Francisco Granados Tiene algo de justicia poética que el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid duerma en la misma cárcel de Estremera que hace sólo seis años inauguró. Pero la imagen que mejor resume el estado político del país es otra: el vídeo que difundió ayer Las Mañanas de Cuatro del abrazo de Francisco Granados con Luis de Guindos, durante la boda de la hija del ministro, el pasado 27 de julio.
En aquella boda, ya se sabía que Granados era, como poco, un gran defraudador: hacía meses que se había descubierto su cuenta en Suiza y había dimitido como senador. Pero entre las élites políticas conservadoras, robar al fisco no parece merecer ninguna reprobación social y el ministro de Economía puede abrazarse públicamente, sin vergüenza alguna, a todo un señor ladrón.
El abrazo, a su manera, está a juego con un Gobierno que ha aprobado una amnistía fiscal y que está presidida por un señor que le pedía a Luis Bárcenas que fuese fuerte cuando su botín escondido en paraísos fiscales salió a la luz.
El ex secretario general del PP de Madrid está hoy en la cárcel por culpa de un proceso penal de la Audiencia Nacional, que se inició gracias la justicia suiza. Fue la Fiscalía suiza quien detectó que Granados vaciaba una de sus cuentas y alertó a España de un posible delito de blanqueo de capitales. Tuvo que ser Suiza quien se diese cuenta de que algo olía mal en Valdemoro, a pesar de los muchísimos indicios que durante años había publicado la prensa sobre el número dos del PP de Madrid. En España, curiosamente, nadie se enteró: ni su jefa Esperanza Aguirre ni su amigo el ministro de Economía ni el Tribunal de Cuentas ni la Fiscalía Anticorrupción.
El caso Pujol se inicia por una examante despechada. El caso Gürtel, por un chivato que durante meses graba todas las conversaciones con Correa. El caso Púnica, porque los pilla la Fiscalía suiza.
¿De verdad se persigue la corrupción en España o esa lucha es tan falsa como las ‘peleas’ de la lucha libre americana?
Mientras tanto, en el otro extremo de la galaxia, la cazatalentos Esperanza Aguirre nos da lecciones sobre cómo luchar con la corrupción.
Jaume Matas Entra Francisco Granados, sale Jaume Matas, que sólo ha pasado tres meses en prisión. Sólo tres meses, por generosa y arbitraria decisión del Gobierno de su viejo amigo Mariano Rajoy.
Matas ha sido un preso con suerte. Fue ingresado en la cárcel de Segovia, una de las más pequeñas y tranquilas del sistema penitenciario español. En el módulo de enfermería; esto es, en un lugar más parecido a un hospital que a una prisión. Y bajo el protocolo de Prevención de Suicidios, un sistema que permitió poner a Matas bajo la protección de un interno de apoyo –otro preso, de confianza de la dirección de la prisión, que a cambio recibe ventajas penitenciarias–, que acompañaba al exministro cuando tenía que andar por las zonas comunes de la prisión.
Jaume Matas entró como preso VIP y ha salido como tal: a los tres meses (y en un viernes, a ver si así la gente no se enteraba). Ha cumplido un tercio de la condena que tenía y apenas una fracción de la sentencia inicial, que era de seis años de cárcel y que después el Supremo rebajó a la mitad de la mitad de la mitad.
Su salida es un indulto en la sombra, que ha ordenado el Ministerio del Interior a través de la dirección general de prisiones. La decisión se toma contra el criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia, que se había opuesto al tercer grado. Matas sale pese al informe de quienes normalmente toman esa decisión y también pese al procedimiento que se suele aplicar en casos similares.
Tercer grado significa que Matas irá a dormir a prisión, pero sólo de lunes a jueves. El resto del tiempo, estará en libertad.
¿Está Matas rehabilitado para la sociedad? Con una condena así de ligera, me temo que no.
Marcos Martínez
La provincia de León tiene ahora mismo un presidente de la Diputación en el exilio interior, en la prisión. Marcos Martínez se ha negado a dimitir, como le pedía su partido, porque considera que es “totalmente inocente” y que dejar el cargo sería reconocer que no lo es. Como el preso “totalmente inocente” Martínez no se va, la Diputación de León estará sin presidente durante un mes –lo que sin duda será una gran demostración práctica de la inutilidad de esta institución–. Hasta que prospere la moción de censura que ha presentado el PP con un nuevo candidato para suceder al sucesor de la asesinada Isabel Carrasco.
Dentro de un mes, Marcos Martínez perderá la Diputación, pero se quedará como alcalde de Cuadros. Sus concejales se han rebelado contra el PP y no han querido firmar la moción de censura contra su alcalde, ese preso político.
Martínez, a su manera, tiene parte de razón. ¿Con qué autoridad moral le piden su dimisión los mismos que respaldaron a otros presidentes de la Diputación como Carlos Fabra y José Luis Baltar? ¿Es que León es menos que Ourense y Castellón?
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