Así le tiembla la voz a Ayuso cuando miente

Era tan claro el fraude fiscal que Alberto González Amador se ofreció a pagar. No solo con dinero –más de medio millón de euros en total– sino también con una condena, asumiendo una pena de ocho meses de cárcel por dos delitos; un pacto con la Fiscalía que lo dejaría con antecedentes penales. 

González Amador aceptó “íntegramente” el fraude fiscal. Sin discusión. A cambio solo pedía “la suspensión de la pena de prisión”. Es decir, que esos ocho meses de condena no implicaran que entrara en la cárcel –suele ser así cuando la condena es inferior a dos años y no hay antecedentes–.

La pareja de Ayuso, a través de su abogado, hizo esta propuesta de conformidad penal a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. La fecha es importante. Todo esto  ocurrió tras terminar la inspección: una semana antes de que la Fiscalía presentara su denuncia en el juzgado. Y un mes y diez días antes de que elDiario.es publicara la primera noticia sobre este asunto. La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, fue nuestro titular de portada del 12 de marzo. 

Al día siguiente de publicar esta exclusiva, Isabel Díaz Ayuso nos desmintió. “Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”, aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

“Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. Y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos”, añadió también.

Aconsejo ver el vídeo. Para próximas ocasiones. Para reconocer ese temblor en la voz que se le escapa a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando suelta una mentira descomunal.

Hoy todo el mundo ya conoce la verdad. Había un fraude fiscal tan evidente que hasta su pareja lo había reconocido ya. La deuda total era incluso mayor porque al fraude de 350.000 euros había que sumar la multa, que oscila entre el 50% y el 150% de lo defraudado. Su abogado, en su primera propuesta a la Fiscalía, ya ofrecía pagar 540.000 euros, entre lo defraudado y la sanción. Y a esta cifra habría que sumar las costas del juicio y la multa por los ocho meses de prisión.

Tampoco existió jamás esa deuda previa de Hacienda con González Amador de la que hablaba Ayuso. Y esos “casi 600.000 euros” a los que se refería la presidenta de Madrid nunca fueron ningún “pago de intereses”, ni tampoco la causa de la inspección. El orden de los factores fue justo al revés: fue un intento de  regularizar la situación, pagando en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2022 lo que había defraudado en las declaraciones de los años 2020 y 2021. Una treta que González Amador intentó en julio de 2023, cuando la inspección ya llevaba más de un año en marcha. Y que no coló.

Los detalles de ese intento chapucero de regularización los expliqué en este artículo anterior. De este asunto también se habla en la propuesta de conformidad que hoy conocemos, y que ha adelantado la Cadena SER. Incluso el propio abogado de la pareja de Ayuso admite que ese pago que hizo en 2023  “no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad”. Es una obviedad: no basta con anular las facturas falsas y devolver a posteriori lo que no se pagó para eludir el delito fiscal.

Nunca fue “una inspección salvaje”. Tampoco un “ataque de todos los poderes del Estado contra un ciudadano particular”. Isabel Díaz Ayuso mintió, y era elDiario.es quien decía la verdad.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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Era tan claro el fraude fiscal que Alberto González Amador se ofreció a pagar. No solo con dinero –más de medio millón de euros en total– sino también con una condena, asumiendo una pena de ocho meses de cárcel por dos delitos; un pacto con la Fiscalía que lo dejaría con antecedentes penales. 

González Amador aceptó “íntegramente” el fraude fiscal. Sin discusión. A cambio solo pedía “la suspensión de la pena de prisión”. Es decir, que esos ocho meses de condena no implicaran que entrara en la cárcel –suele ser así cuando la condena es inferior a dos años y no hay antecedentes–.