Ilegalizar el independentismo

No es la primera vez que la Audiencia Nacional pone en marcha una investigación penal por un delito de sedición. Hay un precedente, hace nueve años. Fue en 2008, cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y con la justicia se topó. En aquel momento, el 2 de diciembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que no eran competentes para investigar la rebelión –alzarse violentamente contra el Gobierno– ni por tanto la sedición –una rebelión en pequeño–.

Aquel intento de investigar los crímenes del franquismo le costó a Garzón una imputación por prevaricación. El Supremo después le absolvió por esta causa, pero en su sentencia también certificó lo mismo que había hecho antes la Audiencia Nacional: que este tribunal no era el competente para investigar y juzgar estos delitos.

No hay una sola sentencia de la Audiencia Nacional, ningún precedente, ni un solo caso previo donde este tribunal haya tratado un delito de sedición o rebelión. Todas las sentencias sobre estos delitos –por ejemplo, contra los controladores aéreos– las han firmado audiencias provinciales. Nunca antes había sido materia de la Audiencia Nacional. Nunca hasta hoy.

Ni siquiera la sentencia que cita la Fiscalía en su denuncia contra Trapero y los Jordis –una condena del Supremo por sedición de 1980 a media docena de personas que pararon un desahucio– sirve como precedente. El tribunal que juzgó ese caso en primera instancia fue la Audiencia Provincial de Huesca, no la Audiencia Nacional.

Pero el auto de la juez Carmen Lamela que ha enviado a los Jordis a prisión no solo es un despropósito por algo tan básico como que su juzgado no parezca ser el competente para investigar –esto se llama el derecho al juez natural, y es un derecho humano fundamental recogido en nuestra Constitución (artículo 24.2)–. Este solo es un exceso más, el más burdo. No es el único que estamos viviendo estos días aciagos, que me temo pueden ir a peor.

Los líderes de la ANC y Òmnium Cultural son responsables de haber organizado algunas de las manifestaciones más masivas de la reciente historia de Europa: los 11 de septiembre de los últimos años. En absolutamente todas estas movilizaciones no hubo ni el más mínimo incidente violento. Al contrario: fueron ejemplarmente pacíficas, a pesar de sus enormes dimensiones.

Incluso el caso que Lamela juzga hoy no tiene nada que ver con el referéndum; por ahora, el destrozo de tres coches de la Guardia Civil y el cerco en un edificio a los agentes. Estos hechos son de una violencia sin duda condenable, también perseguible penalmente, pero muy lejos de la gravedad de los delitos que se imputan a estos líderes independentistas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron convocantes de esa manifestación. Pero ¿eso les hace responsables del vandalismo que otros –por ahora ni detenidos ni imputados– ejercieron contra los coches? Las responsabilidades penales y civiles por el destrozo de esos coches son de quienes las realizaron: no de quienes convocaron la manifestación y en ningún caso animaron a algo así.

Incluso la acusación más grave –que los convocantes buscaban impedir la ejecución de una orden judicial, los registros de la Guardia Civil– queda también lejos del delito planteado. Incluso si la manifestación fue tumultuaria, eso no hace a los convocantes responsables del tumulto salvo que se demuestre que esa era su intención. Argumentar, como hace la juez, que el hecho de que los convocantes no insistieran en esta ocasión en que la manifestación fuese “pacífica” no significa, por oposición, que la convocatoria fuese violenta.

La mano dura de la jueza Carmen Lamela contra Sànchez y Cuixart puede interpretarse –así lo hace Elisa Beni en este contundente artículo– como un error judicial, como un auto que otros jueces de la Audiencia Nacional se habrían negado a firmar, como una decisión excesiva que otras instancias de la Justicia probablemente corregirán. En España es cada día más difícil creer en la independencia judicial, más aún cuando se trata de uno de los tribunales más politizados de todos: la Audiencia Nacional. Lo que ya obliga a una fe de converso es creer en la independencia de la Fiscalía General del Estado con este fiscal general, José Manuel Maza, en el que ni siquiera el Parlamento –que lo ha reprobado– confía ya.

La Fiscalía no solo es quien pide la entrada en prisión –sin su petición, la juez Lamela no la podría haber ordenado–. También es la Fiscalía quien ha considerado que la Audiencia Nacional es ahora competente para juzgar estos delitos y quien presenta en este tribunal su denuncia. Choca de pleno con la decisión del propio pleno de la Audiencia Nacional y también con lo que hasta ahora había hecho la Fiscalía y el propio fiscal general, que conoce perfectamente ese auto del 2 de diciembre de 2008.

El hoy fiscal general del Estado, José Manuel Maza, formó parte de la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a Garzón por el investigar la rebelión del franquismo. El Supremo consideró que Garzón había errado pero no prevaricado. Maza estuvo en contra de esa absolución y firmó un voto particular en la sentencia argumentando que Garzón debía ser condenado porque sí había prevaricado. “Comenzó asumiendo una competencia que no le correspondía para incoar un procedimiento penal inviable”, escribe Maza en esa sentencia, que cita el auto del 2 de diciembre del pleno de la Audiencia Nacional en su argumentación sobre la falta de competencia de Garzón. ¿Por qué ha cambiado Maza de criterio? Es retórico. La respuesta parece obvia: vas a comparar juzgar a los separatistas con juzgar la rebelión y posterior represión del “General Franco”, como lo llamaba Maza en su voto particular.

Sin que la Fiscalía hubiese solicitado la entrada en prisión de los Jordis, hoy seguirían en libertad. ¿Y alguien cree que la Fiscalía actúa por libre en esta cuestión, sin el respaldo del Gobierno? ¿Alguien cree entonces que el Gobierno es ajeno a que los Jordis hayan entrado en prisión? ¿Alguien tiene entonces alguna duda de que esta apuesta por la línea dura, por crispar al máximo la situación, es parte de la estrategia para Catalunya del Ejecutivo de Mariano Rajoy?

Cada día se escuchan más voces que apuntan al peor escenario, el que ojalá estemos a tiempo de evitar: una intervención prolongada de la autonomía catalana, unos cuantos dirigentes catalanes en prisión e incluso la ilegalización de las formaciones independentistas, a través de la misma Ley de Partidos que se aplicó en su momento a la izquierda abertzale.

Si lo que busca el Gobierno es vencer al independentismo, humillarlo, dar ejemplo… sin duda lo van a conseguir. Toda la fuerza es suya. Otra cosa es que eso sirva para unir España, en vez de para romperla aún más.

No es la primera vez que la Audiencia Nacional pone en marcha una investigación penal por un delito de sedición. Hay un precedente, hace nueve años. Fue en 2008, cuando el juez Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes de la dictadura franquista y con la justicia se topó. En aquel momento, el 2 de diciembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó que no eran competentes para investigar la rebelión –alzarse violentamente contra el Gobierno– ni por tanto la sedición –una rebelión en pequeño–.

Aquel intento de investigar los crímenes del franquismo le costó a Garzón una imputación por prevaricación. El Supremo después le absolvió por esta causa, pero en su sentencia también certificó lo mismo que había hecho antes la Audiencia Nacional: que este tribunal no era el competente para investigar y juzgar estos delitos.