Un buen día en la Justicia para M. Rajoy

M. Rajoy estará muy contento hoy. A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados por corrupción, llega el único juez que pidió la absolución del PP en la sentencia de la Gürtel. Se llama Ángel Hurtado. Es también el único juez de ese tribunal que se opuso a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo en la Gürtel, argumentando que era “innecesario” y que le iba a provocar daño “por la exposición pública que es verle llegar a la Audiencia Nacional”.

Hurtado también firmó un voto particular contrario a la mayoría de sus compañeros en la Audiencia Nacional, que decidieron apartar a Concepción Espejel y Enrique López de la sentencia de la Gürtel por su evidente cercanía al PP. Según Hurtado, el colaborador habitual de la FAES Enrique López –hoy consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso y también el negociador de Casado en todos los temas judiciales– podría haber juzgado la Gürtel con total “apariencia de imparcialidad”.

Hurtado fue uno de los jueces que decidió que la mujer de Luis Bárcenas, condenada a 15 años de cárcel en la Gürtel, no tenía que entrar aún en prisión, mientras la sentencia no fuera firme. Casualmente, este era el tema con el que un abogado del PP presionaba a Bárcenas para lograr su silencio: “Si hablas, tu mujer irá a prisión”. Un silencio que después llegó. 

La llegada de Hurtado al Tribunal Supremo es un ejemplo más de cómo funcionan los nombramientos claves en la Justicia y qué supone el bloqueo a la renovación del CGPJ que práctica el PP cuando pierde las elecciones, un tema que he desarrollado ampliamente en dos informes especiales que os recomiendo leer (primera parte, El monopolio del PP en el Supremo; segunda parte, El bunker judicial).  

Ha sido un cambio de cromos, como suele ser habitual. A cambio de un pequeño trozo del pastel, seis de los ocho vocales de la minoría progresista en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones han pactado con el bloque conservador el nombramiento de tres nuevos jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las presidencias de tres salas del Supremo. 

Con Ángel Hurtado –cuyo nombramiento ha logrado 19 votos a favor– entra también un juez progresista, Javier Hernández, y otro juez bastante desconocido y que pasa por ser un candidato neutral entre ambos sectores, Leopoldo Cuesta.

Javier Hernández hace tiempo que tenía que haber llegado al Supremo, un ascenso que sin duda se merece. Fue el número dos en las pruebas de especialización penal: una suerte de examen anónimo que iba a servir para que estos nombramientos tan arbitrarios se ciñeran a criterios de mérito y capacidad, y no al cabildeo político o corporativo. Lamentablemente, el Tribunal Supremo tumbó ese procedimiento, pero ese examen –y sus resultados– quedaron ahí, a la vista de todos. Y confirmaron que Hernández es uno de los mejores jueces penalistas de España.

Hernández fue el número dos de toda España en esa prueba: un resultado excepcional. Pero el número uno lo ganó Ramón Sáez Valcárcel, otro juez que estaba entre los candidatos finalistas para el Supremo, pero que una vez más se queda fuera. Había tres plazas vacantes en la Sala de lo Penal, pero ninguna de ellas será para el número uno de España en esa especialidad. En su contra pesa que fue vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida en 1996: un pecado capital para los progresistas, pero irrelevante si has sido vocal conservador. 

De los ocho vocales progresistas, solo dos –Álvaro Cuesta y Concha Sáez– se han negado votar. Argumentan, y tienen razón, que un CGPJ con el mandato caducado no debería tomar decisiones así. “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”, dice la Constitución. Para una gran parte del CGPJ, solo la segunda mitad de este artículo es fundamental. 

Entre los vocales progresistas que hoy han votado, había alguno más al que le hubiese gustado detener los nombramientos. Pero han preferido un mal acuerdo a una derrota aún mayor: evitar que, además de Hurtado, también entrara en el Tribunal Supremo Concepción Espejel, la “querida Concha” de Cospedal, que fue recusada por sus compañeros por su relación con el PP. O que Sánchez Melgar, el ex Fiscal General del Estado de Rajoy, presidiera la Sala de lo Militar. 

Carlos Lesmes tenía casi todas las cartas para ganar. Al sector conservador le bastaba con un solo voto de los progresistas para aprobar todos los nombramientos: basta con 13 votos y la derecha tiene 12 en este CGPJ tan escorado. Un apoyo que, además, Lesmes tenía casi asegurado. Para evitar que fuese una derrota por goleada, los progresistas han acabado aceptando este acuerdo que, además de llevar a Hurtado al Supremo, supone un gran triunfo político de Carlos Lesmes: mostrar una supuesta unidad de un CGPJ caducado, que debería haber dimitido en bloque hace casi dos años.

El CGPJ en funciones también ha aprobado este miércoles tres presidencias de Sala del Tribunal Supremo. Son nombramientos para mandatos de cinco años, en puestos de enorme poder: la presidencia de la Sala de lo Militar, la de lo Social, y la de lo Contencioso Administrativo.

Los progresistas se han llevado presidencia y media. La de lo Militar, para Jacobo López Barja de Quiroga. Y la de lo Social, donde han nombrado a María Luisa Segoviano: la primera mujer de la historia en presidir una Sala del Supremo, pero que no estará ni medio mandato. En 2022, Segoviano cumple 72 años y se tendrá que jubilar. 

Jacobo López Barja de Quiroga, además, no es solo un nombramiento progresista. También le apoya su amigo Carlos Lesmes. López Barja tenía muy buena relación con Alfredo Pérez Rubalcaba y avaló el nombramiento de Lesmes como presidente del CGPJ en la renovación de 2013. 

Lesmes devolvió después la recomendación: en 2014 este CGPJ llevó a López Barja hasta el Supremo y ahora lo nombra presidente de la Sala.

Los conservadores también se llevan la parte más valiosa del botín: la presidencia de lo Contencioso Administrativo para César Tolosa. Es un juez que prácticamente acaba de llegar al Supremo –fue nombrado en 2014 por el mismo CGPJ que ahora lo vuelve a ascender– y que la derecha coloca en un sillón de enorme poder. Esta Sala decide, entre otras cosas, todos los conflictos que afectan a las administraciones o sobre asuntos económicos muy relevantes, como la polémica sentencia del impuesto a las hipotecas.

Mariano Rajoy es historia. Su mayoría absoluta de 2011 cumplirá pronto nueve años. Hemos votado cuatro veces más desde aquellas elecciones generales. Pero el Gobierno de los Jueces que salió de esa legislatura caducada sigue controlando la Justicia, por el bloqueo del Partido Popular a una renovación. Desde la votación de este miércoles, ese búnker judicial en el que se ha atrincherado el PP cuenta también con la complicidad de un sector progresista que accedió a la teoría del “mal menor”. A un cambio de cromos que legitima una anomalía democrática de extrema gravedad.