Las mentiras de Cristina Cifuentes en su querella contra eldiario.es

“Cristina Cifuentes cursó el máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico durante el ciclo académico 2011/2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aprobando todas las asignaturas del mismo de acuerdo con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster”.

Falso. Cristina Cifuentes no aprobó todas las asignaturas de su máster en la URJC ni mucho menos presentó su TFM, como está más que acreditado ya. La expresidenta de Madrid se matriculó fuera de plazo. No fue nunca a clase. No se presentó a los exámenes. No hizo su trabajo de fin de máster y tampoco lo defendió ante ningún tribunal. Por eso Cristina Cifuentes está imputada ante los tribunales, al igual que los profesores que le regalaron este título oficial sin cumplir con los requisitos que se exigen a cualquier alumno normal.

Estas son las mentiras más flagrantes, aunque no las únicas, que aparecen en los 31 folios de la querella que la expresidenta de Madrid presentó en los juzgados el 4 de abril de 2018, un documento al que eldiario.es ha tenido acceso hoy, tras nuestra visita al juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Es un escrito firmado por la abogada de Cifuentes, que lo presenta en nombre de la expresidenta de Madrid. Los párrafos de la querella están en negrita. Entre líneas, mis respuestas a cada una de las mentiras que Cifuentes ha presentado ante los tribunales para pedir una severa condena de cárcel contra Ejerique y contra mí.

“La totalidad de los créditos fueron superados durante el año académico, tal y como consta en el certificado de notas emitido por la propia URJC. Sin embargo, por un error en la transcripción de dichas notas al sistema informático, fue necesario modificar dos de ellas”.

Falso. Esas dos asignaturas aparecían con la calificación de “no presentado” porque, efectivamente, eso es lo que pasó: que Cifuentes no se presentó.

“Las notas referentes a estas asignaturas fueron corregidas por la propia URJC, tras la constatación, por su parte, de la existencia del error mencionado, del que se tuvo constancia cuando mi representada solicitó la expedición de su Título de Máster, el 23 de octubre de 2014”.

Falso. No fue la URJC quien cambió las notas. Lo hizo por su cuenta una funcionaria conocida por Cifuentes, Amalia Calonge, que entró en el sistema informático de la Universidad y cambió las notas sin ser ella la persona que debería haber hecho esta gestión y cuando no había motivo alguno para esa nueva calificación. Por eso Calonge, igual que Cifuentes, está imputada hoy.

“El día 21 de marzo de 2018, la querellada, Dña. Raquel Pérez Ejerique, publicó en eldiario.es una noticia que titulaba del siguiente modo: ”Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas“ (...) Como consecuencia de la repercusión mediática del artículo de eldiario.es, tiene lugar la comparecencia en rueda de prensa del rector de la URJC, D. Javier Ramos, el profesor de la asignatura cuya nota aparece como modificada en la captura de pantalla publicada, D. Pablo Chico de la Cámara, y el director del Trabajo de Fin de Máster de mi representada, D. Enrique Álvarez Conde”.

Pablo Chico de la Cámara también está imputado. Igual que Álvarez Conde, acusados de varios delitos de prevaricación y falsedad documental. De los tres que hablaron ese día, solo se libra el rector.

“En esta comparecencia se dan las explicaciones pertinentes sobre los hechos a los que se hace referencia el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, afirmando que mi representada fue ”tratada como cualquier alumno y alumna de esta Universidad“.

Falso. Ni Cifuentes fue tratada como una alumna más ni se dieron las explicaciones pertinentes en esta rueda de prensa, donde los portavoces de la Universidad no pararon de mentir, como después se demostró.

“Sin embargo, estas explicaciones parecen no haber sido tenidas en cuenta por los querellados, que lejos de haber asumido la información oficial de la URJC, continuaron publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido y seguir accediendo a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes”.

Por supuesto que no asumimos “la información oficial de la URJC”. No porque tuviésemos “afán difamatorio” alguno, sino porque nuestro trabajo consiste en buscar la verdad y en aquella rueda de prensa se mintió casi tanto como se habló. Tampoco “alardeamos” de acceder a datos personales de Cifuentes. Simplemente explicamos que nuestra documentación demostraba que la Universidad estaba mintiendo y que nosotros no.

“La señora Cifuentes se vio obligada a hacer públicos otros datos que corresponden a su esfera también personal, además de los ya publicados por la querellada, y que son los siguientes: (...) Acta del trabajo de fin de máster: ”el sistema del reparto competencias en materia de seguridad ciudadana“, con la calificación de 7,5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, suscrita por las tres componentes del Tribunal...”.

Cifuentes se refiere en su querella al acta del TFM que Cecilia Rosado fabricó, presionada por Enrique Álvarez Conde. Es un documento falsificado, como ha quedado acreditado ya. Entre otras cosas, porque las profesoras cuya firma aparece en ese papel han confesado la verdad.

Lo que hizo la entonces presidenta de Madrid fue mostrar un documento falso, a sabiendas de que no decía la verdad –ella mejor que nadie sabe que no presentó su trabajo–. Y más tarde usó ese documento falsificado para presentar esta querella pidiendo cárcel contra dos periodistas por contar la verdad.

“Finalmente, una vez que la Sra. Cifuentes reunió los documentos necesarios para desmentir el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, se procedió a mandar un comunicado de prensa en el que se explicaba lo sucedido, y al que se adjuntaban los documentos recabados por mi representada. Igualmente, la propia Sra. Cifuentes mostró dichos documentos y dio las explicaciones pertinentes en un mensaje en directo a través de las redes sociales Instagram, Periscope, Facebook etc. la noche del 21 de marzo”.

La abogada de Cifuentes se refiere en su querella a este famoso vídeo donde nuevamente mintió. Y sí, lo difundió a través de sus redes sociales, donde se convirtió en viral, para escarnio de Cifuentes, porque pronto quedaron acreditadas sus mentiras. Hace unas semanas, la expresidenta lo borró.

“Sin embargo, esta información tampoco fue tenida en cuenta por los querellados que, como se ha dicho, continuaron difamando a mi representada a través de sus artículos y manipulando, al hilo de lo que esta iba presentando, una realidad que se tenía que acomodar a la gran calumnia de la falsificación de su título académico. Todo ello es una grave intromisión en la esfera de la protección de datos de carácter personal y reservados, amén de una manipulación de la realidad con finalidad difamatoria y enteramente calumniosa”.

Falso. eldiario.es “no tuvo en cuenta” las mentiras de Cifuentes porque teníamos fuentes y documentos que demostraban que no estaba diciendo la verdad. Porque sabíamos que nunca la habían visto por clase. Porque sabíamos que no había ido a los exámenes. Porque teníamos claro que había obtenido el título con notas falsificadas. Todo esto es periodismo, no una intromisión en su privacidad ni mucho menos una manipulación de la realidad.

“Ante las informaciones surgidas a raíz de los constantes artículos difamando a mi representada, la propia URJC anunció que se llevaría a cabo una investigación sobre la materia (...) con el fin de aclarar los hechos y detectar posibles errores o irregularidades que, bajo ningún concepto, habrían sido comeditos por mi representada. A pesar de todo, los querellados adjudicaron por escrito a la investigación oficial de la Inspección de Servicios de la URJC un objeto distinto a la depuración de las infracciones administrativas”.

Falso. La investigación interna que puso en marcha la URJC también tenía como objeto investigar las irregularidades en el máster de Cifuentes, no solo investigar de dónde había salido la información. Prueba de ello es que Calonge acabó sancionada y que la propia Universidad denunció ante la Fiscalía los presuntos delitos que se encontró, una denuncia que ha derivado en la investigación judicial que hoy tiene a Cifuentes como imputada.

“No se trata, por supuesto, de un legítimo ejercicio de la libertad de información del artículo 20 de la Constitución Española, ni por nuestra parte de ”callar a nadie“. Se trata de una flagrante y evidente violación del ordenamiento jurídico y del artículo 18 de la Constitución Española por la vía de acceder, tratar y hacer públicos datos personales, informatizados y contenidos en un expediente académico, resultando irrelevante la identidad del alumno al que se refieren y, por supuesto, mi representada era una más”.

Falso. Claro que esta querella es un intento de callar a eldiario.es. Y por supuesto que las informaciones que hemos publicado están amparados por el derecho constitucional a la información, que prevalece sobre el derecho a la privacidad cuando se trata de noticias de claro interés general, como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Tampoco es cierto que Cifuentes fuera “una más”. En el momento en que ocurrieron estos hechos era diputada en la Asamblea de Madrid y, más tarde, delegada del Gobierno y candidata in pectore a la presidencia de la Comunidad. Su identidad no es “irrelevante” porque los representantes públicos están sometidos a un escrutinio y a un nivel de crítica mayor que el resto de los ciudadanos, como también han sentenciado en numerosas ocasiones el Supremo y el Constitucional.

“Es de destacar que esta representación no dirige, ni mucho menos, la acción penal contra el medio de comunicación sino contra quienes, entendemos; han allanado y vulnerado la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y, por supuesto, el artículo 197 del CP por la vía de acceder, difundir y revelar datos absolutamente personales con el objeto de perjudicar a un tercero (concretamente a Dña. Cristina Cifuentes Cuencas). En definitiva, no se trata de un ataque contra la libertad de información ni contra el mensajero, sino más bien se trata de proteger derechos fundamentales de los que es titular, en este caso, mi representada”.

Falso. Claro que esta querella es un ataque contra la libertad de información y contra el mensajero, contra eldiario.es. ¿Que habría dicho Cifuentes sobre cualquier otro político de otro partido que pidiera varios años de cárcel contra dos periodistas por publicar información rigurosa, contrastada y veraz?

“Asimismo el día 26 de marzo; tras el anuncio por parte de la querellante del del ejercicio de acciones legales contra la Sra. Raquel Pérez Ejerique y el Sr. Escolar García, este último publicó un tweet, que aportamos como Documento número 10 y en el que declara: tenemos aún más pruebas que aportar”. Esta representación no puede dejar de entender esta afirmación como la demostración de la continuidad delictiva en la perpetración del delito del artículo 197 del Código Penal por parte del Sr. Escolar García“.

Falso. Ese tuit lo único que demuestra es que, ante las querellas anunciadas por Cifuentes, en eldiario.es decidimos no rendirnos y seguir publicando información. Si nuestro delito era el periodismo, por supuesto que pensábamos reiterar.

“A raíz del artículo publicado por la. Sra. Pérez Ejerique y desoyendo las explicaciones dadas tanto por la Sra. Cifuentes como por la propia URJC, que son los actores principales de la noticia, se han ido publicando sucesivos artículos por parte de los querellados, en los que se le sigue adjudicando a mi representada una actuación irregular e incluso delictiva. Reiteramos, sin prueba alguna para ello. Se calumnia así, por parte de los querellados, por medio de la manipulación de una realidad perfectamente explicada por las autoridades académicas, que son las que poseen todos los datos y las que calificaron a mi representada”.

Falso. Claro que teníamos pruebas de nuestras informaciones. Por eso, por las noticias y la documentación que desvelamos, Cristina Cifuentes perdió el apoyo de la mayoría del parlamento madrileño y acabó presentando su dimisión. Por eso está imputada hoy.

“No se olvide que igualmente a los profesores se les coloca, por parte de los querellados, en la segura comisión de delitos de prevaricación y de falsedad documental”.

Cierto. De hecho, eso son los delitos por los que todos los profesores de Cristina Cifuentes van a tener que responder ante la Justicia.

“Y al hilo de esto último, nos parece de extraordinaria gravedad que tras las declaraciones, tanto en rueda prensa como por medio del Acta firmada por el Tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de mi representada, por doquier se les estén imputando a todos los profesores delitos de prevaricación y falsedad. Esto último es inadmisible si es que no se sostiene con pruebas y no con especulaciones, conjeturas o manipulaciones interesadas de la realidad. Pareciera mucho más un sistemático intento de descalificación y desprestigio de la URJC y del sistema educativo de dicha Universidad”.

La abogada de Cifuentes se refiere aquí otra vez al famoso acta de su trabajo de fin de máster que poco después supimos que había sido falsificada el mismo día en que publicamos nuestra primera información. Y sí, las personas que participaron en la falsificación de ese documento cometieron un presunto delito de falsedad en documento público. Están imputadas hoy, pero por la justicia. No por eldiario.es.

“En realidad, la gravedad de las acusaciones merece otra querella criminal por calumnias que ya hemos anunciado y que se interpondrá tras el correspondiente acto de conciliación, si es que este resulta frustrado”.

Falso. Cifuentes anunció una segunda querella por calumnias que no ha presentado y que dudo presente jamás, a pesar de que también la anuncia aquí. Ejerique y yo fuimos ya al acto de conciliación, hace semanas. Allí nos reiteramos en la veracidad de toda nuestra información. Pese a ello, dudo que Cifuentes presente esta segunda querella por una razón sencilla de explicar: porque sabe con total seguridad que la perderá. De hecho, la única razón por la que esta otra querella, la que analizo hoy, sigue en marcha es porque la estrategia de Cifuentes es otra hoy. Quiere que las pruebas de nuestras informaciones queden declaradas nulas con otra sentencia que declare que fueron obtenidas ilegalmente para así, con este supuesto defecto de forma, intentar frenar su otro proceso penal.

“Debe decirse que la noticia tuvo tanto alcance que fue recogida por todos los medios durante días causando un grave perjuicio tanto personal como profesional y de todo orden a mi representada, y ello como consecuencia de las especulaciones, manipulaciones y falsedades que los querellados vienen publicando sobre la misma”.

Falso. La razón por la que las noticias de eldiario.es tuvieron tanta repercusión en otros medios –contra los que Cifuentes no se ha querido querellar– es porque nuestra información era veraz y sus explicaciones no.

“La publicación de datos de carácter personal de mi representada no puede encontrar su justificación en el derecho a la libertad de información, ni mucho menos en el interés general, pues no existe interés general en conocer datos académicos de carácter personal, como son las calificaciones o el pago de tasas, de nadie”.

Falso. La documentación académica que publicamos sobre Cristina Cifuentes claro que era de interés informativo. No porque hubiera sacado peores o mejores notas, sino porque demostraban la presunta comisión de varios delitos por parte de varios funcionarios, como hoy investiga la Justicia, que ha dado crédito más que sobrado a la relevancia de nuestra información. Y también porque probaban un claro trato de favor a una de las políticas más poderosas de España en una Universidad pública.

“Además, el mismo día 26 de marzo, el querellado Ignacio Escolar publica un artículo que demuestra la finalidad de la totalidad de la campaña difamatoria contra mi representada, y que titula: 'Cifuentes no nos vas a callar'. Con este artículo, el Sr. Escolar García revela su pretensión de lucro a través del daño causado a mi representada, tratando de conseguir socios. (...) Obviamente, como ya se ha dicho, este artículo demuestra la finalidad que ha tenido la campaña difamatoria contra mi representada”.

Falso. Ni fue una campaña difamatoria ni nuestro objetivo era el lucro, sino publicar información contrastada y veraz. La razón por la que la abogada de Cifuentes desarrolla este peregrino argumento en su querella es porque el delito de revelación de secretos tiene una versión agravada, con una condena de cárcel aún mayor –hasta siete años en algunos supuestos– si existe ánimo de lucro.

“En el periodismo, como en tantas otras profesiones, no vale todo, como lo demuestra que el resto de periodistas y medios de comunicación no hayan desvelado ningún expediente académico por vías delictivas”.

Falso. eldiario.es no accedió al expediente académico de Cristina Cifuentes por vías delictivas. Nuestra investigación, frente a esta querella, cuenta igualmente con el respaldo de las principales asociaciones de prensa tanto españolas como europeas.

Y en la política, como en tantas otras profesiones, tampoco vale todo. No vale mentir así. No vale presentar una querella con papeles falsificados para pedir cárcel contra dos periodistas. Cárcel por contar la verdad.

“Cristina Cifuentes cursó el máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico durante el ciclo académico 2011/2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aprobando todas las asignaturas del mismo de acuerdo con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster”.

Falso. Cristina Cifuentes no aprobó todas las asignaturas de su máster en la URJC ni mucho menos presentó su TFM, como está más que acreditado ya. La expresidenta de Madrid se matriculó fuera de plazo. No fue nunca a clase. No se presentó a los exámenes. No hizo su trabajo de fin de máster y tampoco lo defendió ante ningún tribunal. Por eso Cristina Cifuentes está imputada ante los tribunales, al igual que los profesores que le regalaron este título oficial sin cumplir con los requisitos que se exigen a cualquier alumno normal.