Cuando el nuevo Tribunal Constitucional (TC) decida sobre la ley del aborto, la amnistía fiscal, el referendo catalán, la reforma laboral o cualquiera de los recursos planteados por el PP o contra el Gobierno de Rajoy, ¿qué hará Enrique López? ¿Se inhibirá o votará como si fuese un juez imparcial, a pesar de su más que evidente relación con el PP? No me refiero solo a que este magistrado conservador haya sido nombrado a dedo por el Gobierno este viernes; ese pecado original está en el diseño de esa tercera cámara, llamada Tribunal Constitucional, que funciona desde siempre así de mal. Pero esta vez la dependencia partidista va mucho más allá.
Enrique López era hasta hoy magistrado de la Audiencia Nacional. Llegó allí después de una discreta carrera judicial, tras los servicios prestados como portavoz del CGPJ durante los primeros años de Gobierno de Zapatero. Fue la época en la que el Poder Judicial se convirtió en otro órgano más de oposición, un ariete contra la ley de la memoria histórica, el Estatut o el matrimonio gay. López, entre otras perlas, fue el alma de un informe donde se comparaba el derecho de las parejas homosexuales a formar una familia con legalizar «la unión entre un hombre y un animal».
El nuevo magistrado del Constitucional es cuñado de Miguel Hernán Manovel: la mano derecha de uno de los principales imputados en el caso Gürtel, el empresario leonés José Luis Ulibarri. Ni este parentesco ni su estrecha relación con el PP le han impedido tomar decisiones relacionadas con esta causa, como evitar que Gómez Bermúdez interrogase a Luis Bárcenas en una oscura maniobra judicial. López también es columnista semanal del diario La Razón y tertuliano de Intereconomía. Y es ponente habitual en los seminarios de la FAES. Entre el 2003 y el 2008 participó en 54 seminarios de esta fundación del PP. No está claro cuánto cobró, si es que lo hizo. Nunca lo han querido aclarar ni él ni la FAES, que en su momento se escudó en «la ley de protección de datos» para no revelar esa información. No es un detalle menor, si recordamos que los 6.000 euros que cobró Pablo Pérez Tremps por un informe pagado por la Generalitat le inhabilitaron para votar la sentencia del Estatut.
Con sueldo o sin él, la relación con el PP es más que evidente. Es íntimo de Federico Trillo, el gran muñidor de la política judicial de la derecha, y participa habitualmente en actos de un partido donde solo le falta el carnet. López fue la herramienta que utilizó el PP para bloquear tres años la renovación del TC al enrocarse con su candidatura, a pesar de que entonces no cumplía con el currículo que exige la Constitución. El nombramiento de López demuestra a las claras las intenciones de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno con el poder más absoluto de la historia democrática. ¿Despolitizar la justicia? Ja.
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