Por mucho que nos amenace, la alcaldesa de Marbella no nos va a callar

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, era médica de familia. Dejó de ejercer en 1994. Desde entonces, lleva casi tres décadas en la política y no se le conocen otras fuentes de ingresos que sus sueldos públicos. Pero en este tiempo ha logrado acumular un patrimonio personal de más de 12 millones de euros. Entre otras propiedades, una enorme mansión en la Costa del Sol.

Su marido, Lars Gunnar Broberg, está imputado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y pertenencia a una organización criminal –la mafia sueca–. Lo mismo que su hijastro, Joakim Broberg, igualmente investigado por la Audiencia Nacional (en su caso, con el delito añadido de tráfico de drogas). “La ciudad es nuestra, la Junta… la jodida Andalucía”, aseguró Joakim en una conversación telefónica tras la victoria del PP en las municipales de 2019, en una llamada que fue pinchada por orden judicial. La UDEF asegura en un informe que de estas conversaciones se deduce “la gran influencia” que tiene en las “cuestiones urbanísticas” el hijastro de Ángeles Muñoz. También dice que esto se debe “a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.

La alcaldesa Ángeles Muñoz es también senadora por el Partido Popular. Y ha bastado que elDiario.es empezara a publicar información sobre su enorme patrimonio y los oscuros negocios de su familia más cercana para que le diera un curioso ataque de sinceridad. Unas horas más tarde de que elDiario.es desvelara esta información sobre sus propiedades, Ángeles Muñoz actualizó su declaración de bienes en el Senado para admitir una millonaria ampliación de su patrimonio que, hasta ahora, no había comunicado. 

Es comprensible que la alcaldesa de Marbella esté incómoda con el trabajo de elDiario.es. A ningún político metido en estos charcos le suele gustar que la prensa ponga la lupa sobre el barro a su alrededor. Pero es inadmisible que la alcaldesa pretenda callarnos con amenazas legales o indagar en nuestras fuentes, como intenta Ángeles Muñoz.

Hace unas horas, ha llegado a nuestra redacción un requerimiento notarial donde el Ayuntamiento de Marbella nos pide tres cosas absolutamente inaceptables: que le digamos si tenemos una documentación sobre la alcaldesa y se la entreguemos –unos correos que forman parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción–, que borremos las noticias que ya hemos publicado en elDiario.es sobre sus andanzas y que no publiquemos más noticias sobre este tema bajo “el apercibimiento de estar cometiendo un posible delito de revelación de secretos”.

Nuestros socios y lectores ya imaginan la respuesta que vamos a dar. Es la de siempre. Por mucho que nos presionen, por mucho que nos amenacen, no vamos a revelar nuestras fuentes, no vamos a aportar ninguna documentación que las ponga en riesgo y no nos vamos a callar. Solo publicaremos aquella información contrastada y veraz que sea de relevancia informativa. Nada más. Pero tampoco nada menos.

No es la primera vez que nos enfrentamos a esta misma situación. Es una amenaza y un delito que en elDiario.es conocemos muy bien. Revelación de secretos: entre dos y cinco años de prisión.

En enero de 2014, fue Miguel Blesa quien nos amenazó por esta misma vía para exigirnos que no siguiéramos publicando información sobre sus correos como presidente de Caja Madrid. Iba en la misma línea que antes avanzó el entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix (tal vez lo recuerden, era el fiscal preferido del acusado por corrupción Ignacio González). A pesar del burofax de Blesa, a pesar de las advertencias del fiscal, no nos acobardamos. Y gracias a aquella investigación, elDiario.es destapó uno de los casos de corrupción más sonados de la última década: el escándalo de las tarjetas Black. 

En la primavera de 2018 fue Cristina Cifuentes quien recurrió a esa misma herramienta de presión. La expresidenta de Madrid se querelló contra Raquel Ejerique y contra mí por “revelación de secretos”. Quería callarnos: tapar nuestra investigación sobre el Caso Máster y esos títulos regalados en una universidad pública que elDiario.es descubrió. No fue un trago agradable. Estuvimos casi dos años imputados, bajo la amenaza de prisión. Pero finalmente la Justicia acabó dándonos la razón. 

En enero de 2019, fueron los abogados de la empresa Distrito Castellana Norte –una compañía propiedad del banco BBVA y de la Constructora San José– quienes nos volvieron a amenazar a través de un burofax para que no publicáramos otra documentación comprometida sobre el mayor pelotazo urbanístico de la ciudad de Madrid: la Operación Chamartín. Nuestra respuesta fue la de siempre: no callarnos. Y al día siguiente, publicar esa investigación. 

Me han demandado ya decenas de veces. Se han querellado otras tantas más; algunas me tocan en solitario, otras en compañía de otro periodista de elDiario.es. Nunca es agradable esta situación. Como director, asumo legalmente toda la responsabilidad civil y penal de cada noticia que publicamos, de cada charco en el que saltamos, de cada noticia que desvelamos en elDiario.es. Cada año gasto más tiempo en los juzgados, demandado o querellado por todo tipo de personas, empresas o instituciones a las que no les gusta nuestra labor. El próximo 20 de diciembre (mi cumpleaños) tendré sesión doble: un juicio a las 10, otro a las 12. Y este ritmo creciente no es una excepción.

Es una presión incómoda, de esa que te quita el sueño, de la que inevitablemente te lleva a preguntarte si este trabajo merece la pena. No todos los ciudadanos valoran el resultado de tanto esfuerzo y tantas noches sin dormir. Afortunadamente, también los hay que sí. 

No vamos a callarnos, claro que no. No vamos a rendirnos, por supuesto que no. No lo haremos mientras contemos con decenas de miles de socios y socias que, con su respaldo, nos ayuden a seguir.

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