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En España, ese país tan especial donde no sólo el sector financiero es “sistémico”, también las autopistas son “demasiado grandes para caer”; donde no hay dinero público para rescatar a las familias, pero sí para los bancos, o para las autopistas. Es el capitalismo a la española, que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Si gano, yo me lo llevo; si pierdo, vamos a medias.
El rescate con dinero público para las concesionarias de los peajes es, una vez más, impresentable. Es la constatación de que este país es un absoluto desastre porque el beneficio de unos pocos prima sobre el interés general, el de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, conviene conocer el origen y las causas de este desastre, a ver si para la próxima aprendemos algo. Esta autopista al infierno viene de largo.
No sólo nos dejó la burbuja inmobiliaria, también la de las autopistas. Fue la ley del suelo de Aznar la que indirectamente engordó el coste de las radiales de Madrid; la que dio argumentos legales a los propietarios de los terrenos expropiados sobre los que se construyeron esas autopistas para exigir más dinero y lograrlo en los tribunales.
Según esa nefasta ley, todo el suelo del país era potencialmente urbanizable. Por tanto, el precio que había que pagar al expropiar era mayor, y así lo entendió el Tribunal Supremo en varias sentencias que de un día para otro multiplicaron los costes. Entre la decena de autopistas hoy quebradas, el coste de las expropiaciones se disparó unos 2.400 millones de euros.
No es que la crisis haya hundido el número de conductores dispuestos a pagar un peaje. Es que ni siquiera en los años buenos se cumplieron los cálculos sobre los que se levantó esta burbuja. Las estimaciones de tráfico para las autopistas que elaboró el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos fallaron estrepitosamente. El número de coches que circulan por estas vías de alta capacidad sin apenas uso nunca llegó ni al 35% de lo calculado.
Fallaron por tres pueblos. Pero, claro, era mucho más rentable hacerse fotos en las inauguraciones. Y también se conseguían otros tangibles colaterales. Casualmente, esas mismas constructoras aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas.
Las concesionarias han sido un negocio ruinoso y la mayoría están quebradas o al borde de la quiebra. Pero para sus dueños, el negocio no ha sido tan malo. La mayoría pertenecen a empresas constructoras que, además de ganar la concesión, se llevaron la obra. De ese modo, el riesgo se lo quedó la banca y el Estado, porque las constructoras ya cobraron. En GurusBlog explican este timo de la estampita con más detalle.
El rescate a las autopistas costará para abrir boca unos 2.400 millones de euros. ¿Dejar quebrar las autopistas? Según el Gobierno, el agujero para los contribuyentes sería el doble: unos 5.000 millones o más. El Estado es responsable de forma subsidiaria. El Gobierno había aprobado hace un mes un decreto que liberaba al Estado de esa “responsabilidad patrimonial” por los sobrecostes en las expropiaciones y por los cálculos de tráfico exagerados. Pero ante el riesgo de perder ante los tribunales –o por algún otro interés oculto– han decidido finalmente acudir al rescate. Ni siquiera es la primera vez que inyectan dinero público en estas concesionarias. El Gobierno de Zapatero –con el consenso del PP– también dio algunas propinas antes.
Nadie está contento. A Seopan, el lobby de las constructoras, el precio le parece demasiado barato. Y a los bancos la quita del 50% –es decir, que cobrarán la mitad de lo que les debían– tampoco les hace especial gracia.
No se entiende tampoco qué prisa tiene el Gobierno de Rajoy –ese especialista en dejar que los problemas se pudran– saliendo al rescate de las autopistas en vísperas de unas elecciones. Es evidente que algo les asusta más que los ciudadanos y sus votos.
Pero lo peor de esta catástrofe es que es la segunda vez que nos pasa. Hace treinta años, las autopistas también quebraron. Hace treinta años, el Estado salió al rescate. Hace treinta años, el contribuyente acabó pagando el pato y las constructoras hicieron el gran negocio: vendieron a buen precio y unos años después, cuando privatizaron esas autopistas nacionalizadas, las recompraron de saldo.
Y dentro de treinta años, si no aprendemos, volverá de nuevo a pasarnos.
En España, ese país tan especial donde no sólo el sector financiero es “sistémico”, también las autopistas son “demasiado grandes para caer”; donde no hay dinero público para rescatar a las familias, pero sí para los bancos, o para las autopistas. Es el capitalismo a la española, que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Si gano, yo me lo llevo; si pierdo, vamos a medias.
El rescate con dinero público para las concesionarias de los peajes es, una vez más, impresentable. Es la constatación de que este país es un absoluto desastre porque el beneficio de unos pocos prima sobre el interés general, el de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, conviene conocer el origen y las causas de este desastre, a ver si para la próxima aprendemos algo. Esta autopista al infierno viene de largo.