Se queja el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, de que viajar en el AVE en clase turista “no es la mejor imagen” para su institución. ¿En qué mundo vive? Se lo voy a contar. El señor Moliner –132.152 euros al año, secretaria, asesores, escoltas, coche oficial– preside la máxima autoridad judicial de un Estado con el 25% de paro, con más del 50% de desempleo juvenil; una sociedad que es capaz de compaginar decenas de miles de pisos vacíos, rescatados por el dinero público, y decenas de miles de familias desahuciadas de su hogar; una España donde la imagen de la justicia está en mínimos históricos, donde los políticos son señalados como el tercer mayor problema del país.
¿Tienen mala imagen las instituciones españolas? Me temo que sí, basta repasar las encuestas nacionales o la prensa internacional. Desde fuera nos señalan por nuestra ruinosa economía, arrasada por la burbuja del ladrillo, por nuestros altos niveles de corrupción; por habernos gastado toneladas de dinero público en infraestructuras inútiles, en aeropuertos peatonales y autopistas vacías que ahora tenemos que rescatar; por tener una ministra de Empleo que prefiere los cócteles en el Senado a discutir con la UE las ayudas contra el paro; por tener una alcaldesa, la de Madrid, que en plena crisis del Madrid Arena se recoge a meditar en un spa de lujo en Portugal y cuyo despacho, dotado de mayordomo personal, es más grande que el del presidente de EEUU.
¿Mala imagen, dice el presidente del Supremo? También la de su antecesor, al que durante meses Gonzalo Moliner apoyó: un juez, Carlos Dívar, que convirtió la “institución” en su marquesado particular y dedicó el dinero público a comer marisco en Marbella, viajar por los mejores hoteles del país y trabajar en la “semana caribeña”, de martes a jueves, siempre bien acompañado por su asistente personal. Moliner, como todo el CGPJ, conocía desde hace tiempo esta impresentable situación. Solo fue un problema para la institución cuando afectó a la imagen, al verbo “parecer” y no al “ser”.
Aunque lo peor no es que al señor Moliner no le guste viajar en turista –¡qué humillación!–, sino que esté tan despegado de la realidad como para no tener el más mínimo tacto y, aunque lo piense, al menos callar. El presidente del Supremo se suma a una voz coral, la de una parte establisment, que cada vez que habla deja clara la fractura social que amenaza este país. Es la misma voz que gritó “que les jodan” en el Congreso por boca de la diputada Andrea Fabra cuando se hablaba de los recortes a los parados; o la de esa secretaria de Estado de Inmigración que explicó que los jóvenes españoles emigran por su “espíritu aventurero”; o la de aquella otra diputada que argumentó que las ayudas sociales para familias con todos sus miembros en paro se van a “televisones de plasma”… “Si no tienen pan, que coman pasteles”, dicen que dijo María Antonieta. Fue poco antes de una revolución.
Se queja el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, de que viajar en el AVE en clase turista “no es la mejor imagen” para su institución. ¿En qué mundo vive? Se lo voy a contar. El señor Moliner –132.152 euros al año, secretaria, asesores, escoltas, coche oficial– preside la máxima autoridad judicial de un Estado con el 25% de paro, con más del 50% de desempleo juvenil; una sociedad que es capaz de compaginar decenas de miles de pisos vacíos, rescatados por el dinero público, y decenas de miles de familias desahuciadas de su hogar; una España donde la imagen de la justicia está en mínimos históricos, donde los políticos son señalados como el tercer mayor problema del país.
¿Tienen mala imagen las instituciones españolas? Me temo que sí, basta repasar las encuestas nacionales o la prensa internacional. Desde fuera nos señalan por nuestra ruinosa economía, arrasada por la burbuja del ladrillo, por nuestros altos niveles de corrupción; por habernos gastado toneladas de dinero público en infraestructuras inútiles, en aeropuertos peatonales y autopistas vacías que ahora tenemos que rescatar; por tener una ministra de Empleo que prefiere los cócteles en el Senado a discutir con la UE las ayudas contra el paro; por tener una alcaldesa, la de Madrid, que en plena crisis del Madrid Arena se recoge a meditar en un spa de lujo en Portugal y cuyo despacho, dotado de mayordomo personal, es más grande que el del presidente de EEUU.