La responsabilidad de la prensa monárquica en el “espejismo” de Juan Carlos de Borbón

Nada de lo que está pasando con Juan Carlos de Borbón se entiende sin el papel de la prensa, por su falta de fiscalización. Durante décadas, el rey de España ha estado fuera de control. Era inviolable en la Constitución. No podían juzgarlo los tribunales ni tampoco rendir cuentas ante el Congreso. A partir del 23F, del miedo a una involución militar, los principales medios de comunicación españoles llegaron a un pacto no escrito: proteger al rey para proteger la democracia, o al menos así lo quisieron presentar.

Además de inviolable, el rey se convirtió en impublicable. No le tosía ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial ni tampoco el cuarto poder, la prensa. La inviolabilidad del rey se transformó en una absoluta impunidad.

Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que ha pasado en estos años con Juan Carlos de Borbón.

En negrita, recojo algunos de los argumentos en defensa de la monarquía de los últimos editoriales sobre el rey de El País, El Mundo y ABC. Entre líneas, mis respuestas.

EL PAÍS: “Bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan”.

Es justo al revés. Si hay una institución inseparable de las personas y de su comportamiento individual esa es la monarquía. Porque la única persona que aparece citada con su nombre y apellido en la Constitución (artículo 57) es Juan Carlos de Borbón. El “legítimo heredero de la dinastía histórica”, lo llama el texto constitucional. Su apellido, su persona y su familia son, por tanto, una institución. Una, indisoluble de las personas que la forman, y que cuentan con más derechos que los demás.

EL PAÍS: “Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas”

La única responsabilidad que el orden constitucional establece para la figura del rey es que es irresponsable ante la ley. Artículo 56: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Es cierto que, desde que Juan Carlos de Borbón abdicó, perdió su inviolabilidad penal. Pero aún así no se le va a poder juzgar por nada previo al año 2014. Precisamente porque el orden constitucional no tiene previsto nada más que la inviolabilidad –y por tanto la impunidad– si el rey hubiera cometido un delito, como hay indicios que pudo cometer.

En cuanto a los procedimientos parlamentarios, pues tampoco parecen ser una vía a tomar. El Tribunal Constitucional sentenció, a cuenta de un intento de comisión de investigación en el Parlament catalán, que la inviolabilidad del rey también impide a los parlamentos actuar.

ABC: “Don Felipe accedió al reinado con un compromiso ineludible de regeneración, sin ataduras emocionales y con la exclusiva prioridad de anteponer su deber a cualquier otra consideración o privilegio. Y así está reinando, con una recuperación muy notable, por cierto, del índice de confianza en la Corona”.

No sabemos cómo de alta es esa recuperación. O si existe siquiera. Entre otros motivos, porque el CIS no pregunta por la monarquía desde el año 2015. Probablemente, porque los resultados no saldrían demasiado bien.

El PAÍS: “Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene”.

La gran diferencia es que, cuando un cargo electo no tiene un comportamiento ejemplar, se le puede cambiar. No es así con el rey.

ABC: “Don Felipe ha hecho un encomiable alarde de integridad, honestidad y transparencia porque con el sacrificio de la figura de su propio padre refuerza su lealtad a la Corona por encima de cualquier otro interés o persona.

Lástima que llegue al menos un año tarde. Según la propia versión de la Casa Real, fue en marzo de 2019 –y no este fin de semana– cuando Felipe descubrió que le habían designado como heredero de los bienes ocultos en un paraíso fiscal, a través de una opaca fundación.

EL MUNDO: “En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de contar con un Rey ejemplar, honesto y responsable”.

Ese es justo el problema que sufrimos hoy. Que en un momento tan terrible como el que estamos pasando, la ciudadanía se encuentra con que el rey emérito –que también nos vendieron como ejemplar, honesto y responsable– es un presunto gran corrupto y defraudador.

El PAÍS: “Se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos”.

El artículo 56 de la Constitución establece que el rey es “el jefe del Estado, símbolo de su unidad”. Simbolizar el Estado y ejercer “su más alta representación” obliga a una mínima responsabilidad. Que la institución monárquica tenga hoy su reputación deteriorada, como consecuencia de los actos de Juan Carlos de Borbón, claro que afecta a su capacidad para servir a toda la nación.

Que el rey emérito presuntamente se enriqueciera con el cargo, hiciera negocios privados aprovechando la jefatura del Estado y ocultara una fortuna millonaria en paraísos fiscales es algo que deteriora en grado sumo su capacidad de simbolizar nada que no sea la corrupción.

ABC: “Don Felipe ha ofrecido una lección moral a toda la clase política. Nunca en democracia ningún partido político actuó con la rapidez, severidad y ejemplaridad pública con que lo ha hecho ahora Don Felipe en el seno de su propia familia ante la investigación de irregularidades difícilmente explicables”.

La rapidez de un año después. Porque la primera reacción de Felipe de Borbón cuando se enteró fue ocultar lo que sabía a la opinión pública. Solo cuando el escándalo ha llegado a los medios, un año más tarde, ha tomado medidas más drásticas y ha anunciado las que antes tomó y no contó. Exactamente igual que han hecho muchos otros partidos pillados en situaciones equivalentes. No desde luego mucho mejor.

EL PAÍS: “La Constitución y las leyes garantizan la libertad de expresión, pese al estado de alarma, y, en este sentido, quienes participaron en la protesta y en la reclamación ejercieron un derecho inalienable. Pero que ejercieran un derecho no quiere decir que cumplieran mejor que el resto el compromiso cívico que en este momento se espera de cada cual, y más cuando se ejercen responsabilidades políticas. No reconocer las evidentes prioridades e ignorar el sentido de la oportunidad, mezclando unos problemas con otros, solo puede ser prueba de oportunismo. Y no es oportunismo lo que exige este tiempo, ni lo que conviene al país, ni, tampoco, lo que merece la actuación irreprochable del Rey.”

Es un derecho inalienable que, en protestas similares, ha quedado limitado por el delito de injurias a la Corona, que en España protege a la monarquía de forma excepcional. Es un delito cuya interpretación rigurosa ya ha costado a España varias sentencias en contra en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, amparando la libertad de expresión.

Y si ambos problemas se han mezclado es porque fue el rey Felipe, y no los “oportunistas” que protestan, quien decidió comunicar este domingo algo que ya sabía hace un año y tomar en este preciso momento las decisiones que tomó.

ABC: “España le debe mucho a la Monarquía en estos casi 45 años de democracia”.

¿Y a cuánto asciende esa deuda con Juan Carlos de Borbón? ¿Con cien millones de dólares en Suiza es suficiente, o hace falta un pago aún mayor?

EL PAÍS: “(El rey Juan Carlos) tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época”.

El “espejismo de una época” no sirve para disculpar las comisiones presuntamente cobradas por el rey en todo tipo de negocios. Ni su patrimonio millonario, oculto en paraísos fiscales a través de testaferros y fundaciones opacas que investiga la fiscalía suiza. Ni el presunto fraude fiscal. Ni que recibiera ‘donaciones’ millonarias de Arabia Saudí, no se sabe muy bien a cambio de qué. Ni que le sobraran millones para regalar a sus amantes, por lo bien que le cuidaron.

No ha habido ninguna época en las cuatro décadas de reinado de Juan Carlos de Borbón en la que utilizar el puesto para lucrarse indebidamente haya estado bien visto por ningún código ético o moral de los comúnmente aceptados por la mayoría social española. El único espejismo fue el de tantos medios de comunicación que, durante décadas miraron hacia otro lado, ignoraron las evidencias y blanquearon la figura del rey por un mal entendido sentido de la responsabilidad. Ahora –oh, sorpresa– hasta su propio hijo descubre de repente que su comportamiento no ha sido el más honesto ni ejemplar.

El Rey Juan Carlos forjó parte de su leyenda con su papel en el 23F, a pesar de que sus despectivos comentarios sobre Adolfo Suárez a los militares pudieron haber avivado esa intentona golpista protagonizada por su exsecretario general, Alfonso Armada. Pero en esa crisis, una parte importante de la ciudadanía asumió que la monarquía podía tener sentido por lo que algunos ‘juancarlistas’ calificaron “la reserva de fuerza” del rey, su capacidad de actuar en momentos críticos para España y encarrilar la situación.

En la crisis del coronavirus, el papel de la monarquía ha sido justo el contrario. La prioridad de la institución –y de las personas que la forman, que lo mismo son– ha sido lavar los trapos sucios. Protegerse de ese nuevo caso aislado en la familia real. Anteponer los intereses reales a los de todo el país. Por eso primero llegó el comunicado sobre el rey emérito y, tres días más tarde, el mensaje sobre el coronavirus por televisión.

Nadie hereda los pecados de su padre. Tampoco el rey Felipe. La responsabilidad no es hereditaria –aunque la jefatura del Estado tampoco lo debería ser–. Pero si la prensa no cumple con su papel, fiscalizar al poder, dentro de cuarenta años podríamos estar ante el mismo problema que tenemos hoy. Y nos volveríamos a preguntar el porqué.

Nada de lo que está pasando con Juan Carlos de Borbón se entiende sin el papel de la prensa, por su falta de fiscalización. Durante décadas, el rey de España ha estado fuera de control. Era inviolable en la Constitución. No podían juzgarlo los tribunales ni tampoco rendir cuentas ante el Congreso. A partir del 23F, del miedo a una involución militar, los principales medios de comunicación españoles llegaron a un pacto no escrito: proteger al rey para proteger la democracia, o al menos así lo quisieron presentar.