Corruptos protegidos desde el Gobierno

1. El 7 de marzo de 2017 Ignacio González descubre que está siendo investigado por corrupción porque le llega un chivatazo. Habla con su hermano, Pablo González, y le avisa de que van a por ellos. “¿Quién es el secretario de Estado de Seguridad”, se preguntan los hermanos en una de las grabaciones de ese mismo día.

2. El secretario de Estado de Seguridad es José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba, otro de los amigos andaluces colocados por Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, a pesar de que no cuenta con experiencia para el puesto. En solo unas horas, Pablo González consigue una cita con el secretario de Estado. La reunión se produce al día siguiente, el 8 de marzo. Según Nieto, no hablaron de la investigación. Si dijese lo contrario, estaría confesando un delito penado con entre dos y medio y cuatro años de prisión.

3. Según Nieto, el encuentro duró apenas 15 minutos; Pablo González solo quería felicitarle por su nombramiento... más de tres meses después de ser nombrado. Pero el hermano del expresidente de Madrid dice otra cosa. Tras salir de la reunión, Pablo González llama a otro miembro de la banda. “Ha sido muy interesante. Te lo contaré pero no por teléfono”, dice Pablo en otro pinchazo telefónico que desvela la SER.

4. Ignacio González, en otra grabación que cuenta hoy Interviú: “He hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado”. No queda claro a qué secretario de Estado se refiere. ¿Es el mismo Nieto o, peor aún, hay otro soplo más desde el Gobierno?

5. El chivatazo del 7 de marzo ni siquiera es el primero. El 22 de noviembre de 2016, Ignacio González comenta al exministro Eduardo Zaplana que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, le ha contado que otro de los hoy encarcelados, Edmundo Rodríguez, estaba “acojonao” después de que “una magistrada amiga de la casa” les hubiera dicho que les estaban escuchando.

6. Tras confirmar que les están investigando, el comportamiento de la banda de los González cambia bastante. Saben que van a por ellos. No solo tienen tiempo para destruir pruebas sino que empiezan a ocultar el dinero. Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón y hombre fuerte del Canal de Isabel II en Latinoamérica –un pluriempleo curioso cuanto menos–, empieza a mover sus fondos en cuentas en el extranjero. También desaparecen varios millones en Suiza de uno de los investigados por las operaciones del Canal en Brasil. Ignacio González empieza a dormir fuera de casa, en hoteles. Cuenta a algunos de sus amigos que tiene miedo de que le detengan en su casa en plena noche, que no duerme bien.

7. El caso González no solo demuestra que la Comunidad de Madrid ha estado durante más de una década gobernada por una banda corrupta, la que llegó con el Tamayazo y ahora la Guardia Civil desarticula. También las conexiones y ramificaciones de esta organización criminal: sus apoyos y sus cómplices en el PP, en el Gobierno, en la justicia y en la prensa. Estamos ante una tangentópolis, ante una cleptocracia, ante un escándalo que acaba de empezar y va a dejar pequeña a otras tramas corruptas. No es solo una banda de corruptos que robó desde el Gobierno de Madrid. Hay también serios indicios de que esta banda de corruptos contó, hasta el último momento, con protección desde el Gobierno de España.

1. El 7 de marzo de 2017 Ignacio González descubre que está siendo investigado por corrupción porque le llega un chivatazo. Habla con su hermano, Pablo González, y le avisa de que van a por ellos. “¿Quién es el secretario de Estado de Seguridad”, se preguntan los hermanos en una de las grabaciones de ese mismo día.

2. El secretario de Estado de Seguridad es José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba, otro de los amigos andaluces colocados por Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, a pesar de que no cuenta con experiencia para el puesto. En solo unas horas, Pablo González consigue una cita con el secretario de Estado. La reunión se produce al día siguiente, el 8 de marzo. Según Nieto, no hablaron de la investigación. Si dijese lo contrario, estaría confesando un delito penado con entre dos y medio y cuatro años de prisión.