Políticos, altos cargos, jueces, militares, embajadores… Lo ha confirmado el propio ministro de Justicia, para pasmo general. En esta España de Alí Babá en la que un tipo como Rodrigo Rato pudo pasar por gran gestor milagroso, hay 705 “personas expuestas políticamente” que están siendo investigadas por presunta corrupción.
Son 705 entre los cerca de 40.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal; 705 presuntos delincuentes que intentaron blanquear un dinero que podría venir de delitos mucho más graves que el mero fraude fiscal: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación… Ese 3% de comisión tan español.
De los 705 de la lista de Montoro ya sabemos algunos nombres: Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, algunos de los Pujol… Hace unos meses, cuando la lista Falciani apareció, el locuaz Cristóbal Montoro ya avisó de que aquello era “un aperitivo” de lo que estaba por aflorar.
La gran pregunta: ¿quién más está en esa lista? Aún no se sabe, pero el ministro de Justicia ha dado una buena pista al explicar que son personas a las que se considera políticamente expuestas “de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales”. ¿Y qué dice esa ley? En su artículo 14 lo explica bastante bien: son aquellos que en España o en otros países europeos tengan responsabilidades públicas importantes como:
Jefes de Estado
Jefes de Gobierno
Ministros
Secretarios de Estado
Subsecretarios
Parlamentarios
Magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y miembros equivalentes de la Fiscalía
Los miembros del Tribunal de Cuentas o consejeros de bancos centrales
Embajadores y encargados de negocios de las embajadas
El alto personal militar del Ejército
Los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública
Familiares próximos a todos estos cargos: padres, hijos, pareja o parejas de los padres o de los hijos
Socios empresariales o testaferros de estos cargos
La ley obliga a que la supervisión de notarios, abogados, bancos y otros organismos sobre estas “personas con responsabilidad pública” sea mayor, y que comuniquen cualquier irregularidad que detecten al Sepblac –que combate el blanqueo de capitales–. Fue una directiva europea la que incluyó esta vigilancia extra en nuestra legislación; en España no se nos ocurren estas cosas por iniciativa propia.
Los VIP políticos no son cualquiera, por lo que los 705 tampoco lo son. En esta definición no entran alcaldes y concejales: uno de los mayores focos en España de la corrupción. La lista de los 705, además, no es definitiva. Hacienda aún está cruzando datos de la amnistía fiscal y este número todavía puede aumentar. Sus nombres, por ahora, no han trascendido. ¿No sería imprescindible saber de quién hablamos antes de que los españoles vayamos a votar?
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