Empecemos por lo más importante. Que no son los detectives, un detalle interesante pero no el más relevante de esta historia de poder, de ambición y de presunta corrupción. Una guerra que solo acaba de empezar y cuyo nudo es este contrato, que adjudicó a dedo la Comunidad de Madrid y desveló una investigación de elDiario.es.
En abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, la Consejería de Sanidad de Madrid compró 250.000 mascarillas para el hospital improvisado en IFEMA a un empresario sin experiencia conocida en el sector. Pagaron alrededor de seis euros por cada mascarilla. En total, 1.512.000 euros, IVA incluido.
Fue un contrato a dedo, sin concurso, aprovechando que el estado de alarma habilitó un procedimiento de urgencia por el COVID. Normalmente la administración no puede pagar más de 15.000 euros sin un concurso público –el tope sube a 40.000 si se trata de una obra–. Pero para luchar contra la pandemia, se habilitó esta vía rápida, pero también discrecional.
El empresario en cuestión que vendió estas mascarillas se llama Daniel Alcázar. Es el administrador único de Priviet Sportive SL, y se dedica a la ganadería y al textil. Nunca antes había contratado nada con la Comunidad de Madrid y el principal y único nexo conocido con esta administración está en otro sitio. En su pueblo, Sotillo de la Adrada, que es el mismo en el que veranean desde niños los Ayuso. Daniel Alcázar es amigo de la presidenta de Madrid y de su hermano, Tomás.
Tomás, Isabel y Daniel se conocen desde que jugaban juntos por las calles del pueblo, como recuerdan los vecinos. Es una relación de amistad que comenzó en la infancia y que se mantiene hoy. Forman parte de una misma cuadrilla de amigos, habituales del “Paparazzi”, un pub de Sotillo de la Adrada.
En noviembre de 2021, elDiario.es destapó este contrato a dedo, tan irregular. Y también esta extraña relación entre los Ayuso y este empresario sin experiencia con el sector sanitario ni con la administración. También descubrimos que algo muy raro había en ese contrato: porque estaba oculto en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. En ese momento no aparecía en el buscador, hasta que elDiario.es llamó a la Consejería de Sanidad para preguntar específicamente por él.
Fue una investigación concienzuda, como todas las que hacemos en esta redacción. Es el nudo de esta historia, y os recomiendo que la volváis a leer de nuevo, con la información que conocemos hoy.
Ya entonces, en noviembre, algunas fuentes nos aseguraban algo que entonces no publicamos, porque no lo podíamos demostrar. Que Tomás Díaz Ayuso, el hermanísimo, tenía en esta historia un papel fundamental.
Las sospechas sobre este contrato a dedo no solo llegaron a esta redacción. También a la dirección del Partido Popular. Que pidió explicaciones a la propia Ayuso, en una tensa reunión que se celebró un jueves: el 21 de octubre de 2021. Una reunión que convocó el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
En el PP creían –aún tienen la sospecha– que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión por esta adjudicación, que le pagó la empresa de su amigo. De ser cierto, sería una mordida de manual. Una que implicaría directamente a la presidenta de Madrid. Según asegura ABC, que pone cifra a esa sospecha, estaríamos hablando de una supuesta comisión de 280.000 euros.
Ayuso lo negó todo. Lo sigue negando hoy. Y respondió al secretario general de su partido que si quería más explicaciones preguntara a su hermano.
Esta tensa reunión, y estas sospechas de Génova, son en buena parte la razón que explica la escalada de los últimos meses entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP. Una guerra por el liderazgo del partido que había empezado antes, pero que desde el 21 de octubre se recrudeció.
Pocos días después de ese tenso encuentro, a finales de octubre, Ayuso contó a varios medios que había bloqueado en WhatsApp a Teodoro García Egea, su secretario general. Más tarde llegaron los ataques de Esperanza Aguirre contra los “chiquilicuatres” del Ayuntamiento de Madrid. Y desde entonces hasta hoy no ha habido una semana en la que no haya aumentado esta tensión, que ha tenido solo una pequeña tregua durante la campaña electoral en Castilla y León.
Cerradas las urnas, la guerra vuelve con mayor intensidad.
En noviembre, según publican hoy El Mundo y El Confidencial, algunos fontaneros de Génova intentaron ir más allá para salir de dudas: contratar a una empresa de detectives para investigar al hermano de Ayuso, para encontrar más pruebas de esa sospecha que circula desde hace meses por Madrid. El contacto con una empresa de detectives salió de un empleado del Ayuntamiento de Madrid. Querían encontrar las declaraciones del IVA de Tomás Díaz Ayuso, o acceder a sus cuentas personales; cualquier prueba documental que demostrara que cobró esa presunta comisión.
El encargo nunca se llegó a sustanciar, según cuentan ambos medios. El precio era caro y los detectives no empezaron siquiera a trabajar. Pero ese contacto con la empresa de detectives con ese encargo tan concreto llegó a oídos de la presidenta de Madrid. Un exministro de Mariano Rajoy se enteró y se lo contó a Isabel Díaz Ayuso, que recurrió a Alberto Ruiz-Gallardón para pedir explicaciones al alcalde de Madrid –la presidenta tampoco mantiene una relación muy fluida con Almeida–.
El PSOE ya ha anunciado que llevará este asunto a la Fiscalía. Porque llegados a este punto parece obvio que la Justicia, la Agencia Tributaria o el Sepblac tendrían que investigar ese contrato y esa supuesta comisión a la que el propio PP da veracidad. Eso, si no lo están investigando ya.
En Génova interpretan que es Miguel Ángel Rodríguez quien ha pasado a la ofensiva con la historia de los detectives para de ese modo cambiar el foco a un marco que a Ayuso le favorezca más. “Es una voladura controlada”, aseguran. Mejor hablar de detectives que de contratos millonarios a un amigo de tu pueblo. Sirve para pasar al contraataque, poner la venda antes que la herida y debilitar aún más a Pablo Casado.
Hoy es obvio que esta guerra continuará. Y que ha llegado a un punto donde ya es imposible dar marcha atrás. O cae Ayuso o cae Casado. Pero más tarde o más temprano, uno de los dos no sobrevivirá.
Actualización, 17:19
La guerra ha estallado, y no tiene marcha atrás. Ayuso ha completado la hábil maniobra de distracción diseñada por MAR y lo ha hecho cumpliendo con el guión.
Lo primero, la venda antes de la herida: admitir públicamente que su hermano cobró de esa empresa beneficiada por un contrato de 1,5 millones de euros pagados por la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho con palabras muy ambiguas, como decir que está “regulado ante Hacienda”. ¿Se refiere a que lo regularizó? Con esta explicación –que no dieron a elDiario.es cuando preguntamos si el hermano de Ayuso tenía relación con esta empresa o con esta adjudicación– Ayuso se vacuna frente a lo que vendrá después. Este tema muy probablemente acabará en una investigación judicial, y la presidenta de Madrid se ha refugiado en una trinchera que cree podrá defender. Admitir la comisión de su hermano –que esconde como “relación comercial–, pero negando que ella tuviera algo que ver. Cabe preguntarse, no obstante, ¿para qué necesitaba el empresario pagar este dinero al hermano de Ayuso? ¿A cambio de qué?
Lo segundo: la cortina de humo. Una jugada maestra para desviar la atención sobre un hecho tan grave como admitir públicamente que tu hermano ha cobrado una comisión de un contrato de tu administración. Ayuso se ha vestido de víctima de Pablo Casado y Teo Egea, con un traje que le puede funcionar. Cuenta también con la complicidad de la mayor parte de los medios de comunicación, que el día en que una presidenta admite que su hermano cobró comisiones de un contrato a dedo que su Gobierno adjudicó le dan más importancia al cristo político, y no a la presunta corrupción.
El cisma en el Partido Popular es ya completo. Y acabará muy mal. Solo puede quedar uno, como llevo repitiendo tiempo atrás.
Sobre este blog
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