Por fin llegó el consenso. Diputados de un lado y otro del hemiciclo decidieron esta semana dejar atrás sus diferencias para responder de forma contundente a un atrevido juez que tuvo la ocurrencia de constatar en un auto la verdad. «La convenida decadencia de la clase política», escribió Santiago Pedraz. ¡Oh, escándalo! ¡El rey está desnudo! Decir que la clase política está en decadencia no es una opinión, es un dato corroborado hasta por los «pijos ácratas» del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). ¿De verdad hay quien defienda que los políticos españoles están en auge ahora que las encuestas los sitúan como el tercer mayor problema de los españoles?
Lo que debería provocar un consenso urgente entre los partidos políticos no es la respuesta corporativista contra el juez Santiago Pedraz, sino un plan urgente contra esa decadencia de la política, antes de que el divorcio con la ciudadanía vaya a más y sea irreversible.
No es admisible, por ejemplo, que uno de cada cinco parlamentarios del Partido Popular en las Cortes Valencianas esté imputado por corrupción. O que el Bundestag alemán haya votado y debatido el rescate a España, pero no lo haya hecho el Parlamento español. O que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga tiempo para hacer campaña en las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, pero que se vaya a pasar un mes sin explicar en el Congreso su gestión. O que España sea casi el único país occidental que no tiene una ley de transparencia (o que el proyecto que está sobre la mesa sea opaco en su elaboración e inútil contra la corrupción por su tibio desarrollo).
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