Los okupas

Hay un problema en la justicia, con los okupas. Y no me refiero a ese bulo sobre esos monstruos mitológicos (el chupacabras, el vampiro, el okupa de tu vivienda habitual…) que se cuelan en tu casa cuando te vas de vacaciones o bajas a comprar el pan. Si alguien quiere conocer la verdad sobre esas ocupaciones, que lea lo que explica este juez, que por fin lo entenderá. Pero los okupas a los que hay que temer, los okupas a los que es urgente desalojar, son otros. Hace casi cuatro años que acampan impunemente en uno de los poderes del Estado, en contra del mandato de la soberanía popular. Se definen como “constitucionalistas”, aunque incumplen la Constitución. Son los okupas del Poder Judicial.

Les resumo los hechos, que son de una extrema gravedad. Hace ya casi cuatro años que el máximo órgano de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está en funciones porque el PP se niega a renovar. Las excusas van cambiando, pero la razón es prorrogar artificialmente en la Justicia un poder que la derecha perdió en las urnas. El actual CGPJ fue nombrado por el Parlamento en 2013, durante la mayoría absoluta de Rajoy. Desde entonces los españoles han votado cuatro veces, el PP ya no tiene mayoría absoluta. Y, si se renueva, la derecha dejaría de mandar: por eso bloquean la renovación. 

Lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional, que está en las mismas: con varios de sus jueces en funciones, y donde la derecha aún mantiene una mayoría que las urnas le quitaron años atrás. 

No es la primera vez que ocurre: siempre que el PP sale de La Moncloa, ocupa por unos años la Justicia, que considera de su propiedad.

Por poner un ejemplo para entenderlo mejor: es como si Pedro Sánchez perdiera las elecciones y el presidente del Congreso decidiera no convocar el pleno de investidura de su sucesor… durante cuatro años. Y mientras tanto Sánchez se quedara en La Moncloa, como presidente en funciones.

¿Se imaginan qué ocurriría si fuera la izquierda quien actuara así? ¿Si fuera el PSOE o Unidas Podemos quien se negara a cumplir la Constitución, y se atrincherara en uno de los poderes del Estado durante años, en contra de la soberanía popular?

En las últimas dos décadas, desde 2002, el PP ha gobernado 8 años frente a 12 del PSOE. Pero gracias a los distintos bloqueos a la renovación (ya ha habido tres, siempre del PP), la derecha ha gobernado 15 años el Poder Judicial frente a 5 de la izquierda. 

El secuestro del Poder Judicial por parte de la derecha ha sido tremendamente eficaz. Porque políticamente les ha salido gratis y porque durante años han aprovechado el tiempo extra para colocar a jueces afines en el Tribunal Supremo y otros juzgados claves. Como decía el ex portavoz del PP, Ignacio Cosidó, controlando el CGPJ “controlas la Sala Segunda desde detrás”. Se refería a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde la derecha se ha esmerado para colocar a jueces afines, aprovechando los bloqueos a la renovación. Es la sala que pone todas las sentencias importantes. La última de ellas, la de los ERE de Andalucía.

El monopolio del PP en el Supremo y otros juzgados claves en España sirve para entender muchas cosas. ¿Cómo explicar que José Antonio Griñán vaya a entrar en prisión y Esperanza Aguirre ni siquiera vaya a ser juzgada? ¿Alguien cree que esa responsabilidad ‘in vigilando’ se aplica por igual?

¿Y qué decir de M. Rajoy? ¿Algún día la Justicia exigirá a este anónimo político al menos la mitad de explicaciones que lleva pidiendo a los dirigentes de Podemos el juez García Castellón?

En la foto que ilustra este artículo aparecen dos personas: Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular. Ambos se conocen desde hace años. Ambos fueron altos cargos en el Gobierno de Aznar. 

Carlos Lesmes lleva casi cuatro décadas de carrera profesional. Pero más de dos tercios de este tiempo lo ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo del PP o nombrado directamente por el PP. 

A principios de 2021, cuando el CGPJ llevaba ya más de dos años fuera de plazo y el PP mantenía su bloqueo, la mayoría en el Parlamento decidió que ya estaba bien. Y retiró al CGPJ la capacidad de hacer nombramientos mientras estuviera en funciones –ya llevaba más de medio centenar–. Desde entonces, hay un montón de plazas de jueces que se jubilan que han quedado vacantes y algunos tribunales importantes empiezan a tener problemas serios, porque no hay jueces suficientes. Solo en el Tribunal Supremo, hay 14 plazas por cubrir.

La medida buscaba algo muy razonable: evitar que el PP siguiera aprovechando el bloqueo para colocar a jueces afines de por vida en tribunales clave. Y forzar de ese modo la renovación. Hubo varias negociaciones, pero incluso en estas circunstancias el PP se negó.

Sí hubo avances en otro bloqueo: el del Tribunal Constitucional. Y en otoño de 2021, el PP pactó con el PSOE su renovación parcial. En secreto, acordaron otra cosa más: modificar otra vez la ley para permitir que el CGPJ en funciones pudiera renovar a los dos jueces del Tribunal Constitucional que les toca nombrar. Y desbloquear así del todo este tribunal.

Luego pasó lo que pasó. Ya saben, Pablo Casado denunciando la corrupción, con las consecuencias que todos recuerdan hoy. Y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, negándose a cumplir lo que su propio partido firmó.

El Gobierno, con razón, decidió seguir adelante con la renovación. Y en junio aprobó, sin el PP, esa misma reforma para que el CGPJ nombre a esos dos jueces que le tocan en el Constitucional. Después de haber pactado ese cambio, el PP cargó contra él, acusando al Gobierno de ceder ante “los etarras” y “los independentistas”. “Es la ley Bildu 2”, aseguró el vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Exactamente la misma ley que su partido, en secreto, había acordado apoyar.

Este jueves, tal vez, el CGPJ cumpla la ley y nombre a los dos jueces del Tribunal Constitucional que le toca. Tal vez. Porque alrededor de siete vocales conservadores –de los nombrados por el PP– están en otra posición: la insumisión. Y han roto con el propio Carlos Lesmes, al que la derecha hoy trata poco menos que de traidor.

En el colmo de la hipocresía, tras cuatro años con la derecha de okupa del Poder Judicial, Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de “querer controlar las instituciones” de “tomarse a broma la independencia del Poder Judicial”, de querer “controlar el Tribunal Constitucional” y de “cuestionar el Estado de Derecho”.

Todo esto, sin apenas pestañear.

Hay un problema en la justicia, con los okupas. Y no me refiero a ese bulo sobre esos monstruos mitológicos (el chupacabras, el vampiro, el okupa de tu vivienda habitual…) que se cuelan en tu casa cuando te vas de vacaciones o bajas a comprar el pan. Si alguien quiere conocer la verdad sobre esas ocupaciones, que lea lo que explica este juez, que por fin lo entenderá. Pero los okupas a los que hay que temer, los okupas a los que es urgente desalojar, son otros. Hace casi cuatro años que acampan impunemente en uno de los poderes del Estado, en contra del mandato de la soberanía popular. Se definen como “constitucionalistas”, aunque incumplen la Constitución. Son los okupas del Poder Judicial.

Les resumo los hechos, que son de una extrema gravedad. Hace ya casi cuatro años que el máximo órgano de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está en funciones porque el PP se niega a renovar. Las excusas van cambiando, pero la razón es prorrogar artificialmente en la Justicia un poder que la derecha perdió en las urnas. El actual CGPJ fue nombrado por el Parlamento en 2013, durante la mayoría absoluta de Rajoy. Desde entonces los españoles han votado cuatro veces, el PP ya no tiene mayoría absoluta. Y, si se renueva, la derecha dejaría de mandar: por eso bloquean la renovación.