Carpetazo judicial a las correrías de Juan Carlos de Borbón

En los libros de historia, cuando se recuerde lo que pasó, se escribirá que la democracia española del siglo XXI fue incapaz de juzgar la corrupción del rey Juan Carlos de Borbón. 

Los hechos son los que son. 

Es un dato, no una opinión, que el jefe del Estado español ocultó durante años una fortuna en un paraíso fiscal; al menos cien millones de dólares; un dinero que, cuando debía, no declaró. 

Es un hecho, no una suposición, que buena parte de ese dinero llegó por un 'regalo' de un jeque árabe, que recompensó a nuestro jefe del Estado con el equivalente a más de dos siglos del sueldo público que le pagaban los españoles. Y que ese 'regalo' no fue ni el primero ni el único que recibió. También disfrutó de tarjetas de crédito que financiaba un millonario mexicano, o de ocho millones de euros en vuelos privados que, en teoría, su primo le regaló.

Es otro dato, no una hipótesis, que la Fiscalía investigó indicios más que sólidos de presuntos delitos de enorme gravedad: blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Cuatro presuntos delitos que la propia Fiscalía puso por escrito en una comisión rogatoria que envió a Suiza, como conviene recordar. 

Es también una verdad incuestionable, no una interpretación, que el propio Juan Carlos de Borbón reconoció esa fortuna oculta, esos regalos impropios y esos delitos fiscales al regularizar, en dos ocasiones, una pequeña parte del dinero que no había pagado a Hacienda –lo que no estaba prescrito, porque el resto nunca lo pagó–. Y que lo hizo con la ayuda de una serie de empresarios, cortesanos, que simularon un préstamo de varios millones que todos saben que el rey emérito nunca devolverá. Toda esta componenda se hizo para evitar pagar más. Porque si ese 'préstamo' fuera considerado como una donación, el rey habría tenido que afrontar unos impuestos que no consta que llegara a pagar. 

Es otro hecho, no una suposición, que Juan Carlos de Borbón solo pagó a Hacienda cuando supo –porque toda España lo sabía y la propia Fiscalía le avisó– que la Justicia estaba investigando sus pagos en negro, su dinero en paraísos fiscales o ese altísimo nivel de vida que su sueldo público no bastaba ni de lejos para cubrir. 

El papel de la Fiscalía en este asunto es una tragedia nacional. La constatación de que el reino de España es primero reino y después democracia parlamentaria. Una tragedia que, como todas, se explica desde la comedia. “¿Es el enemigo?, ¿ustedes podrían parar la guerra un momento?”, decía Gila en uno de los monólogos más famosos del humor español. Ese mismo papelón, tragicómico, es el que ha ejercido la Fiscalía, con sus avisos al rey emérito. Unas notificaciones que solo sirvieron para que el rey regularizara unos impuestos que, cuando tocaba, no declaró. 

Gracias a estas componendas, gracias a la impunidad que supone su inviolabilidad constitucional, Juan Carlos I se va a librar de las consecuencias de sus actos. De una investigación penal que se habría llevado por delante a cualquiera de sus súbditos, sin excepción. 

La Fiscalía ha decidido dar carpetazo a toda la investigación penal contra el rey, tras dos años durmiendo el caso en distintos departamentos, sin denunciarlo nunca ante el Supremo para que lo imputase y lo citase a declarar. Una parte se archivará porque estaba prescrita y porque el rey era inviolable judicialmente mientras fue jefe del Estado. La otra, sus trapisondas de los últimos años, porque esas dos regularizaciones ante Hacienda del rey bastan –dice la Fiscalía– para extinguir cualquier responsabilidad penal. 

Hoy Juan Carlos de Borbón puede dormir mucho mejor. Porque la Fiscalía –en un equipo formado por varios fiscales del Supremo y el propio fiscal jefe de Anticorrupción– ha decidido enmendar la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en otro caso similar sentenció con el criterio opuesto al que aplicará con el rey. 

Un empresario gallego, al que no se había llamado aún a declarar como imputado, fue notificado por la Fiscalía de que había contra él una investigación en marcha. Y ese empresario recurrió al mismo atajo que tomó el Borbón: regularizar a toda prisa ese dinero ante Hacienda, para así evitar una condena penal. 

En aquella ocasión, la maniobra oportunista no coló. Y el Supremo sentenció que la mera notificación de la Fiscalía ya bastaba. Una jurisprudencia que hoy esa misma Fiscalía no toma en cuenta. Aquel empresario no se apellidaba Borbón.

Lo ocurrido con este caso supone el mayor fracaso del sistema judicial español en el cumplimiento efectivo de esa teoría que el propio rey nos repetía por televisión. “La Justicia es igual para todos”, decía don Juan Carlos. Y nunca fue verdad.

En los libros de historia, cuando se recuerde lo que pasó, se escribirá que la democracia española del siglo XXI fue incapaz de juzgar la corrupción del rey Juan Carlos de Borbón. 

Los hechos son los que son.