Vivienda, ese derecho pisoteado

¿La ley está para cumplirla? Empecemos por el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

No hay en todas las leyes españolas una mentira mayor. No, no todos los españoles disfrutan de una vivienda digna ni adecuada. Seis de cada diez sufren problemas relacionados con la vivienda: o no pueden acceder a ella, o no tiene las condiciones adecuadas, o lo hacen con un esfuerzo económico descomunal. 

No, los poderes públicos –con contadas excepciones– no han promovido este derecho, cuyo cumplimiento efectivo en los últimos años ha ido a peor. Hace cuatro décadas, las familias españolas gastaban de media el 15% de sus ingresos en vivienda. Hoy es el 31,8%, y cada año sube más. En 1987 las familias necesitaban tres años de sueldo para comprarse una casa. Ahora la media está en 7,5 años, más del doble, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral.

No, no se ha regulado el uso del suelo de acuerdo con el interés general. Es más bien al contrario: la vivienda se ha convertido en un activo financiero más. No solo no se ha impedido la especulación sino que en demasiadas ocasiones se ha fomentado, con ventajas fiscales para quienes invierten en vivienda de alquiler, como las socimis, o con medidas tan injustas como las “golden visa”, que encarecían el mercado inmobiliario al premiar con la nacionalidad española a aquellos extranjeros que gastaran en una casa más de medio millón. 

No existe en España un problema más grave que la vivienda. Con la excepción del cambio climático, no hay sobre la mesa una prioridad mayor. Especialmente para los jóvenes de las grandes ciudades, que se dividen en dos: los que pueden acceder a una vivienda y emancipar su vida y los que están condenados eternamente a la precariedad. Es la lotería más injusta: la diferencia entre acceder a una hipoteca y no poder hacerlo depende de si tu familia te puede ayudar. 

Casi medio siglo después de que la Constitución española tratara de blindar este derecho es muy evidente qué se hizo mal. No fue un problema de recursos: las administraciones invirtieron en el pasado ingentes cantidades de dinero, pero lo hicieron con las fórmulas equivocadas. Solo la desgravación fiscal por la compra de primera vivienda costó más de cien mil millones de euros: una medida fallida pero carísima, que sirvió para enriquecer a los constructores y cebar la burbuja inmobiliaria. También destinaron millones de metros cuadrados: cerca del 70% de las viviendas construidas entre 1960 y 1990 se levantaron sobre suelo público. Pero en vez de utilizar esos terrenos para crear vivienda pública en alquiler, las administraciones apostaron por un modelo equivocado de VPO, que ayudó a esas generaciones, pero no a las que vinieron después. 

La magnitud del problema contrasta con la falta de esfuerzos en la solución. Especialmente por parte de las comunidades autónomas, que tienen transferidas estas competencias. Como recuerda la economista Carme Trilla Bellart en nuestra revista 'Vivienda: errores de un fracaso anunciado': el Estado gasta un 7.9% del PIB en Sanidad y un 4,9% en Educación. ¿Y en el derecho a la vivienda? Apenas un 0,2%.