Y luego se preguntarán por qué España es uno de los países de la UE donde los ciudadanos confían menos en la Justicia.
Martes y 13. Septiembre de 2022. El mismo día en que ocho vocales nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial se sitúan, de lleno, en la ilegalidad, el juez Manuel García Castellón deja otro ejemplo para explicar por qué la derecha pone tantos esfuerzos en controlar la Justicia a su favor. Este juez de la Audiencia Nacional se ha negado a imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen. A pesar de los audios. A pesar de los numerosos indicios. A pesar del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
Les resumo los datos, que hablan por sí solos.
El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó la primera información sobre los papeles de Bárcenas: sobre esa contabilidad en negro con los sobresueldos del PP. Ese mismo día, María Dolores de Cospedal habló con el comisario Villarejo y le encargó que interviniera a favor del partido. “La libretita (de Bárcenas) sería mejor poderla parar”, le pidió a Villarejo Cospedal.
La “libretita” eran los famosos papeles de Barcenas: las pruebas de la caja B. Y quien encargaba al comisario que lo parase no solo era entonces la presidenta de Castilla-La Mancha. También era la número dos del PP.
Villarejo, como siempre hacía, grabó esa conversación. Un audio que no se ha conocido hasta hace muy poco: hasta este mes de mayo, cuando lo publicó El País. Es una grabación –como muchas otras– que, hasta ahora, no formaba parte del sumario judicial porque el Centro Criptológico Nacional (que depende del CNI) asegura que ha sido incapaz de descifrar las grabaciones de Villarejo al completo.
La Justicia le incautó 40 terabytes de audios, la mayoría encriptados. Por razones poco claras –Villarejo dice que la contraseña es la misma, aunque no la quiere desvelar–, el CNI solo ha desencriptado la mitad.
Ante estas nuevas pruebas aparecidas en la prensa, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones pidieron al juez García Castellón que reabriera la investigación de la Kitchen, que este juez finiquitó limitando lo ocurrido al Ministerio del Interior, salvando a la cúpula del Gobierno y del PP.
Con estos audios en la mano, Anticorrupción pidió hace diez días imputar de nuevo a Cospedal y llamarla otra vez a declarar. Porque esta grabación demuestra varias cosas muy relevantes para la investigación.
La primera, que Cospedal mintió. No ante la prensa: ante el propio juez. Cuando declaró como imputada, en junio de 2021, Cospedal aseguró que nunca había hecho ningún encargo a Villarejo. Ahora es obvio que no era verdad.
La segunda, que esto nunca fue una operación espontánea del Ministerio del Interior; que había cargos políticos interesados en “parar” las pruebas que Barcenas tenía contra el PP. Y recuerden que esto que pedía Cospedal a Villarejo no fue solo un deseo al viento: eso fue justo lo que ocurrió.
Pocos meses después de aquella conversación se puso en marcha la “operación Kitchen”, que se llamaba así porque se iban a colar “hasta la cocina” de Luis Bárcenas (otras fuentes aseguran que Villarejo la llamó así porque decía que el chófer de Bárcenas “tenía pinta de cocinero”). Fue un operativo ilegal que implicó a decenas de agentes policiales para localizar y destruir todas las pruebas que el tesorero del PP guardaba contra quien entonces era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Fue un éxito. Lograron destruir los documentos que Bárcenas escondía, y que comprometían al PP.
A pesar de estos indicios tan notables, García Castellón no va más allá. Ha encargado a la policía “analizar” los nuevos audios en una pieza separada –como si todo esto fuera ajeno a la kitchen, en su tronco central–, pero rechaza la reapertura de la investigación.
Según Anticorrupción, los nuevos audios demuestran que el contenido real de las reuniones entre Villarejo y Cospedal “no era otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al Partido Popular”.
García Castellón no lo ve igual. Para el juez, los únicos responsables de lo ocurrido a los que se puede juzgar son los mandos del Ministerio del Interior: unos pocos comisarios, el ex secretario de Estado Francisco Martínez y el ex ministro Jorge Fernández Díaz. Que hicieron todo por su cuenta y riesgo: sin encomendarse a nadie más.
Pensar que un ministro monta una operación de este calado sin que nadie más lo sepa en el partido o el Gobierno ya es difícil de creer. Pero no hablamos de sospechas, aunque puedan parecer evidentes si se aplica esa misma lógica por la que se ha condenado a Chaves y Griñán porque “no podían no saber”. Hablamos de indicios muy claros, que según Anticorrupción apuntan a la cúpula del PP.
Manuel García Castellón quiere cerrar la investigación sin ni siquiera volver a interrogar a Cospedal, para que explique por qué mintió. No es el primer favor que le hace al PP por su manera de actuar con la investigación.
Durante meses, a lo largo de 2020, García Castellón se negó a imputar a María Dolores de Cospedal, a pesar de los primeros indicios; de los audios que ya se conocían. El argumento es que tenían que esperar a que declarara Francisco Martínez, el número dos de Interior, para ver qué decía sobre sus conversaciones con Cospedal.
Cuando por fin Martínez fue a declarar, se negó a responder a las preguntas de los abogados de la acusación y de la Fiscalía. Solo contestó al interrogatorio de su propio abogado y al del juez García Castellón, que le preguntó de todo menos lo fundamental: ni una pregunta sobre María Dolores de Cospedal.
Después de negarse a imputar a Cospedal porque faltaba escuchar a Martínez… llega Martínez y no le pregunta por Cospedal.
Finalmente, el juez cedió, pero solo un poco. Imputó a Cospedal, le tomó declaración. La desimputó a ella y a su marido justo un mes después. Ahora, ante las nuevas evidencias, se niega a reabrir la investigación.
La propia Fiscalía Anticorrupción, en uno de sus escritos, explicaba lo ocurrido con estas palabras sobre el juez García Castellón: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”.
En román paladino: Anticorrupción se quejaba por escrito de que el juez estaba haciendo todo lo posible para no investigar la trama política de la Kitchen; una “línea roja” para García Castellón.
Dato importante: el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sigue siendo el mismo que nombró la Fiscalía durante el gobierno de Rajoy. No ha cambiado con el Gobierno de coalición. No hablamos de una Fiscalía Anticorrupción de Podemos, si es eso lo que alguno puede deducir.
García Castellón ha logrado también que el principal beneficiario de todo este operativo, el máximo responsable del partido, el mismo al que también apuntan muchos indicios, no haya sido siquiera llamado a declarar. Ni como imputado ni como testigo. Me refiero a “el Barbas”, al “Asturiano”: al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
No hay indicios suficientes, dice el juez. Y ojo: no hablamos de que no haya pruebas para condenar, que esa parte en un proceso penal viene mucho después. Es que, a juicio de García Castellón, no hay pruebas siquiera como para llamar a Rajoy a declarar.
Manuel García Castellón es tan garantista cuando se trata del expresidente del Gobierno que ni siquiera lo suele citar por su nombre. Es como Lord Voldemort.
En el auto de hace un año donde dio carpetazo a la investigación de la Kitchen –70 páginas, donde cuenta su versión de lo que pasó– García Castellón logra un éxito sin igual: explicar todo el caso Kitchen sin mencionar expresamente a Rajoy ni en una sola ocasión. “Ninguna diligencia permite sostener” –asegura el juez– “que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”. Ese presidente del que usted me está hablando, que diría M. Rajoy.
Ante lo ocurrido con la Kitchen y María Dolores de Cospedal es inevitable recordar aquella conversación que tuvieron Eduardo Zaplana e Ignacio González, cuando recomendaban la vuelta de Manuel García Castellón a la Audiencia Nacional.
Tal vez recuerden aquella historia. La conté con mucho detalle en 2017, en este artículo anterior: El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más.
Zaplana y González –hoy ambos imputados por corrupción– fueron grabados por la Guardia Civil en una comprometedora conversación. Ambos pensaban que nadie les oía. Los dos tenían mucho cuidado con el teléfono, pero no podían imaginar que la UCO había instalado micrófonos en el despacho de González en el que se habían citado para conspirar. Corría el año 2016 y González estaba muy preocupado porque lo suyo iba mal. A pesar de que Rajoy presidía el Gobierno, la Justicia no le dejaba de achuchar.
El entrecomillado que cito ahora no es una reconstrucción: es un párrafo literal de aquella grabación, del 22 de noviembre de 2016.
Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, ¡coño!”
El juez provisional al que había que mandar “a tomar por culo a Onteniente” era Eloy Velasco. Un juez conservador –había sido director general de Justicia de la Generalitat con Zaplana y Camps–, pero que en ese momento estaba apretando las tuercas al PP.
El juez titular con el que González se las pensaba apañar, el juez que prefería tener como instructor de su causa penal, era Manuel García Castellón.
Dicho y hecho. El pronóstico de González se cumplió. Algo que no solo ocurrió con este ejemplo: también acertó con el nombramiento como jefe de Anticorrupción de Manuel Moix.
Era obvio que el corrupto González tenía muy buena información. Según figura en el sumario, hablaba mucho con el ministro de Justicia de entonces, Rafael Catalá. O con Enrique López, hoy consejero de Justicia de Ayuso y entonces juez de la Audiencia Nacional. O con Enrique Arnaldo, hoy juez del Constitucional. O con Pedro González Trevijano, hoy presidente del Tribunal Constitucional.
A Eloy Velasco no le mandaron “a tomar por el culo a Onteniente”. La derecha es más fina. El CGPJ (los mismos vocales del PP que hoy se saltan la ley) le ascendió a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El juzgado que ocupaba salió a concurso: el Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero oportunamente, antes de que llegara algún juez incontrolado, Manuel García Castellón regresó al juzgado que había dejado 17 años antes.
Algunos datos biográficos para explicar su carrera y su vuelta al juzgado en el que trabaja hoy. Manuel García Castellón aprobó las oposiciones el 9 de agosto de 1982. Se afilió a la asociación conservadora, la APM, donde llegó a ser el tesorero. Tras unos primeros puestos sin importancia, en 1993 recaló en la Audiencia Nacional. Primero como juez de refuerzo: una plaza que suele decidir el CGPJ de forma discrecional. Su primer destino fue sustituir a Baltasar Garzón en el Central número 5, cuando se presentó a las elecciones en las listas del PSOE. Más tarde se convirtió en el titular del Central número 6.
Allí llevó varios casos muy sonados: la investigación de Banesto, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco o el atentado de ETA contra Aznar.
En el año 2000, tras siete años en la Audiencia Nacional, García Castellón logró un puesto dorado, uno de los destinos más cotizados en la judicatura: ser nombrado como magistrado de enlace en Francia.
Este puesto es un nombramiento que depende directamente del Gobierno. No se llega allí ni por puntos ni por mérito ni por oposición. Es una suerte de embajada judicial donde se gana mucho y se suele trabajar muy poco.
En el BOE se puede leer el decreto con el nombramiento “a propuesta conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia”. Lo firma en persona “el vicepresidente Mariano Rajoy”.
En aquel momento, Manuel García Castellón, ilustre juez de enlace en Francia, apenas se manejaba en francés.
Pero nombrar a un juez de la Audiencia Nacional en este destino tenía un beneficio colateral. Mientras el titular de la plaza está en funciones, como juez de enlace, el CGPJ podía nombrar a un sustituto de forma discrecional. Este mecanismo ha sido utilizado por la derecha durante años de forma habitual. No es moco de pavo: sirve para decidir qué juez prefieres en los juzgados más delicados de España, los de la Audiencia Nacional.
En la Audiencia Nacional hay seis Juzgados Centrales de Instrucción. Solo seis, por los que pasa la investigación de los grandes casos de corrupción. Hubo un momento, con el gobierno de Rajoy, en los que la mitad de los titulares de esos juzgados (tres de seis) estaban nombrados como jueces de enlace en distintos países. Mientras tanto, el CGPJ podía nombrar a los jueces que más les gustara para reemplazarlos. Con el añadido de que, si se portaban mal, les podía cambiar. Como hicieron, por ejemplo, con el juez Pablo Ruz.
Pero volvamos a García Castellón. En 2004 llegó Zapatero al Gobierno, pero los distintos ministros de Justicia decidieron no cesarlo. “Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados a España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París y al principio ni siquiera hablaba bien francés”, dice una fuente del Gobierno de Zapatero. “No lo quisimos destituir porque habría supuesto que volviera cabreado contra nosotros a su juzgado de la Audiencia Nacional, y por eso lo mantuvimos en París”, afirma esa misma fuente.
Tras 12 años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió premiar con el cotizado puesto de París a otro juez de su cuerda: a Juan Pablo González González –que antes había sido vocal del CGPJ a propuesta del PP, durante los años de Aznar–. Pero el PP no dejó tirado a García Castellón.
Lo sacaron de París, sí. Pero le nombraron juez de enlace en Italia.Tampoco sabía hablar italiano. ¡Era el candidato ideal!
En Roma estuvo cinco años más, hasta mayo de 2017. Apenas seis meses más tarde de esa conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana sobre cómo mandar a un juez sustituto “a tomar por culo”, Manuel García Castellón decidió regresar. Fue un paso difícil de entender. A los 64 años, tras 17 años fuera de un juzgado, García Castellón decidió presentarse a un descenso laboral: renunciar al puesto de Italia para cobrar menos y trabajar más.
Volvía a uno de los juzgados que más preocupaba al PP. El del Caso Lezo, el del Caso Púnica, el que juzgaba la financiación ilegal del PP de Madrid.
En aquel momento, García Castellón llevaba 35 años de carrera judicial. Y prácticamente la mitad de ese tiempo, 17 años, lo había pasado en París y en Roma, en puestos de relumbrón a los que había llegado por el dedazo directo de gobiernos del PP.
Que un juez que le debe tanto al PP sea hoy quien decide si se investiga a Rajoy o a Cospedal es otra de esas anomalías que explican por qué la Justicia tiene la imagen que tiene en este país. Aunque los nexos de este juez con la derecha no acaban solo en el PP.
Manuel García Castellón es también cercano a Julio Ariza: el dueño de la cadena ultra Intereconomía. Ariza fue diputado autonómico del PP, aunque está ya muy distanciado de esta formación. Desde su pequeño grupo de medios, ha sido uno de los grandes impulsores de Vox. En las últimas elecciones, de forma simbólica, se presentó como último de la lista de este partido ultra por Barcelona.
García Castellón asistió hace un año a la boda de uno de los hijos de Julio Ariza. También ha sido visto con él en restaurantes de Madrid.
Desde su juzgado en la Audiencia Nacional, García Castellón también ha protagonizado una impresentable persecución a los políticos de Podemos. Intentó convertir la difusión del contenido del teléfono de una asesora del partido, Dina Bousselham, en un caso contra Pablo Iglesias, contra Podemos, y contra la propia víctima de aquella operación.
En varias ocasiones, García Castellón ha recibido severos rapapolvos por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le ordenó archivar una investigación secreta que abrió contra Podemos tachándola de “prospectiva”. O del Tribunal Supremo, que también tumbó otro intento de imputar a Pablo Iglesias. O de la Fiscalía, que también ha criticado muy duramente a este juez.
García Castellón se puso a investigar las cuentas y movimientos bancarios de los fundadores de Podemos sin ni siquiera imputarlos: sin que pudieran defenderse. Lo que a juicio del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, suponía una intromisión “en el núcleo más sensible de la privacidad”.
Quienes conocen al juez aseguran que esta fijación con Podemos tiene su origen en el interrogatorio que hizo a Pablo Iglesias el 27 de marzo de 2019, poco antes de las primeras elecciones de ese año. Ese día, después de escuchar al líder de Podemos, García Castellón le dijo a Iglesias:
–Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente en el procedimiento que aquí se sigue, y que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias–, dijo el juez a Iglesias. Unas palabras de las que hoy se arrepiente.
Aquel interrogatorio, y la enésima evidencia de cómo el Gobierno de Rajoy había utilizado impunemente el poder del Estado contra Podemos, marcó aquella campaña electoral. Y la siguiente. Y después llegó el Gobierno de coalición. “García Castellón se siente en parte responsable de ese resultado electoral y siente también que Iglesias le engañó”, dice una persona cercana al juez.
El último intento contra Podemos de García Castellón tiene como objetivo a Juan Carlos Monedero, al que responsabiliza de financiar irregularmente al partido con el cuestionable testimonio de un alto cargo del gobierno de Venezuela que quería evitar a toda costa ser extraditado a Estados Unidos, donde le esperaba un proceso por narcotráfico.
En los últimos dos años, García Castellón ha convertido a Podemos en una de las principales prioridades de un juzgado donde se investigan causas tan relevantes como todos los negocios de Villarejo con el Ibex, o la operación Kitchen. ¿El resultado hasta hoy? Nueve sospechosos, un único imputado: Monedero. Y todos los demás procesos judiciales contra Podemos archivados.
Y si estos esfuerzos titánicos se hubieran destinado a otros objetivos ¿sabríamos al fin quién es ese misterioso M. Rajoy?
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