Las mentiras de la derecha sobre el “golpismo” de la amnistía y la “dictadura” de Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso: “[El acuerdo para la amnistía] es entrar en una dictadura. Han estado con ‘que viene Franco, la ultraderecha’, y nos han colado una dictadura”.

Falso. La amnistía solo entrará en vigor si es aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados español, como toda ley orgánica. Y solo si después no es anulada por el Tribunal Constitucional, que es el órgano democrático que decide qué es o qué no es constitucional y que se rige exactamente por las mismas normas que aplicaban cuando era la derecha quien tenía la mayoría allí. Incluso, llegado el caso, cabe también la posibilidad de llevar la norma ante la Justicia europea, una vía que sigue y seguirá en vigor. La amnistía es criticable, como toda ley, pero no hay absolutamente nada ni en su contenido ni en su procedimiento de aprobación que justifique la equiparación con una dictadura.

Quienes aseguran alegremente que España es una dictadura deberían probar qué ocurre en las verdaderas tiranías cuando llamas “traidor” al dictador.

Ayuso: “Nos la han colado por la puerta de atrás. Las dictaduras van carcomiendo, van poco a poco y estamos al comienzo de la misma”.

Falso. La última dictadura española –la del franquismo, de la que fue ministro el presidente fundador del PP, Manuel Fraga– no llegó poco a poco. No fue “una carcoma” que deteriorara un edificio democrático, sino la consecuencia directa de una guerra civil tras un golpe de Estado fallido contra la legitimidad democrática y la soberanía popular. 

Ayuso: “Como los grandes dictadores a lo largo de la historia, se cuelan a través de los parlamentos”.

Falso. Salvo que el único dictador de la historia que Ayuso sea capaz de nombrar sea Adolf Hitler. Stalin nunca se presentó a las elecciones. Franco llegó al poder tras un golpe y una guerra civil. Mussolini, tras la marcha sobre Roma. Pinochet, tras un golpe militar. Videla, en Argentina, exactamente igual. Lo mismo pasó con Antonio de Oliveira Salazar y el golpe de Estado en Portugal de 1926. O con Omar Torrijos, en Panamá. O con Alfredo Stroessner en Paraguay. 

La ignorancia que demuestra Ayuso cada vez que habla de algo solo es proporcional a su agresividad.

Ayuso: “El modelo de país lo hemos de decidir todos los españoles y en el momento que ha decidido que los votos están por encima de las leyes eso es dictatorial”.

Falso. Nadie pretende cambiar el modelo de país y no hay absolutamente nada en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts que suponga una España distinta a la que ya define la Constitución. Tampoco hay un conflicto entre la legitimidad de los votos y la de las leyes: ese pulso no existe más que en el discurso incendiado del PP y de Vox. Una ley orgánica es un procedimiento legal, tasado, constitucional y que requiere una mayoría reforzada: es la misma vía que aplicó el PP cuando aprobó la amnistía fiscal (que, esta sí, fue declarada inconstitucional). 

Ayuso: “Contamos con todos los españoles de bien, la gran mayoría, que ya no puede más”.

Falso. Salvo que Ayuso considere que once millones de votantes del PP y de Vox suman más que los doce millones largos que han votado a los partidos que respaldan esta ley de amnistía. Salvo que considere que más de la mitad de los españoles, que no comparten sus postulados apocalípticos, son “españoles de mal”.

Ayuso: “Contamos con la Constitución Española, con la Corona (...) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas”.

La apelación al Ejército y al rey, en este contexto, solo se puede interpretar como lo que pretende ser: como un velado llamamiento a la insurrección. Unos guiños al golpismo que ojalá no tengamos que lamentar. 

Ayuso: “Contamos con siglos de historia de España, esa nación que no se dejará doblegar por un pacto entre un político fuera de control y unas minorías rabiosas y corruptas”.

Falso. Los 178 diputados que respaldarán la ley de amnistía no responden a “minorías rabiosas y corruptas”. Es más bien al contrario: representan a la mayoría absoluta de esa España de la que no paran de hablar y en cuya definición no caben más de la mitad de los españoles. 

Alberto Núñez Feijóo: “La democracia española está sufriendo un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez que la democracia española se ha visto amenazada”.

Falso. La mayor amenaza democrática que sufre España hoy es la falta de aceptación del resultado electoral por parte de la derecha, que perdió las elecciones del 23 de julio y aún no lo quiere reconocer. 

Feijóo: “El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017 fueron desafíos a la libertad y la convivencia en España. En este caso, el desafío a los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno”.

Falso. Porque ni los indultos de hace dos años ni la amnistía que se acaba de acordar se pueden equiparar con un golpe de Estado como fue el 23F. Porque tampoco los sucesos del independentismo catalán de 2017 fueron un golpe –ni siquiera para la sentencia del Tribunal Supremo, que por eso no pudo condenar por rebelión–. Y porque equiparar a los partidos que respaldarán la investidura de Pedro Sánchez –y a sus votantes– con el terrorismo es una gravísima falta de respeto democrática, difícil de superar.

Feijóo: “Un acuerdo que defiende una fiscalidad propia para Cataluña y la cesión de 100% de los tributos a Cataluña”.

Falso. Lo que dice el acuerdo es que Junts pide ese modelo fiscal, no que el Gobierno se lo vaya a entregar. A lo único que se compromete el PSOE es a “apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya”. Nada más.

Feijóo: “Hoy conocemos un acuerdo que demuestra que el PSOE está cediendo a todas y cada una de las exigencias de los independentistas, que no han hecho ni una sola concesión, ni muestran el más mínimo arrepentimiento ni deseo de reconducir la situación, sino más bien todo lo contrario”.

Falso. En el acuerdo, Junts ahora se limita a “proponer” un referéndum pactado y dentro de la Constitución. Un referéndum que el PSOE tampoco acepta. Es un abandono, de facto, de la vía unilateral, que coincide con una votación en el Parlament catalán donde ERC y Junts han tumbado con su abstención la propuesta de la CUP de un nuevo referéndum unilateral. 

Feijóo: “Es un acuerdo que viene a negar que España sea un Estado de derecho”.

Falso. En ningún punto del acuerdo se asegura algo así. Ni siquiera en la referencia indirecta al 'law fare', cuya existencia tampoco implicaría que España no sea un Estado de derecho. Hasta en las mejores democracias ocurren procesos judiciales abusivos, que luego son anulados o puestos en cuestión, como ha ocurrido ya, por ejemplo, con varias de las cuestionables decisiones del juez García Castellón.

Pero además, no va a haber revisiones de sentencias ni resoluciones judiciales ni se va a fiscalizar a los jueces, según explican fuentes del PSOE en respuesta a las asociaciones judiciales que critican las comisiones de investigación de 'lawfare' del acuerdo. El pacto solo incluye las comisiones de investigación ya acordadas con Junts y ERC para la configuración de la Mesa del Congreso el pasado agosto. Estas son la investigación sobre Pegasus –el espionaje a los políticos catalanes– y la Operación Catalunya. Una guerra sucia que sin duda existió.

Feijóo: “Una amnistía, en segundo lugar, que acusa al Estado de hacer juego sucio y que socava nuestra separación de poderes y humilla también al Poder Judicial”.

Falso. Y tiene especial gravedad que el presidente de un partido que la última vez que estuvo en el Gobierno utilizó las fuerzas policiales y los fondos reservados para combatir a sus rivales políticos y tapar su corrupción dé lecciones sobre “juego sucio” a los demás. ¿Acaso no recuerda Feijóo de qué gobierno era ministro Jorge Fernández Díaz? Esta misma semana acaba de solicitar ante el juez que haga responsable penal al PP de esa guerra sucia.

En cuanto al Poder Judicial, lo más humillante que sigue ocurriendo hoy en España es que el Partido Popular lleve casi cinco años negándose a la renovación del CGPJ, incumpliendo desde hace un lustro la Constitución. 

Feijóo: “Los acuerdos con los independentistas convierten en legales hechos delictivos”.

Falso. La amnistía no convertirá en legal ninguno de los delitos amnistiados, de la misma manera que la amnistía del 1978 no convirtió en legal la tortura policial o el terrorismo, delitos gravísimos que sí fueron perdonados por esta ley, que nunca ha sido anulada por inconstitucional. Una amnistía supone el perdón de esos delitos en el pasado, pero no su legalización a futuro. 

Feijóo: “[El acuerdo] accede a poner un mediador internacional entre Cataluña y España, dando así categoría a un supuesto conflicto internacional que no existe”.

Falso. El mecanismo de mediación internacional servirá para verificar el cumplimiento entre dos partidos, PSOE y Junts, no entre dos gobiernos ni menos aún entre dos países. 

Feijóo: “Cambiar directamente los votos que necesita para ser presidente del Gobierno por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles. Un precio que, insisto, pagaremos todos”.

Falso. La condonación de la deuda no será solo para Catalunya sino para todas las autonomías que lo requieran. Es decir, para todos los españoles por igual, porque no hay ninguno que viva en una autonomía que no se pueda beneficiar. Y por eso no supone en ningún caso un pago que vaya al bolsillo de ningún español en detrimento de otros, ya que simplemente se traslada la deuda de unas administraciones a otra, el Gobierno central, que se puede financiar más barato que las autonomías. Nada más. 

Feijóo: “Quien aspira a dirigir la nación, tras ser derrotado en las urnas, se confabula con los que quieren mutilar nuestra nación”.

Falso. Quienes fueron derrotados en las urnas fueron Feijóo y Abascal, que no lograron los escaños suficientes para gobernar. Vivimos en una democracia parlamentaria, como explica la Constitución, que es muy clara sobre cómo se logra la investidura del presidente: algo que es obvio que Feijóo no consiguió. 

Feijóo: “Ofrecimos una alternativa de pactos de Estado que el señor Sánchez rechazó, prefiriendo entonces este acuerdo de la vergüenza”.

Falso. Lo que ofreció Feijóo fue que le dejaran gobernar por dos años; también pidió los votos del PSOE para “derogar el sanchismo”, un plan genial. Pero si realmente a Feijóo le preocupara tanto la ley de amnistía como asegura, lo tendría muy fácil. Le habría bastado con anunciar la abstención del PP en la investidura de Pedro Sánchez para evitar esa ley. 

Feijóo: “Hoy el Partido Socialista toma el relevo de Junts y ERC al frente del procés, asume el relato separatista y se compromete a promover todos sus objetivos”.

Falso. Lo que estamos viendo con estos acuerdos es justo lo contrario: el punto final del procés. Un gravísimo conflicto político que se alimentó en gran medida de la irresponsable campaña anticatalana que puso en marcha el PP con el Estatut y que estalló bajo la nefasta gestión del presidente Mariano Rajoy. Fue en ese momento, gracias al PP, cuando el independentismo alcanzó su máximo nivel de apoyo popular. Ha sido este gobierno quien ha logrado lo contrario: que estén en su nivel más bajo de la última década. 

Santiago Abascal: “Resistencia pacífica pero firme que solo tiene un fin o el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel (...) Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley con un acuerdo golpista que implica claramente la abolición del Estado de derecho, el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones”.

Dejo a Abascal para el final solo por una razón: para demostrar que no hay grandes diferencias entre lo que dicen los líderes del PP y lo que afirma la extrema derecha. Tanto el PP como Vox, en su pelea para ver quien se lleva los votos de los sectores más ultras de la sociedad, han adoptado un peligroso discurso que equipara al Gobierno con una dictadura y cuestiona la legitimidad de las urnas: de la mayorías  parlamentarias. 

Esa, y no otra, es la principal amenaza para la democracia española.