Franco ha muerto, el franquismo no tanto

Franco ha muerto, el franquismo no tanto. Solo así se explica la numantina resistencia de un sector de la sociedad frente a la retirada de los símbolos de la dictadura. O los enormes obstáculos que están impidiendo al Gobierno sacar los restos del dictador de un siniestro mausoleo en su honor, construido por sus víctimas y donde miles de ellas están enterradas contra su voluntad.

El último ejemplo es la decisión de un juez, José Yusty, ya famoso por sus críticas públicas contra la ley de la Memoria Histórica, que ha ordenado la suspensión del traslado de los restos de Franco utilizando la legislación urbanística, con argumentos tan disparatados que rozan la prevaricación.

En negritas, algunos de los párrafos de este auto del juez Yusty. Entre líneas, mis respuestas y comentarios.

Juez José Yusty: “No se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años, pero, aun siendo un elemento de juicio importante, no es exactamente el objeto de la medida cautelar solicitada”.

Falso. El Gobierno simplemente cumple con el mandato del Congreso de los Diputados, que en mayo de 2017 aprobó sacar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Aquella propuesta del PSOE salió adelante sin un solo voto en contra y con mayoría absoluta: con los votos a favor de toda la cámara salvo las abstenciones del PP y ERC. El anterior Gobierno, el de Rajoy, ignoró aquella votación, que era consecuencia natural de la ley de Memoria Histórica, que también fue aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento español.

Sorprende que haya que explicar a un juez que la ley la hace el Parlamento y no él. Pero no es novedad que el juez José Yusty se pase por el arco del triunfo al poder legislativo. Es un juez ya reincidente en su desprecio por algunas leyes, por lo que votan los ciudadanos y por las decisiones que aprueba el Gobierno y el Parlamento, que está obligado a cumplir, le gusten o no.

Juez Yusty: “Se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso”.

Falso. No hay que mover losa de marmol alguna. Solo la lápida de granito. Tampoco es cierto que pese 2.000 kilos, sino 1.500. Y mover lápidas de granito de un metro de ancho por 2,3 de largo es algo que se hace de forma cotidiana y sin peligro alguno en todos los cementerios del planeta.

Esta es la losa en cuestión. La foto es del entierro del dictador. Como se ve, se colocó a mano, entre nueve canteros, sin utilizar más maquinaria que la rueda y la palanca: unos cilindros bajo la lápida y poco más.

El funcionario que dirigió el entierro de Franco, Gabino Abádanes, aseguró a eldiario.es que fue un enterramiento “sencillo” que no se distinguió de los “los miles de enterramientos que he llevado a cabo en cuarenta años de servicio”. Quitar la lápida y mover el ataúd es igualmente fácil. Según la persona que dirigió la inhumación, se trata de “un proceso sencillo en el que se moverá la lápida, se romperá la tabica que tapa el ataúd, se recogerá el cuerpo y se trasladará a otro féretro”.

Juez Yusty: “Es clarificador el dictamen pericial de los Arquitectos D. José Ismael de la Barba Palacio y D. Enrique Porto Rey”.

El juez omite que este supuesto dictamen pericial es cualquier cosa menos imparcial. Se trata de un estudio elaborado por dos arquitectos a propuesta de la Fundación Francisco Franco. Este mismo informe fue utilizado después por decenas de demandas, todas ellas calcadas pero firmadas por distintas personas cercanas a la Fundación Francisco Franco, que se presentaron en distintos momentos y juzgados para ver si alguna colaba. Otro juez, como contamos hoy en eldiario.es, ventiló varias de ellas de un plumazo. Solo Yusty la aceptó.

Juez Yusty: [Ese informe de la Fundación Francisco Franco] “dice que falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco, lo cual debe entenderse como lógico y es comprensible para un Magistrado, es decir, un profano en la materia, porque no hay que olvidar que la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos contiene una cripta, que necesariamente ha de ser grande, es decir, debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra, que hay que recordar que es de 2.000 kilos de peso aproximadamente, puede desestabilizar el conjunto, al menos en la autorizada opinión de dos profesionales en la materia”.

Es decir, que a juicio de los dos arquitectos escogidos por la Fundación Francisco Franco –cuya opinión autorizada es más que discutible– si se saca el cadáver de Franco del Valle de los Caídos se puede derrumbar toda la basílica. Más o menos, como ocurre en esta famosa escena de Indiana Jones.

Y aunque la losa pese 2.000 kilos en vez de 1.500. En esa basílica pasan constantemente decenas de personas. 2 toneladas es el peso de apenas 30 personas. ¿De verdad esa enorme basílica se puede hundir por quitar y volver a poner un peso tan ridículo en términos arquitectónicos? De ser cierto, lo que el juez Yusty tendría que ordenar es la clausura completa del edificio por ruina, no la suspensión de la exhumación de Franco.

En una clara contradicción, el juez asegura que los informes tendenciosos de la Fundación Franco son correctos, al mismo tiempo que admite implícitamente que no lo sabe porque no tiene ni idea de cuestiones arquitectónicas. Lo lógico, en un juez más normal, habría sido rechazar la petición o al menos pedir antes informes de técnicos imparciales. Pero para eso también habría sido necesario un juez imparcial, y es evidente que, en lo que respecta a la Memoria Histórica y la dictadura, el juez Yusty no lo es.

Juez Yusty: “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra, cuya urgencia es al menos discutible, pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España, según el artículo 1º de la misma Constitución, esto es, poner en peligro la vida humana”.

Es decir, que el argumento definitivo que utiliza el juez para paralizar la exhumación ordenada por el Consejo de Ministros es que levantar la lápida y sacar el ataúd de Franco puede matar a alguien. Que la Fundación Francisco Franco –la misma que niega que ese mausoleo se levantase con mano de obra esclava y que desprecia a los represaliados que murieron durante su construcción– argumente que quitar la lápida es un riesgo para la vida de los trabajadores que realicen la exhumación es el colmo que faltaba por oír.

Juez Yusty: “Debo acordar y acuerdo la medida cautelar urgente de suspensión del informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, de fecha 26 de noviembre de 2018 por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia, consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar”

El mismo juez que no ve “urgencia” en el Gobierno por intentar –desde hace casi un año y respetando todos los procedimientos– sacar al dictador del Valle de los Caídos sí aplica un mecanismo de urgencia para intentar impedirlo.

Unas medidas cautelarisimas son algo tremendamente excepcional, porque se adoptan sin siquiera escuchar a quien vas a perjudicar. Según explican fuentes judiciales, “solo se dictan en situaciones de riesgo extremo, en las que no es posible esperar una semana”.

En este auto el juez no explica por qué no puede esperar una semana cuando aún no hay ninguna actuación en marcha y el propio Tribunal Supremo ya dictaminó que no paralizaba los trámites por esa misma razón. “Se le nota demasiado que quiere dar el golpe de efecto de ser el defensor de Franco” –aseguran esas mismas fuentes judiciales– y por eso no pide más informes ni más documentación. “Con todos los papeles sobre la mesa era más difícil dictar ese auto sin prevaricar abiertamente”.

El juez Yusty, en solo dos días desde que recibió el recurso, firmó este auto urgente sobre un asunto en el que él mismo presume de “no ser un experto”, sin consultar más informes que ese supuesto pericial de la Fundación Franco, sin pedir más papeles al Ayuntamiento que está estudiando la obra y en contra del criterio de otro juez, que ha desestimado de un plumazo demandas idénticas a la que Yusty da por buena.

Y luego nos dirán que no queda franquismo en la judicatura y en la sociedad. No, qué va.