Quién es la fiscal general venezolana destituida por Nicolás Maduro

1. ¿La primera decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela? Destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que en los últimos meses se había convertido en una “traidora” para el Gobierno y en una heroína para una parte de la oposición. Es la fiscal general que ha acusado a Nicolás Maduro de querer “desmontar la democracia”, la que ha cuestionado la versión oficial sobre algunas de las víctimas mortales durante las últimas protestas, la que intentó investigar las denuncias de fraude en las últimas elecciones o la que quiso procesar a los jueces del Tribunal Supremo que trataron de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, el Parlamento donde la oposición tiene la mayoría.

2. Pero Luisa Ortega Díaz no es, precisamente, una militante histórica de la oposición. Fue nombrada en 2007 por la mayoría chavista en la Asamblea Nacional y ratificada en 2014 para otros siete años más con Nicolás Maduro ya en la presidencia. Está casada con un diputado oficialista y ha defendido durante años la legalidad y la justicia de los gobiernos chavistas –esta entrevista de 2015 en Rusia Today donde criticaba las sanciones estadounidenses es buen ejemplo–. Fue partidaria de Hugo Chávez desde el primer momento, estuvo en primera línea en su funeral y hoy sigue citando a Chávez como referente frente a Maduro, al que acusa de romper el orden constitucional del país.

3. Luisa Ortega Díaz fue también la fiscal general que inició el proceso penal contra Leopoldo López, el líder opositor, al que acusó de los delitos de “instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir”. También puso en marcha otras investigaciones contra líderes opositores acusados de incitar la violencia o de corrupción y que se vindicaban como presos políticos. En aquel momento, el respaldo del Gobierno era pleno (y la oposición no la defendía como hoy).

4. El divorcio entre la fiscal general y el Gobierno de Maduro se inició hace unos meses, cuando se opuso frontalmente a la decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias de la Asamblea Nacional: el parlamento donde la oposición tiene la mayoría desde las elecciones parlamentarias de 2015. La fiscal general criticó esa sentencia, acusó a estos jueces de “conspirar contra la forma republicana de la Nación” e intentó un proceso penal contra ellos. Más tarde fue el Supremo quien acusó a la fiscal general de malversación de fondos públicos por el nombramiento de un vicefiscal. El máximo tribunal venezolano –donde los jueces elegidos por el chavismo son mayoría porque los designa la Asamblea Nacional por doce años– congeló sus cuentas corrientes, le prohibió salir del país e inició un proceso judicial para su destitución.

5. La exfiscal general fue también muy crítica con las decisión de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente. Según la fiscal, era necesario convocar un referéndum previo, una interpretación dudosa porque no es eso lo que dice el artículo 348 de la Constitución actual, que otorga al presidente esa iniciativa de forma bastante clara.

6. El artículo 349 de la Constitucion también dice que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. En base a esa frase de dudosa interpretación –¿las decisiones sobre una nueva constitución o sobre cualquier ámbito de Gobierno?–, la Constituyente justificó la decisión de destituir a la fiscal general y nombrar a su sucesor. El mandato de Luisa Ortega Díaz estaba vigente hasta 2021, ni siquiera el parlamento –la Asamblea Nacional donde la oposición es mayoritaria– podía acortar ese plazo. Fue el Supremo venezolano quien primero sentenció que la fiscal fuese apartada provisionamente. Pero fue la Constituyente quien aprobó por aclamación que no fuese apartada sino cesada de forma permanente.

7. ¿Por qué este giro copernicano de la fiscal general? Desde la oposición, que ha pasado de tacharla de inquisidora a manifestarse a su favor, hay quien la acusa de “oportunismo político” o quien ve en ella un intento de una parte del chavismo por buscar una reforma desde dentro y sin Maduro. Desde el Gobierno la acusan de tener ambiciones políticas: de querer participar en una futura transición o incluso de preparar su propia carrera electoral a la presidencia. Los partidarios de Maduro también critican que la Fiscalía no haya sido lo bastante contundente con las acciones violentas de la oposición.

8. Lo ocurrido con la fiscal general venezolana demuestra varias cosas, unas conclusiones incómodas tanto para quienes creen que Venezuela lleva años siendo una dictadura como para quienes defienden sin matices la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro en estos últimos meses. Existía la división de poderes en Venezuela durante el chavismo. No habría habido ningún conflicto entre la Fiscalía y el Supremo, o entre el Parlamento y el presidente, de no haber sido así. Pero esa división de poderes, con la Asamblea Constituyente, en Venezuela ha dejado de existir.