Un partido incompatible con la corrupción

Buscar el dinero negro de la caja B auditando los libros de cuentas oficiales de la caja A es tan ridículo como ir a cazar con una caña de pescar. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas (tralará). Y esa misma sensación –la de que nos toman por niños pequeños que cantan canciones en la parte de atrás del autobús– traslada María Dolores de Cospedal al anunciar solemne que “el PP es un partido incompatible con la corrupción” y que la prueba está en lo mucho que ha combatido el caso Gürtel “donde está personado como acusación”.

Ja.

Es cierto, el PP se presentó en el juzgado como acusación particular en la Gürtel. Pero no fue precisamente para mostrarse implacable contra los corruptos, más bien al contrario. El partido utilizó esta posición para poner palos en las ruedas de la investigación judicial y pedir en numerosas ocasiones el archivo de la causa abierta contra Luis Bárcenas por “la inconsistencia de los indicios”. “Se ha pretendido criminalizar lo que en muchos casos no parecen sino meras irregularidades administrativas que resultan penalmente inocuas”, argumentaban los abogados del partido personados en la Gürtel sobre el hombre de los 22 millones en Suiza. Para la ‘acusación’ del PP, Barcenas era un inocente al que se atacaba, pese a que no había “ninguna prueba ecuánime y objetiva”; era la víctima de una persecución “de cariz político” con “la única finalidad espuria de atacar a una formación política”.

Si hubiese sido por el PP, ese partido incompatible con la corrupción, Luis Bárcenas jamás habría sido procesado y hoy seguiría siendo el tesorero de la formación: un honorable senador víctima de una injusta “cacería” del juez Garzón.

Pero volvamos a la auditoría, ese gesto con el que el PP pretende atajar el escándalo de los sobrecogedores y probar la pulcritud de su intachable contabilidad; esos libros de cuentas de los que Luis Bárcenas se ocupó durante más de dos décadas, desde que fue nombrado gerente en los años del referéndum de la OTAN, Manuel Fraga y Alianza Popular.

Si de verdad el PP no tiene nada que ocultar, la forma de demostrarlo no es “una investigación interna” a la que después una consultora privada le ponga un sellito –como hacía Deloitte con las cuentas de Bankia–. Hay una manera mejor. Que el PP nombre una comisión independiente formada por inspectores fiscales y técnicos del Tribunal de Cuentas y del Banco de España. Y que no solo investiguen los libros de cuentas, sino también el patrimonio, ingresos y ritmo de vida de los dirigentes ensombrecidos por estas graves acusaciones, unos políticos cuyos nombres y apellidos es probable que pronto estén en las portadas de los diarios.

La situación no parece tener otra solución. No estamos ante otro caso más de corrupción, donde el partido puede decir aquello de que el chorizo es una manzana podrida, aislada y puntual. Si las acusaciones sobre el reparto de sobres del dinero de las comisiones de forma sistemática y durante varios lustros se demuestran ciertas, estaríamos ante un partido institucionalmente corrupto, ante una organización en cuya cúpula la honradez ya no sería la norma sino la excepción. Por el bien de este país, hace falta mucho más que una auditoría para aclarar esta sospecha cuya veracidad admiten en público exdiputados del mismísimo PP.