse”. Palomo señala también que otras de las formas de discriminación inmobiliaria que ven a menudo entre miembros del sindicato son la LGTBIfobia y el racismo: “Encontramos que a la mayoría de población migrante tiene muchísima más dificultad para encontrar piso”.
“En España, la política de vivienda se ha caracterizado por su ausencia”, dice Antonio Echaves, sociólogo que ha investigado sobre la cuestión de la emancipación y el acceso a la vivienda de alquiler en las diferentes comunidades autónomas. “Es el libre mercado, el mercado de la vivienda, el que dicta las normas y establece las características de la oferta. Hace falta más vivienda protegida y más vivienda protegida en alquiler. Su precios reducidos abaratan en consecuencia los precios del mercado”.
¿Quién puede elegir su proyecto de vida?
Mirando a las elecciones de este 23 de julio, el CJE ha preguntado a los jóvenes a través de la encuesta ¡Rompe el cristal! sobre las prioridades que les gustaría que el próximo gobierno abordara en materia de juventud. La elaboración de una “política de vivienda que garantice emancipación y proyecto vital” gana por goleada con un 74% de los votos, una prioridad que aumenta con la edad (los encuestados de entre 26 y 30 años la votaron en un 79%).
“Es imposible hacer la vida al 100%”, dice al respecto Sandra, de 28 años, que vive y trabaja en una agencia de publicidad en Valencia, la ciudad más castigada por la subida de los alquileres de toda España —un 18,1% en cifras del INE recogidas hasta 2021—. Comparte piso con otras dos personas y paga 290 por una habitación con un salario que roza los 1.600 euros. En su caso, son las condiciones de la vivienda y las renuncias que hace a otras posibles formas de vida las que hacen mella. “Mi situación no es terrible, pero comparto piso con personas que tienen más problemas para llegar a fin de mes”. En plena ola de calor, cuenta, nota el ajuste en el gasto energético: “Solo ponemos un aire acondicionado, en el comedor” para refrescar sin que se dispare la factura en una ciudad que supera los 30 grados a diario. Otra limitación es el espacio: “Tengo una habitación con una cama pequeña, un escritorio y un solo armario. Tengo muchas cosas en casa de mis padres”.
En otros casos, como el de Jordi, de 22 años, entra en juego una situación que afecta a buena parte de la población trabajadora joven: el empleo parcial no elegido. En Murcia, donde vive, la tasa de parcialidad involuntaria afecta a un 57% de los trabajadores jóvenes, según la FAD Juventud. Por su trabajo a media jornada en una academia de inglés ingresa 420 euros y su alquiler asciende a 367 por una habitación en un piso compartido con otros dos compañeros. Para el resto de gastos más allá de la vivienda, cuenta a elDiario.es, recurre a sus padres.
Este “arrastre de la edad de emancipación”, dice Antonio Echaves, es la principal consecuencia del drama de la vivienda por su capacidad para “condicionar las formas de vida”. “Mucha gente quiere vivir sola pero no puede. Esto es muy común sobre todo en las ciudades con más zonas tensionadas, como Madrid o Barcelona. Hacerlo es imposible a no ser que tengas un pedazo de sueldo. Por eso se despliegan nuevas estrategias de convivencia en la vivienda. En el censo de 2021 ya se aprecia el asentamiento de muchos hogares multipersonales, que no conforman una familia. Son pisos de estudiante que se eternizan”.
Parejas que dilatan o precipitan la decisión de vivir juntas por el ahorro, como ironiza esta viñeta de la cuenta satírica Reductress, especialista en tomar el pulso social y convertir las miserias en carcajada. Personas que sacrifican el acceso a ocio y planes compartidos para, a cambio, ganar intimidad y un espacio –aunque muy pequeño– propio. Y jóvenes que ya no lo son tanto y que se amparan en la idea de que al menos no están solos para seguir compartiendo vivienda con algo más de alegría. Pero a la pregunta (no tan viral) “¿si los alquileres no fueran tan caros y los salarios tan bajos te habrías planteado vivir de otra forma?”, la respuesta es casi siempre un “sí”. Como en el caso de Míriam (24 años, Palma), que tiene clarísimo que dejaría su piso compartido con otras cuatro personas para mudarse con su chica.
Con información de Laura Martínez (elDiario.es Comunitat Valenciana) y Marta Hernández Cano (elDiario.es Murcia)