El marido de la candidata es arquitecto. Antes de la crisis era dueño de un estudio de arquitectura que empleaba a un par de decenas de personas. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, igual que tantas otras empresas del sector, las cosas se empezaron a torcer. Impagos, despidos y, finalmente, la quiebra, el concurso de acreedores y cierre del negocio, con algunos pleitos de extrabajadores de por medio. ¿Hablo de la candidata Manuela Carmena? No solo. Exactamente lo mismo le sucedió al marido de la candidata Cristina Cifuentes, un arquitecto cuyo estudio también quebró.
Antes con Cifuentes, ahora con Carmena, ha habido quien ha querido utilizar este asunto familiar que nada tiene que ver con sus candidaturas para atacar a ambas políticas. Contra Cifuentes se extendió el bulo por redes sociales de que su marido estaba “en busca y captura”; llegaron a empapelar con carteles las farolas de su barrio. Contra Carmena, Esperanza Aguirre ha llegado a pedir la dimisión, manipulando los detalles de la historia, como suele ser habitual.
Repito ahora exactamente lo mismo que publiqué hace dos años, cuando solo era Cristina Cifuentes la política cuestionada por la situación empresarial de su marido. “Que el estudio de su marido haya quebrado no es un hecho que tenga relación alguna con el trabajo de Cifuentes (o de Carmena): por desgracia, es una situación por la que han pasado muchos más empresarios en estos años de crisis”.
Es vergonzoso que una política como Esperanza Aguirre –capaz de decir, sin rubor, que su número dos, Francisco Granados, no era en realidad de su confianza– exija dimisiones a los demás cuando nunca ha asumido su propia responsabilidad.
“Si Carmena estuviera en Inglaterra, ya no sería candidata”, dice Aguirre.
Cabe preguntarse qué le habría pasado en Inglaterra a una política capaz de fugarse de la policía de tráfico.
Qué sería en Londres de alguien que –en el mejor de los casos– no se enteró de que bajo sus faldas se desarrollaron la Púnica y la Gürtel, dos de los mayores casos de corrupción.
Qué carrera política haría alguien que tuvo a su escolta personal de jefe de la 'Gestapillo' de Madrid; una dirigente capaz de nombrar a su exsecretaria como consejera de Caja Madrid, a razón de 345.000 euros de sueldo al año más otros 119.300 con la tarjeta 'black'.
Hace unos días, en una entrevista en 'La Sexta Noche', pregunté a Esperanza Aguirre por qué nombró a su exsecretaria –que no tenía conocimiento financiero alguno, como ella misma declaró antes el juez del caso Bankia– como consejera de Caja Madrid. Su respuesta fue especialmente bochornosa, incluso para el nivel habitual. Al parecer, la culpa de que Aguirre nombrase a su exsecretaria para un puestazo muy bien pagado fue de la herencia recibida: de “la ley de cajas del PSOE”, que no prohibía enchufar a gente incompetente en la cúpula de la quebrada Caja Madrid, la que a todos nos quebró.
Y luego es Manuela Carmena la que tiene que dimitir.
El marido de la candidata es arquitecto. Antes de la crisis era dueño de un estudio de arquitectura que empleaba a un par de decenas de personas. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, igual que tantas otras empresas del sector, las cosas se empezaron a torcer. Impagos, despidos y, finalmente, la quiebra, el concurso de acreedores y cierre del negocio, con algunos pleitos de extrabajadores de por medio. ¿Hablo de la candidata Manuela Carmena? No solo. Exactamente lo mismo le sucedió al marido de la candidata Cristina Cifuentes, un arquitecto cuyo estudio también quebró.
Antes con Cifuentes, ahora con Carmena, ha habido quien ha querido utilizar este asunto familiar que nada tiene que ver con sus candidaturas para atacar a ambas políticas. Contra Cifuentes se extendió el bulo por redes sociales de que su marido estaba “en busca y captura”; llegaron a empapelar con carteles las farolas de su barrio. Contra Carmena, Esperanza Aguirre ha llegado a pedir la dimisión, manipulando los detalles de la historia, como suele ser habitual.