Por qué el PP prefiere al juez Ruz para el caso Bárcenas

“Hacemos lo que podemos”, le decía Mariano Rajoy a Luis Bárcenas por SMS sobre su proceso judicial. En eso están. El Gobierno sigue haciendo todo lo que puede para evitar que el incendio de la Gürtel vaya a más y gran parte de las maniobras judiciales en la oscuridad no les salen del todo mal. Desde el PP presionaron para apartar a Garzón de la Gürtel y de la carrera judicial (con éxito). Volvieron a presionar para que el juez Pedreira desimputase a su extesorero Bárcenas (lo lograron). Se movieron para evitar que el juez Gómez Bermúdez se quedase con la investigación de su contabilidad B, incluso Rajoy personalmente telefoneó al presidente del Supremo para pedirle su intervención (otro nuevo tanto). Y ahora siguen maniobrando para que sea Pablo Ruz quien continúe con la Gürtel y el caso Bárcenas; para que el nuevo titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, Miguel Carmona, nunca llegue a poner sus manos sobre estos delicados sumarios que tanto temen en el PP.“Si el juez Carmona coge el caso Bárcenas, desmonta el partido”, dicen desde la gran familia popular.

De entre las muchas anomalías de la Justicia española hay una que hoy destaca sobre las demás: que sea un juez de prestado, que no está de titular en la Audiencia Nacional, quien lleve los casos de mayor transcendencia política en años. Todos los demás jueces de la Audiencia tienen su plaza en propiedad. Es una gran garantía de independencia porque, para echarlos, tienes que montar la de Garzón. Todos están con plaza fija salvo uno: precisamente quien lleva la Gürtel y el caso Bárcenas.

Pablo Ruz está en la Audiencia Nacional como sustituto del juez Miguel Carmona, que es el titular del juzgado número cinco desde que Garzón fue expulsado, aunque aún no ha ejercido como tal. Hasta septiembre, en teoría, Carmona está de vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ruz no tiene méritos suficientes en el escalafón –que se decide por antigüedad– no ya para estar como titular en la Audiencia Nacional: es que ni siquiera le corresponde un juzgado en Madrid, que son los más solicitados. Su plaza antes estaba en Collado Villaba y recientemente ha conseguido una nueva en Móstoles, que es lo más cercano a la capital a lo que puede aspirar con sus apenas diez años de carrera judicial. Obviamente, las condiciones son muy distintas entre un destino u otro, también en lo económico: un juez cobra bastante más en la Audiencia Nacional que en un juzgado de Collado Villalba.

Las ventajas para el Gobierno de que la Gürtel-Bárcenas esté en manos de un juez cuyo futuro laboral más cercano depende de lo que decida el politizado CGPJ son bastante obvias. Si Pablo Ruz se pusiese gallito y, por ejemplo, ordenase un registro en la sede del partido en Génova, sabría que se estaría jugando su inestable posición en la Audiencia. Y de momento, a pesar de que el ángel caído Bárcenas esté en prisión, Pablo Ruz se está portando razonablemente bien (para el PP).

Por ahora Ruz no ha dado ni un solo paso en la instrucción del caso Bárcenas que no esté avalado antes por la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno. Hasta la entrada en prisión del extesorero del PP solo llegó cuando el fiscal lo solicitó. Su más que prudente forma de investigar consiste en pedir informes a la Policía, a la Agencia Tributaria o a la Fiscalía, incluso de asuntos jurídicos que tendría que decidir él. Cada paso lo da con pies de plomo, siempre de la manita del fiscal. Su primera reacción cuando la acusación de la Gürtel pidió sumar los papeles de Bárcenas a la investigación fue decir que no. Solo cambió de opinión cuando llegó la querella de IU y, por reparto, le tocó a Gómez Bermúdez. Solo ante la posibilidad de que este juez investigase la financiación del PP, la Fiscalía pidió a Ruz que judicializase el caso. Y Ruz, como suele hacer con la Fiscalía, obedeció.

Ruz también se ha negado a investigar el tráfico de llamadas y mensajes de Luis Bárcenas. Considera que una medida así “vulnera la intimidad” del extesorero, a pesar de que existen pruebas de que Bárcenas podría haber sido presionado por el Gobierno para desmentir sus papeles, lo que sería un delito muy grave. El propio Bárcenas lo confesó así ante el juez hace una semana e incluso aseguró que había sido coaccionado: “Si hablas, tu mujer irá a la cárcel”. Sin embargo, la única investigación sobre las comunicaciones que ordenó Ruz ese día fue… contra los abogados de la acusación del Observatori DESC. El juez pidió a la Policía que investigase las filtraciones en Twitter de lo que estaba ocurriendo en el interrogatorio de Bárcenas, algo que no es que no sea delito: es que no llega a falta administrativa.

Que Ruz considere más grave una filtración en Twitter que un presunto delito de obstrucción a la justicia, su enorme prudencia, su seguidismo de la Fiscalía y su precariedad laboral explican bastante bien por qué el CGPJ, en manos del PP, le prefiere al frente de esta delicadísima investigación. No es que Ruz o la Fiscalía vayan a salvar a Bárcenas, nadie pretende tal cosa en el Gobierno. La estrategia ahora es otra y pasa porque el extesorero traidor sea el único que acabe condenado en la cúpula del partido; que el caso Bárcenas no vaya mucho más allá.

Esta semana, el CGPJ renovó el puesto a Ruz como juez de apoyo, a pesar de las quejas del juez titular, Miguel Carmona. La decisión fue bastante irregular, como denunció un voto particular, porque lo normal habría sido que la plaza de apoyo hubiese salido a concurso para que optase a ella cualquier juez, según el escalafón (como ordena el artículo 216 bis 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Que el CGPJ elija a dedo quién “apoya” a Carmona (contra su voluntad) es un indicio bastante claro de hasta qué punto el PP prefiere a Ruz.

El propio Miguel Carmona ha alertado, con razón, de los riesgos que puede suponer esta decisión, que podría provocar la nulidad del caso Bárcenas porque el CGPJ podría estar nombrando un juez ad-hoc. La ley es bastante clara, no solo en cómo se debe nombrar un juez de apoyo, sino también sobre qué temas debe llevar: solo los nuevos casos que entren en el juzgado, no los que estén en tramitación. Por ley, cuando Miguel Carmona llegue a la Audiencia, tendrá que quedarse con la Gürtel y el caso Bárcenas porque de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La gran duda ahora es si Miguel Carmona llegará algún día a la Audiencia Nacional. Se supone que será en septiembre, si para entonces se renueva el CGPJ, pero el PP ya está maniobrando para que tal cosa no vaya a pasar. El nuevo “hacemos lo que podemos” del Gobierno consiste en ofrecer a Carmona un bien pagado destino en el extranjero para que así el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional siga ‘temporalmente’ en manos de Ruz. Entre los jueces progresistas, donde el enfado es mayúsculo, circula la sospecha de que Carmona se irá a la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia; una plaza que, casualmente, acaba de solicitar el Ministerio de Justicia y a la que, casualmente, apenas se ha dado publicidad. Y ya es mucha casualidad.