Todo lo que olvidan quienes piden la dimisión del ministro del Interior

En una democracia avanzada, sería intolerable que el ministro del Interior se interesara por una investigación policial que afecta al Gobierno. O que el ministro cesara a un mando policial por no avisar de un informe, encargado por una jueza que investiga a un dirigente del partido en el poder. O que ese mismo ministro mintiera en sede parlamentaria, ocultara las verdaderas razones para esa destitución y diera hasta tres versiones distintas de lo que ocurrió.

En Suecia, en Noruega, en Canadá... cosas así serían intolerables, inadmisibles, impropias. Sin duda lo son. Hay motivos para una dimisión y ojalá viviéramos en un país donde estos actos tuvieran consecuencias. Lástima que España no sea una democracia tan avanzada. Y que quienes hoy se indignan por lo ocurrido con el ministro Fernando Grande-Marlaska, el famoso informe de la Guardia Civil y la destitución de Pérez de los Cobos, olvidan demasiadas cosas de una historia mucho más grave e inadmisible que lo que ha hecho o ha dicho este ministro del Interior.

España, hay que recordarlo, es esa democracia no tan avanzada donde un delincuente disfrazado de cura, pagado con los fondos reservados del Ministerio del Interior, se coló en la casa del extesorero del partido en el Gobierno para secuestrar a su familia a punta de pistola, al grito de “dónde está el puto pendrive”; a la caza y destrucción de pruebas que presuntamente incriminaban a la cúpula del partido en el poder. Hablo de Luis Bárcenas y la operación Kitchen, aún pendiente de un proceso judicial donde ya está imputado el anterior número dos del Ministerio del Interior del PP.

España es también ese lugar donde los fondos reservados del Ministerio del Interior, que pagamos entre todos con nuestros impuestos, se usaron para sobornar al chófer de Luis Bárcenas, al que el Gobierno presuntamente quería espiar para evitar que se fuera de la lengua sobre los sobresueldos en negro del Partido Popular.

España es esa democracia no tan avanzada donde el Ministerio del Interior creó una policía política que se dedicó a investigar sin control judicial a los rivales del Gobierno: a Podemos y a los independentistas. Todo esto ocurría bajo las órdenes del mismo Partido Popular que hoy se indigna y pide a Marlaska la dimisión.

Esa misma cloaca policial también fabricó pruebas falsas e informes contra los principales dirigentes de estos partidos de la oposición. Fue en esos años, por esos méritos, por los que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz condecoró al comisario Villarejo, hoy imputado en una treintena de casos de corrupción.

Fue también en España, esa democracia no tan ejemplar, donde ese mismo ministro del Interior reconoció en una grabación cómo usaba a la policía, a la prensa afín y a la justicia contra sus rivales políticos: “La Fiscalía te lo afina”, como conviene recordar.

Ha sido en esta España, y no en una democracia ejemplar, donde la Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe plagado de bulos, errores y mentiras para acusar a la izquierda, hoy en el Gobierno, de varios delitos sin base alguna.

Ese informe es más que una chapuza: y en él se llega a manipular las palabras de al menos un testigo para que diga exactamente lo contrario a lo que dijo en su declaración. Son unos hechos gravísimos que, en otras democracias mejores que la nuestra, conllevarían algo más que una simple destitución de un mando de la Guardia Civil en un puesto de libre designación.

No es el primer informe policial con pruebas falsas que aparece en España. No es tampoco la primera ocasión en la que queda en evidencia que existe un Estado dentro del Estado, que no responde al mandato democrático, que es profundamente reaccionario, y que está fuera de control.

Porque cuando la derecha gobierna lo hace aplicando todos los resortes, todas las herramientas del poder: el político, el económico, el judicial, el mediático, el policial…

La izquierda hoy tiene el gobierno, pero no tiene el poder. El verdadero poder sigue en las manos de los de siempre, que van a hacer lo imposible por tumbar a este Gobierno de coalición al que tachan de “ilegítimo” porque no responde a sus intereses.

En las próximas semanas, esta ofensiva irá a más. Como ya advertí hace unos meses, va a ser la legislatura del 'lawfare': viene una ofensiva judicial y mediática sin precedentes para intentar echar al Gobierno salido de las urnas. Es una de esas batallas que no ocurren en las democracias avanzadas, pero en la que nos jugamos mucho: no la izquierda, todos los demócratas. Todos aquellos que aún creemos en la soberanía popular, en la igualdad de todos los españoles ante la ley, en que todos los votos valen igual.

En una democracia avanzada, sería intolerable que el ministro del Interior se interesara por una investigación policial que afecta al Gobierno. O que el ministro cesara a un mando policial por no avisar de un informe, encargado por una jueza que investiga a un dirigente del partido en el poder. O que ese mismo ministro mintiera en sede parlamentaria, ocultara las verdaderas razones para esa destitución y diera hasta tres versiones distintas de lo que ocurrió.

En Suecia, en Noruega, en Canadá... cosas así serían intolerables, inadmisibles, impropias. Sin duda lo son. Hay motivos para una dimisión y ojalá viviéramos en un país donde estos actos tuvieran consecuencias. Lástima que España no sea una democracia tan avanzada. Y que quienes hoy se indignan por lo ocurrido con el ministro Fernando Grande-Marlaska, el famoso informe de la Guardia Civil y la destitución de Pérez de los Cobos, olvidan demasiadas cosas de una historia mucho más grave e inadmisible que lo que ha hecho o ha dicho este ministro del Interior.