Lawfare contra el nuevo Gobierno

La ambición programática del nuevo Gobierno es directamente proporcional a la virulencia de los enemigos declarados en su contra. Los planes fiscales, laborales, feministas, laicos y medioambientales que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron este lunes van a crear otra coalición enfrente: la de tantos poderes económicos, políticos y mediáticos que están hoy muy incómodos ante estas reformas. No se van a quedar de brazos cruzados y la resistencia va a ser descomunal. Va a ser la oposición más descarnada de las que hasta ahora hemos conocido en la reciente historia democrática.

Esta oposición no va a utilizar únicamente el Parlamento. Su principal arma va a estar en los juzgados.

Quédense con un término que va a ser clave para explicar esta legislatura: el 'lawfare' o guerra jurídica. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno. Es un intento de ganar en los tribunales lo que no se logró en las urnas. Es una quiebra de la separación de poderes, donde el poder judicial se extralimita y asume funciones que no le corresponden, con el apoyo de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

En los casos más extremos de Lawfare –como la conspiración judicial contra Lula en Brasil– las togas sustituyen a los tanques.

Este lunes tuvimos un primer ejemplo: la amenaza de PP, Ciudadanos y Vox de denunciar ante los tribunales un supuesto delito de revelación de secretos cometido por el Gobierno por la aún más supuesta filtración a ERC del contenido del informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras.

Poco importa que no haya evidencia alguna de que tal cosa haya ocurrido. Poco importa también que tal informe no sea secreto alguno ni afecte a la intimidad de nadie. Poco importa que sea imposible cometer un delito con su filtración porque, cuando en teoría se produjo tal cosa, no estaba aportado al procedimiento judicial de una causa que, además, no está secreta. No hay por dónde coger ese supuesto delito pero eso no ha impedido, en otras ocasiones, que se abriera una causa penal. Da igual si luego queda en nada. Una de las premisas de la lawfare es que una imputación es, por sí misma, una pequeña condena.

¿Recuerdan el famoso caso del incendio en Guadalajara donde murieron 11 personas por un cambio inesperado en el viento? Una juez muy cercana al PP impulsó una enorme causa penal donde llegó a imputar a 15 políticos y altos cargos del PSOE en un enorme y costoso proceso penal que duró 7 años. Al final, solo hubo un condenado, el único responsable real del incendio: el excursionista que provocó el fuego con una barbacoa.

Aquel caso lo impulsó Concepción Espejel. “Querida Concha”, como la llamaba María Dolores de Cospedal, que llegó a condecorarla. Espejel, pese al enorme ridículo de aquel proceso penal, hoy está en la Audiencia Nacional, promocionada por los vocales nombrados por el PP en el CGPJ.

Espejel fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros por su evidente afinidad con el PP. No ha sido un problema en su carrera. Al contrario. Es muy posible que pronto llegue a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Un Tribunal Supremo, conviene recordarlo, donde todos y cada uno de los jueces llegan por nombramientos políticos de los vocales nombrados por los partidos. Y donde el PP hace décadas que se afana por colocar a sus mejores hombres.

La colonización de la cúpula de la justicia por parte de la derecha va a ser clave en esta legislatura. Y no descarten que la primera turbulencia llegue antes incluso de que se logre la investidura.

Este viernes, la Junta Electoral Central (JEC) tiene que decidir si inhabilita a Quim Torra y también a Junqueras. El PP, que ha impulsado ambas peticiones, no oculta su verdadero objetivo: hacer descarrilar la investidura. Lo confiesa de forma pública en Twitter la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo: “Si alguna de las dos peticiones del PP y Ciudadanos contra Torra y Junqueras fueran favorables, ERC tendría muy mal colaborar en la investidura”. Como explicaba Elisa Beni en su artículo de este domingo, más claro imposible.

Porque si Torra es inhabilitado cuando aún no tiene una condena firme llegará un maremoto en Catalunya. Si tal cosa ocurre, tendrá que ser el president del Parlament, Roger Torrent, de ERC, quien aplique esa decisión de la JEC porque es dudoso que Torra vaya a dimitir diga lo que diga este organismo administrativo al que ya le sale gratis desobedecer –le supondría otra condena de inhabilitación, como la que ya tiene–.

La JEC, hay que recordarlo, es un organismo administrativo, no judicial, aunque esté formado en una parte por jueces del Supremo y también por representantes de los partidos –el PP tiene dos; PSOE, Ciudadanos y Podemos, uno cada uno–.

La condena de Torra, hay también que recordarlo, no es por rebelión, sedición o corrupción: es por negarse a retirar unos lazos amarillos de los edificios públicos, como pedía la propia JEC.

Para sacar a Torra del juego –y, como carambola, a Pedro Sánchez–, PP y Ciudadanos han recurrido a una ley diseñada contra ETA, uno de esos atajos legales de dudoso encaje constitucional y que durante años se toleraron en España contra el terrorismo. ¿Puede un organismo administrativo derrocar a un presidente autonómico por una condena menor antes siquiera de que se pronuncie el Tribunal Supremo y la sentencia sea firme? Puede. Cosas más increíbles hemos visto.

A la primera la derecha fracasó en su intento. La Junta Electoral de Barcelona se negó a inhabilitar a Quim Torra con argumentos bastante razonables. La diferencia este viernes es que el PP juega en casa. La actual JEC cuenta con una mayoría conservadora. Es la misma Junta Electoral Central que no vio problema alguno en la campaña de guerra sucia en redes del PP, pero a la que le pareció indignante que Pedro Sánchez usara La Moncloa para sus entrevistas de campaña –exactamente igual que hicieron todos los presidentes anteriores–.

Esta legislatura no será la primera en la que la derecha utilizará los tribunales, con todo su poder, para intentar bloquear al nuevo Gobierno. Ya pasó antes, con la guerra judicial desatada contra José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2008, el PP presentó 26 recursos de inconstitucionalidad. Mariano Rajoy, entonces en la oposición, llevó al Tribunal Constitucional prácticamente todas las leyes que perdió en el Parlamento. Era una forma de desgastar al Gobierno, como demostró después el propio Rajoy cuando llegó al poder con mayoría absoluta y mantuvo muchas de las leyes que había recurrido ante el TC, como la del aborto o la del matrimonio igualitario.

Esa legislatura también fue la de la conspiración del 11-M, cuando el PP acusaba al PSOE de estar detrás del atentado más sangriento de la historia de España, con el apoyo de varios medios de comunicación, que se sumaron a esta infamia para desgastar al Gobierno y vender periódicos.

Son los precedentes de lo que nos espera a partir de 2020: el infierno es el límite. No habrá escrúpulo alguno para intentar tumbar al futuro gobierno a cualquier precio. El argumento –ya lo están creando– es el de presentar esta coalición y este acuerdo con ERC como una enorme traición ante la que todo vale.

Es en ese lenguaje de la traición –y no en sacar a los muertos de las cunetas– donde reside el auténtico guerracivilismo.

Pero el nuevo gobierno, hay que subrayarlo, es plenamente legal y legítimo. Porque los votos de la izquierda o de los nacionalistas valen exactamente lo mismo que los que votan a la derecha y suman más en el Parlamento. La soberanía popular está por encima de sus soflamas. Es la esencia de esa Constitución que citan a todas horas y solo les preocupa en la parte de la unidad de España.

Por eso el nuevo Gobierno hace muy mal en esconderse de la prensa en el día en que anuncia su programa. No solo porque la transparencia sea obligada para cualquier representante público. También porque se coloca a la defensiva, a pesar de contar con la razón y con los votos.