Miguel Ángel Rodríguez: “El día 12 de marzo, elDiario.es publica parte del expediente de la Fiscalía contra González Amador. Lo publica con un batiburrillo de verdades, mentiras. En fin, que todo sonara muy escandaloso”
Falso. No es un batiburrillo de verdades y mentiras. Es una noticia contrastada, veraz y sin un solo dato erróneo ni engañoso. Basta con releer aquella información de hace nueve meses para comprobar que ha envejecido bastante mejor que cualquiera de las declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso.
Este era nuestro titular: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Y sigue siendo la pura verdad.
Miguel Ángel Rodríguez: “No hay facturas falsas. Se lo contaron a elDiario.es para que sacara el batiburrillo. Nada de eso está”
Claro que hay facturas falsas, según la inspección de Hacienda. Claro que esto está en el proceso judicial al que se enfrenta Alberto González Amador. No es algo que “contaran a elDiario.es” o que publicáramos sin contrastar. Es lo que afirma la Agencia Tributaria, tal y como figura en el informe que realizaron tras la inspección fiscal.
Según los inspectores, son 15 facturas falsas en total con las que Alberto González Amador se desgravó 1,7 millones de euros por gastos que nunca existieron, que nunca se pagaron, que solo sirvieron para defraudar.
El término “factura falsa” ni siquiera es una forma periodística de hablar de ellas. Es como literalmente las llama la Agencia Tributaria en ese mismo informe: “Facturas falsas o falseadas”. Era tan burdo el fraude que Alberto González Amador intentó anular varias de esas facturas en cuanto empezó la inspección.
Un dato más. Alberto González Amador no se enfrenta a un juicio por dos delitos fiscales. También está acusado de un tercer delito: falsedad documental. ¿Adivinan por qué será?
Miguel Ángel Rodríguez: “No hay empresas fantasma ni empresas pantalla. Eso se lo contaron a elDiario.es para que contara el batiburrillo”
Falso. Claro que hay empresas pantalla. Para empezar, seis empresas españolas, otra mexicana y una octava de Costa de Marfil que emitieron esas facturas “falsas o falseadas” que la Agencia Tributaria destapó. Por eso hay también otros cuatro imputados más: los responsables de esas empresas que Alberto González Amador usó para defraudar.
Pero además hay otra empresa, Masterman and Whitaker, que la inspección describe como “una mera sociedad interpuesta”. Una sociedad sin empleados, sin infraestructura y sin apenas actividad, pero que Alberto González Amador utilizó para cobrar un contrato de 600.000 euros. Según Hacienda todo esto se hizo a través de una “factura ficticia” que “no se corresponde con la realidad”. ¿El objetivo? Lograr “una ventaja fiscal inadmisible”, según la inspección. En otras palabras: para defraudar.
¿Y qué es una empresa pantalla o empresa fantasma? Según cualquier diccionario, es el sinónimo de una “sociedad interpuesta”. Exactamente el término del que habla la inspección.
Miguel Ángel Rodríguez: “La declaración a la que se refiere es previa a salir con la presidenta”
Falso. Alberto González Amador está acusado de dos delitos fiscales. Uno por cada año. Y en ambos era ya oficialmente la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El primer delito es por la declaración del impuesto de Sociedades del año 2020. Pero esta declaración –igual que ocurre con el IRPF– se presenta al año siguiente: en el verano de 2021.
El segundo delito fiscal del que está acusado es por el impuesto de Sociedades del año 2021, que igualmente se presenta al año siguiente: en 2022.
La primera noticia de que Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso son pareja se publicó en mayo de 2021. Es decir: meses antes de la primera ocasión –hubo dos– en la que Alberto González Amador intentó colar a Hacienda facturas falsas para defraudar 350.000 euros en impuestos.
Miguel Ángel Rodríguez. “Si Alberto no fuera el novio de Ayuso, esto estaba cerrado hace mil años”
Falso. Todo esto lleva el ritmo habitual. La inspección fiscal empezó en mayo de 2022. Duró año y medio, con los plazos de alegaciones y demás. Los inspectores encontraron no solo un fraude sino algo peor: facturas falsas para desgravarse 1,7 millones de euros. Por eso informaron al departamento de delitos económicos de la Fiscalía, como hacen siempre que encuentran indicios de delitos, y no una simple irregularidad. A la Fiscalía llegó el 22 de enero de 2024, de ahí pasó al juzgado y ahora está bajo investigación judicial. Alberto González Amador y cuatro personas más.
Hasta que se presentó la denuncia y cayó en manos de elDiario.es, ni en la Agencia Tributaria ni en la Fiscalía sabían que se trataba de la pareja de Ayuso. Así lo confesó el propio fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, cuando fue a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y sí: cualquier ciudadano que intente desgravarse 1,7 millones de euros con facturas falsas es probable que acabe igual.
Miguel Ángel Rodríguez. “La Fiscalía es un órgano colegiado y jerárquico. El fiscal Salto no puede hacer nada para llegar a un acuerdo sin permiso de arriba”
Falso. La Fiscalía es un órgano colegiado y jerárquico pero no se pide permiso a cada paso ni todo se decide “desde arriba”. Según declaró el fiscal Salto ante el TSJ de Madrid, nadie le dio ninguna orden. Era un caso más.
Miguel Ángel Rodríguez: “Es un expediente de la Fiscalía contra Alberto diseñado por Pedro Sánchez”
Falso. Todo esto nace de la Agencia Tributaria. Es allí donde se descubre el pastel.
Miguel Ángel Rodríguez: “Alberto es un profesional desde hace muchos años. Un directivo, un ejecutivo de empresa muy brillante que ha tenido problemas con unas facturas de la empresa, con Hacienda, como muchos”
Falso. Alberto González Amador es un comisionista y un presunto delincuente. Alguien que cobró dos millones de euros de comisión por un contrato de mascarillas que acabaron después en el sector público. Y que después de ese pelotazo, utilizó facturas falsas para rebañar otros 350.000 euros que debía pagar a todos los españoles.
Y no, tampoco ha tenido un problema común con Hacienda. No es algo que le pase a “muchos”. La Agencia Tributaria culminó la inspección y encontró algo más grave que un simple fraude fiscal: varios presuntos delitos.
Para que alguien sea acusado de delito fiscal, por la vía penal, hacen falta dos cosas. La primera: que el fraude supere los 120.000 euros en un solo año, como aquí pasó. La segunda: que sea intencionado: que tenga el ánimo manifiesto de defraudar. Y aquí hablamos de facturas falsas y empresas pantalla, no de un simple error. No es que Alberto González Amador tratara de desgravarse la gasolina, o el coche, o que colara recibos de comidas que no se podía desgravar. Es que simuló 1,7 millones de euros en facturas falsas.
Miguel Ángel Rodríguez: “Adelantó dinero y Hacienda se lo tuvo que devolver. Hacienda le devolvió dinero, fijo”
Falso. En una jugada surrealista, Alberto González Amador intentó retirar las facturas falsas que se había desgravado. Y en la declaración del ejercicio de 2022 –que presentó en junio de 2023 cuando la inspección ya estaba en marcha– se apuntó como ingresos esas facturas que se había deducido para así tratar de pagar lo que en su momento defraudó.
La Agencia Tributaria le mandó a paseo por esta estrambótica declaración. En el informe lo explican muy clarito: “Las cantidades pagadas en el Impuesto de Sociedades de 2022 no solamente no sirven para regularizar la situación sino que, en rigor, tampoco son imputables para entender por satisfecha la responsabilidad civil derivada de estos delitos”.
En realidad, Alberto González Amador debe bastante más dinero a Hacienda que los 350.951 euros que defraudó. Para cerrar el caso con una conformidad –como su abogado ofreció a la Fiscalía– tendrá que pagar un recargo de entre el 50% y el 150% de lo defraudado. Su abogado, cuando propuso un acuerdo a la Fiscalía, ofreció más de medio millón.
Miguel Ángel Rodríguez: “Si Alberto quiere, puede pleitear con Hacienda. Y además creo que ganaría”
Su abogado no opina igual. Por eso en enero quiso cerrar el juicio declarándose culpable antes de empezar. “Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”, reconoció en ese correo ante la Fiscalía donde él mismo admitía el fraude fiscal.
En junio, Alberto González Amador volvió a intentar un acuerdo. Su abogado propuso reconocer un tercer delito, además de los dos delitos fiscales: el de falsedad documental. Estaba dispuesto a aceptar una condena de ocho meses de cárcel, con tal de no entrar en prisión.
El acuerdo no se cerró, pero no porque la pareja de Ayuso quisiera pleitear. Fueron las acusaciones populares –PSOE y Más Madrid– las que se negaron y pidieron a la juez continuar con la investigación.