Entre las muchas mentiras con las que el Gobierno de Rajoy ha querido justificar su cruel reforma del aborto hay una que destaca sobre las demás. Es esta idea, tan extendida, de que la ley actual permite a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin informar a sus padres. Es falso, por mucho que lo repitan políticos como Rosa Díez o varios dirigentes del PP, que incluso llevó el asunto a su programa electoral. “Cambiaremos el modelo actual de regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. La supuesta “protección a las menores” fue una forma elegante de apelar a los padres, un cuerpo electoral muy rentable en una sociedad que sigue siendo tremendamente patriarcal. En España las hijas siguen siendo tratadas en muchas familias como una propiedad del padre, sobreprotegidas y con menos derechos y libertades que los hijos varones. En su momento, la ley de plazos del PSOE fue muy cuestionada, incluso entre algunos dirigentes socialistas - todos hombres-, precisamente por no obligar a las mujeres de 16 y 17 años a pedir permiso. La polémica fue tan grande que muchos se quedaron con una idea que no es verdad. Estas menores no abortan en España a espaldas de sus padres. La ley obliga a informar al menos a uno de los dos, salvo que exista “un conflicto grave” de “violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos”. Son supuestos razonables; no creo que haya quien defienda obligar a una hija a informar de su decisión de abortar a un padre maltratador.
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Entre las muchas mentiras con las que el Gobierno de Rajoy ha querido justificar su cruel reforma del aborto hay una que destaca sobre las demás. Es esta idea, tan extendida, de que la ley actual permite a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin informar a sus padres. Es falso, por mucho que lo repitan políticos como Rosa Díez o varios dirigentes del PP, que incluso llevó el asunto a su programa electoral. “Cambiaremos el modelo actual de regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. La supuesta “protección a las menores” fue una forma elegante de apelar a los padres, un cuerpo electoral muy rentable en una sociedad que sigue siendo tremendamente patriarcal. En España las hijas siguen siendo tratadas en muchas familias como una propiedad del padre, sobreprotegidas y con menos derechos y libertades que los hijos varones. En su momento, la ley de plazos del PSOE fue muy cuestionada, incluso entre algunos dirigentes socialistas - todos hombres-, precisamente por no obligar a las mujeres de 16 y 17 años a pedir permiso. La polémica fue tan grande que muchos se quedaron con una idea que no es verdad. Estas menores no abortan en España a espaldas de sus padres. La ley obliga a informar al menos a uno de los dos, salvo que exista “un conflicto grave” de “violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos”. Son supuestos razonables; no creo que haya quien defienda obligar a una hija a informar de su decisión de abortar a un padre maltratador.
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